Existe una conmemoración que no tuvo mucha relevancia nacional en este mes y que la historia que rodea este día en honor a estudiantes universitarios que han perdido la vida, explica el cómo acciones y discursos se han repetido durante casi 100 años, y que saber qué pasó, nos ayuda a entender la actualidad. Es el Día del Estudiante Caído, una conmemoración que da cuenta de cómo discursos estigmatizantes ha justificado el uso de la fuerza del Estado y con ella, violaciones a DD.HH.
Para contextualizar, hay que iniciar desde los años 20, concretamente en 1928, cuando trabajadores de la compañía United Fruit Company, ubicada en la zona bananera del Departamento del Magdalena, hicieron una huelga y protestaron pacificante para exigir mejores condiciones laborales, entre varias, aumento del salario, indemnización por accidente de trabajo y que los domingos fueran de descanso y remunerados. Así, junto a un pliego de exigencias, entre el 12 de noviembre y el 6 de diciembre. Para ese año el presidente era Miguel Abadía Méndez (1926-1930) y hacía parte de lo que se entendía como la Hegemonía Conservadora (1885-1930).
La huelga termina cuando la Compañía, con un fuerte poder de incidencia en el Gobierno Nacional (cooptación del Estado), presiona para que detenga esa manifestación, pues estaba siendo influenciada y manipulada por lo que consideraban un enemigo externo del Estado; la Revolución Bolchevique y dentro de este, el comunismo.
La respuesta fue la misma que hemos visto durante años. El Presidente Méndez, decide darle tratamiento militar y encomienda a un contingente del Ejército Nacional, dirigido por el General Carlos Cortés Vargas, solucionar el “problema”. ¿Resultado? El asesinato de hombres, mujeres y niños que allí se encontraban. A esto lo conocemos como La Masacre de las Bananeras.
Con este contexto, el 7 de junio de 1929, en medio de agitadas manifestaciones estudiantiles cerca a la Casa de Nariño por el rechazo a la masacre anteriormente mencionada y a la exigencia de la renuncia del Presidente Méndez, el estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (en adelante, UNAL), Gonzalo Bravo Pérez, pierde la vida en medio de la descarga de fusilería de la Fuerza Pública. Al día siguiente, se convoca nuevamente movilizaciones para acompañar el sepelio, hacia el Cementerio Central, del primer estudiante caído.
Años más tarde, en medio de la convulsión nacional por el asesinato del abogado penalista y líder liberal, Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1949, quien, además, investigó y denunció la Masacre de las Bananeras, el conflicto bipartidista se intensifica, y bajo el gobierno del Presidente conservador Laureano Gómez (1950-1953), se acrecienta la intolerancia política a las manifestaciones.
Parte de la explicación, es porque para los años 50, en el contexto nacional, Liberales y Conservadores tenían diferencias muy marcadas que tanto en los campos como en las urbes, líderes políticos se enfrentaban con la palabra, y sus seguidores, aunque también lo hacía de esta manera, muchos casos se registraron de confrontaciones violentas, a machetazos, por ejemplo. Y en el contexto internacional, la Guerra Fría apenas iniciaba, hace poco culminaba la Segunda Guerra Mundial; por una lado, el Capitalismo representado principalmente por Estados Unidos, y el Socialismo, por la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S).
Así pues, con estas condiciones, en el marco de la Dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla, el 8 de junio de 1954, cuando los estudiantes se organizaban para conmemorar un años más de la muerte del estudiante Gonzalo Bravo Pérez, es asesinado en extrañas circunstancias, por agentes de la Policía Nacional, el estudiante de Medicina de la UNAL, Uriel Gutiérrez, al interior de las instalaciones universitarias. De nuevo en la historia, al día siguiente, el 9 de junio, se convoca a movilizaciones en rechazo a estos sucesos, es dispersada la multitud, a tiros, por el Batallón Colombia, un contingente del Ejército que venía de la Guerra de Corea, es decir, una Fuerza Militar que no estaba preparada para controlar multitudes y disturbios, y que su reacción a cualquier cosa que ellos consideraban una amenaza, era disparar. Más de 11 estudiantes perdieron la vida.
Sobre estos hechos, Señal Memoria tiene un artículo muy interesante sobre el tratamiento militar que le dió el General Rojas Pinilla, a las manifestaciones, que se llama “El día del estudiante caído: violencia y protesta estudiantil”. Sobre esto, quiero rescatar cómo las decisiones y la posición del gobierno es prácticamente el mismo que en los años 20 y que pareciera que es calcado en la actualidad.
El mismo día de los hechos, el 8 de junio, parte del Gobierno Nacional se había reunido con estudiantes para hablar sobre soluciones al problema y otros temas que se pusieron en la mesa. En la misma noche y al día siguiente, los discursos oficiales eran que existía un enemigo desconocido, un “agente perturbador”, anarquista y comunista, que aprovechándose de las manifestaciones estudiantiles, pretendían desacreditar al Gobierno Nacional y desestabilizar al país. Y esto lo sostuvo hasta el final de su gobierno.
Para ir “redondeando” este análisis, situémonos en la actualidad. El 28 de abril de 2021 inició el Paro Nacional. Principalmente por la propuesta de Reforma Tributaria del Presidente Duque, a través del entonces Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, en medio de una crisis económica y social que se agravó por la Pandemia del COVID-19. Pero con el paso del tiempo, llegaron nuevas motivaciones, necesidades, exigencias, a la movilización social, como el desempleo, el acceso a la educación, a la salud, la desconfianza en las instituciones públicas, la poca credibilidad en el Gobierno Duque, entre otras.
¿Cómo ha reaccionado el Gobierno Nacional? Nuevamente, con tratamiento militar, que aunque ha posado de tener voluntad de escuchar y hablar con quienes se han manifestado, principalmente jóvenes y claramente, de ellos, muchos son estudiantes, por otro lado decretó la Asistencia Militar, con los argumentos de asegurar la estabilidad de las instituciones y de protegerse de los enemigos del Estado. Y dicho por el actual Ministro de Defensa Diego Molano, relaciona la protesta social con agentes perturbadores, con grupos al margen de la Ley, estigmatizándola, poniendo en el mismo lugar a los marchantes pacíficos con grupos delincuenciales.
También integrantes del Partido de Gobierno han relacionado estas manifestaciones con una “amenaza comunista”, que no han identificado, que no han caracterizado, ni lo harán, pues tampoco pasó en los casos anteriormente expuestos.
Conmemorar el Día del Estudiante era y es de suma importancia para recordar cómo civiles ha sido víctima de la violencia de ese Gobierno que ha justificado el uso de la fuerza en el marco de un discurso amigo-enemigo, al estilo de Carl Schmitt; de ese enemigo que hay que reducir a través de la Asistencia Militar, y si es necesario, del Estado de Excepción: Conmoción Interior. De ese enemigo que se reduce, y en casos concretos, se elimina a través de la guerra.
De ese mismo Gobierno al que la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020 a través de la Sentencia 7641 djio que: “Tras evidenciar una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva.”
También, ordenó la no estigmatización de quienes protestan, la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), la neutralidad del Gobierno Nacional en sus discursos en referencia a las movilizaciones sociales, mayor capacitación en Derechos Humanos, entre otras específicas órdenes del Alto Tribunal.
Por otro lado, con motivo de la reciente visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ComisiónIDH), por cierto, misma que han puesto en duda su imparcialidad, integrantes del partido de gobierno y sus simpatizantes, un informe se le entregó a la Comisión por parte de la ONG Temblores, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) en donde registraron al menos, 3.780 violaciones a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, entre los que: 1.649 son detenciones arbitrarias, 346 desapariciones y 41 son asesinatos, en el marco del Paro Nacional.
En conclusión, es evidente que hay un discurso que se repite, hay una actuar que se repite por casi 100 años. Que hay un discurso estimagtizante y peligroso, pues ha puesto en riesgo la vida de los civiles que se manifiestan pacíficamente, como los estudiantes; jóvenes que cuestionan al statu quo, al establishment, como diría Pierre Bourdieu. Violentados con armas no letales o con letalidad reducida, como lo quieran llamar, que son apuntados a la cabeza o a los ojos; con granadas aturdidoras y de gases lacrimógenos, disparados directamente en el cuerpo del manifestante y no en ángulo parabólico, como lo dictan normas internacionales.
La violencia, del tipo que sea, si se piensa en Galtung, se rechaza venga de donde venga, tanto de la institucionalidad, como de algunos civiles que han atentado contra la vida de quienes portan un uniforme, como se ha registrado agresiones con bombas molotov y han resultado en quemaduras graves en el cuerpo y agresión sexual contra a una uniformada de la Policía.
Ojalá que no sigamos conmemorando este día porque en el futuro, más estudiantes van a caer, si no, por el valor que tienen al ser una voz viva, crítica y enérgica, de una sociedad inconforme que quiere cambios pero, también, que participa en los asuntos públicos para que dentro de la institucionalidad, dentro de los ejercicios democráticos del Estado colombiano, sean partícipes de las reformas que el país necesita.
Fotografía de Julio Flórez Ángel – 09 de junio de 1954
* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.
