Los vallecaucanos y los caleños hemos vivido días dolorosos. Nuestra ciudad y departamento han concentrado la atención nacional ubicándonos en el ojo de un huracán de confrontación que, si bien recorre todo el país, en nuestro territorio ha soplado con más fuerza dejando un efecto devastador. Personalmente, me duele mi región, me duelen las víctimas, quienes han perdido la vida y las que han visto afectada su integridad y la de sus negocios.
Con seguridad, además de la zozobra que compartimos recientemente, la mayoría de vallecaucanos sentimos “dolor de tierra” que nos hace reflexionar y tratar de entender por qué llegamos a esto y cómo hacer para que no vuelva a pasar.
Lo primero por decir es que es inaceptable e injustificable acudir a la violencia para defender causas o derechos. La protesta pacífica como medio de expresión ciudadana es un elemento clave de la democracia y un derecho que, ejercido correctamente, moviliza voces constructivas y cambios que reflejan la evolución de una sociedad.
Sin embargo, cuando al margen de la protesta pacífica se activan grupos vandálicos, que, como desde el primer día de paro en Cali, destruyen bienes públicos y privados, promueven o ejecutan saqueos, bloqueos y peajes ilegales, el origen y el efecto de la protesta se desvirtúan.
Tampoco se pueden justificar excesos en el ejercicio de la autoridad. La defensa de los intereses comunes se debe dar en el marco de la constitucionalidad. No se pueden exigir los derechos de unos, vulnerando los de otros, ni exigir respeto a la vida a través de la violencia.
De otra parte, los cambios que requiere nuestra sociedad son innegables. La pobreza, inequidad, bajos niveles educativos, falta de oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes, entre muchas otras, son problemáticas nacionales que se acentúan en el sur occidente colombiano y que se han agudizado luego de un año de pandemia. Las voces que han hablado constructivamente nos exigen como sociedad respuestas claras.
La confrontación y los bloqueos deben parar ya y debemos volver a la normalidad. Reconociendo los esfuerzos hechos para abastecer Cali, la realidad es que es insostenible mantener las vías más importantes cerradas y el abastecimiento a medias. Además, la herida en el tejido social es profunda, las pérdidas humanas irrecuperables y las materiales, inmensas. No se puede seguir desangrando la región llevándola a una crisis social y económica aún peor que la que ya dejó el Covid-19.
En paralelo, urge la construcción de un diálogo que reúna el liderazgo público, privado y ciudadano, a nivel regional y local en torno a un propósito: construir una agenda social con acciones a corto, mediano y largo plazo, entendiendo que la institucionalidad debe respetarse y que no estamos en época de abundancia económica y tenemos restricciones.
Además de ello, se debe pasar de los planes a los hechos, con proyectos y resultados medibles que permitan asegurar el impacto.
En el sector privado que agrupa desde micro hasta grandes empresas, gremios, fundaciones y asociaciones estamos listos para hacer parte de la conversación. Ponemos a disposición de los mandatarios nuestra voluntad, experiencia, conocimiento y capacidades, para que se diseñe y ejecute dicha agenda social. No estamos arrancando de cero, sino construyendo sobre lo construido. Tenemos un tejido empresarial fuerte y una labor social que se viene realizando hace décadas y que se debe fortalecer. Somos un solo equipo: el de los vallecaucanos que queremos superar la crisis y construir bienestar para todos. Estamos listos para transformar el dolor en acciones y ser juntos parte de la solución.
Columna de María Isabel Ulloa para el Diario El País de Cali
Foto de Diario Occidente
* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.
