El gobierno colombiano en cabeza de su ministro de Hacienda, debate en el congreso la aprobación de una reforma tributaria que se espera logre recaudar 23.4 billones de pesos, alrededor de 2% del PIB.
Por supuesto, medio país está con los pelos de punta frente a las perspectivas de reducciones en sus ingresos disponibles debido al aumento de la carga tributaria que recaería sobre ellos. En especial la clase media y media alta parecen asumir una carga desproporcionada del ajuste.
Lo primero, que vale la pena aclarar es que, la situación de las finanzas públicas colombianas está en estado crítico, el déficit fiscal llegó a -7.8% en 2020, y que por lo tanto esta vez, no es posible sacarle el cuerpo al aumento de los impuestos. De aplazar la subida de impuestos, los efectos se sentirían muy probablemente en el corto plazo y no en el largo plazo como es típico de este tipo de aplazamientos porque el estado actual de las finanzas públicas es prácticamente insostenible.
Mientras que en la Unión Europea y Estados Unidos sus gobiernos aumentan el gasto público a expensas de un mayor déficit fiscal, en Colombia, el control a los gastos y el aumento de impuestos (ajuste fiscal) son un mal necesario dada la vulnerabilidad financiera del país. En primer lugar, ya Colombia tuvo que recurrir a un crédito con el Fondo Monetario Internacional en 2020[1] para estabilizar el valor del dólar y evitar una devaluación del peso todavía más fuerte, mientras se bajaban las tasas de referencia del Banco de la República a mínimos históricos para proporcionar liquidez al sistema financiero, en parte para que pudiera financiar al gobierno.
En segundo lugar, la deuda externa colombiana en enero de 2021 representó el 51.8% de su PIB, menor que en el peor momento de la pandemia, pero todavía muy alta como para no inquietar a las firmas calificadores de riesgo. En otras palabras, si Colombia pierde el grado de inversión, el costo del financiamiento externo se elevaría demasiado en un contexto internacional de temores por aumento de la inflación en Estados Unidos que han mostrado la rapidez con que los rendimientos de los bonos soberanos americanos se lanzan al alza generando un efecto amplificado sobre las tasas de interés de los mercados emergentes, en especial, los más vulnerables como Colombia.
La solución ante esta espada de Damocles que amenaza con liquidar el futuro económico colombiano es dar un paso al lado y aceptar que se debe reducir el acceso al endeudamiento externo, sin negarse la oportunidad de recurrir a él para los proyectos más prioritarios y financiados a menor costo como los que apoya el BID y el Banco Mundial. La mejor forma de reducir la presión sobre el endeudamiento es reducir el déficit fiscal. Como en medio de la recuperación los recortes de gasto suelen generar efectos muy dañinos en la demanda y en la cohesión social, lo razonable es entonces una subida de impuesto. De esta manera, no se depende de la buena o la mala suerte a la que están sujeta las rentas de las exportaciones minero-energéticas, mientras se garantiza la estabilidad macroeconómica.
Si Colombia no toma el toro por los cuernos, y sigue fantaseando con que las finanzas se arreglarán solas o que la emisión inorgánica de dinero puede solucionar el problema, su destino probablemente no será muy distinto del de Venezuela o Argentina, que precisamente por su mal manejo tributario y económico han quedado fuera del circuito financiero global, con un costo social mucho más elevado que el que hubieran tenido que asumir con un aumento de impuestos. También ahora Costa Rica se une a la lista de países con mal manejo macro[2].
La reforma tributaria actual, además de generar los recursos que se necesitan con urgencia, tiene otros cambios positivos. En particular, se encuentra el hecho de que muchísimos más colombianos declararán renta. En mi opinión, esto debería ser una obligación de todo mayor de edad independientemente de su nivel de ingreso porque crea una cultura de rendición de cuentas entre los ciudadanos y sus gobiernos. También más colombianos pagarán renta, si se realiza bien este paso, no se pondría a tributar sino de manera simbólica a los ingresos cercanos a la mediana o por debajo del percentil 75 (clase media), ya muy golpeados por el IVA, que además se incrementa para la gasolina.
No obstante, el revuelo en la opinión pública es comprensible. En su forma actual la reforma fiscal no es suficientemente progresiva. Los servicios públicos son ya muy caros para los estratos 4 y 5, y para muchos también en el estrato 6 . Ponerles el IVA de 19% sería un golpe muy duro. Su extensión a los aparatos electrónicos de baja gama, como celulares, tablets y computadores es un golpe no solo al bolsillo de las clases medias sino también a las metas de conectividad y de productividad. Muchos pensionados, han visto reducir el poder adquisitivo de sus mesadas en los últimos años y no están preparados para pagar impuestos sobre las mismas.
Esperemos que la actual reforma tributaria no sea desechada por cálculos políticos y que en cambio experimente una transformación para mejor en el Congreso. Las mejoras incluyen fundamentalmente una fuerte revisión para garantizar una mayor progresividad, de manera que los ingresos de los percentiles más altos asuman una mayor proporcionalidad en el pago de los impuestos. Esto lograría que los hogares de rentas medias participen más que en el pasado, pero sin ver tan comprometido su frágil estándar de vida, al tiempo que se mejora la situación de los más pobres con mayores eficiencias en los programas sociales vigentes.
Es bien sabido que nadie quiere pagar impuestos y eso incluye a los más ricos, pero en esta ocasión, más que nunca el país debe recurrir a su compromiso por la estabilidad económica nacional.
[1] Oscar Medina (2020, October 16th) Colombia to Tap IMF Cash Gradually to Prevent Peso Turbulence. Bloomberg. https://www.bloomberg.com
[2] The Economist (2021, 17th April) Costa Rica is struggling to maintain its welfare state. https://www.economist.com/
Foto de Gabby K
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