Que hablen los socios del alcalde

La ciudad física está gravemente afectada tras semanas de asonadas, vandalismo y bloqueos. Los negocios comerciales, las empresas y los puestos de trabajo desaparecidos se cuentan por miles. La infraestructura física que nos costó millonadas y años de esfuerzo ha quedado semidestruida. El conteo de muertos y heridos sigue subiendo.

Peor aún, además de los bloqueos criminales, el saqueo, el daño a los bienes públicos y privados, en Cali ha aflorado la guerra urbana indiscriminada. La perpetran con armas bélicas mucho más potentes que las usadas por la autoridad. En la noche caleña se ha vuelto común oír junto a los grillos y ranas el ruido de los tiroteos.

Esta realidad material se corresponde con el bajonazo de ánimo que invade los corazones y frustra las posibilidades de iniciar un proceso vigoroso de recuperación. Los pobladores entienden que deberían reaccionar, sumarse a un gran esfuerzo colectivo por reconstruir la ciudad, pero no pueden dejar de lado ciertas preguntas acuciantes.

¿Cómo comprometerse con la reconstrucción si quien pretende liderarla es el mismo gobernante que perdió el control del territorio urbano y ahora luce pasivo e indiferente? ¿Cómo sumarse a las soluciones si quien administra el Estado local da muestras de desprecio por los derechos fundamentales de las mayorías y ve como asunto natural que sigamos sumergidos en esta zozobra que no cesa? ¿Cómo confiar en los responsables municipales si los eficaces programas que en administraciones anteriores se destinaron a los jóvenes aún no se restituyen, y las iniciativas anunciadas tienen serios reparos en materia de inconveniencia e ilegalidad?

En este panorama de desastre es imposible evitar ciertas comparaciones. Mientras el sector privado regional a través del proyecto Compromiso Valle se empeña en contrarrestar el hambre, la exclusión y la falta de oportunidades que asedian a la población juvenil, los partidos y grupos integrantes de la llamada ‘coalición’ de gobierno brillan por su silencio. Parecieran convertidos en validadores de unas prácticas de gestión pública que aprovechan la inseguridad, el terror y la postración colectiva como método de gestión.

El punto es que esa ‘coalición’ o asociación de intereses electorales que nos gobierna integrada por el Partido Verde, la U, el Polo, y un sector del liberalismo, tiene responsabilidad inobjetable en el desastre que experimentamos. Aquel alcalde confuso, ambiguo, dubitativo, de fácil verbo y errática acción es el que ellos nos impusieron.

Sin embargo, la estrategia que vienen usando los de esa alianza es la de mirar para el otro lado, comer callados, mientras la ciudad agoniza. Pareciera que les interesan más las cuotas burocráticas que la tragedia de los ciudadanos. Una actitud que de persistir tendremos que considerar seriamente en las próximas elecciones.

Por eso a personas de la talla de Dilian Francisca Toro, presidenta nacional de la U y Catalina Ortiz, cabeza regional del Partido Verde, corresponde el deber de hablar claro, de decir públicamente si ellas y sus colectividades avalan o no los andares inconvenientes del gobierno local.

Este no es momento para medias tintas. En la política caleña hay que escoger entre los derechos y garantías ciudadanas con el debido respeto al principio de legalidad, o la violencia continuada y el caos total.

Columna recuperada del Diario El País de Cali
Foto cortesía de www.asuntoslegales.com

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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