Hay una realidad que debe reconocerse. Los gobiernos nacionales anteriores fueron faltones con los indígenas caucanos. Varias administraciones firmaron acuerdos de carretera en los cuales comprometían el oro y el moro con tal de solucionar reclamos puntuales o movilizaciones generalizadas.
En la época de Santos estuvo a cargo de las conversaciones un funcionario al que llamaron Ministro Chirinche. El personaje vino a echar discursos en la idea de apaciguar los ánimos, pero se le salieron expresiones no exentas de sarcasmo. Su frase “¡Santos, Santos, guardia, guardia, chirinche, chirinche!”, aún causa escozor y rechazo en las montañas. Sin embargo, el Estado no ha hecho nada por establecer la responsabilidad de quienes comprometieron lo que no podían comprometer.
Ahora los nativos de esa región padecen la multiplicación de la coca, el retorno de la guerra, la depredación galopante del medio ambiente y la ausencia sobrecogedora del Estado. A pesar de esta situación angustiosa el Plan de Desarrollo cometió el error de relegar a un anexo las soluciones.
Aunque existan motivos de reclamo el movimiento indígena del Cauca liderado por el CRIC, lleva una dinámica autodestructiva. Está apresado por la intemperancia, la violencia e incluso el racismo. Sus actitudes alentaron la invasión de terrenos adquiridos a justo título por propietarios blancos; también han dado lugar a la pugnacidad contra afro descendientes y campesinos. Incluso han propiciado ataques a las fincas compradas con esfuerzo por la comunidad guambiana. Se materializa así la locura del enfrentamiento entre hermanos nativos.
La dirigencia del CRIC escogió como método de lucha el bloqueo al transporte y las vías de hecho. Vías de hecho que implican el atropello flagrante a los derechos fundamentales de otros seres humanos; vías de hecho que lindan con lo criminal. Y es que el taponamiento de las rutas es violencia pura que priva a infinidad de compatriotas de medicinas, alimentos, estudios, comercialización de sus productos, generación de salarios y medios de subsistencia.
Pero este no es el único pecado cometido por los de la minga caucana. También han permitido la politización de su movimiento. A espaldas de los intereses colectivos hay un “amacice” notorio entre varios de sus jefes y ciertos dirigentes de la izquierda radicalizada. La politización va mas allá y ahora se exigen cambios normativos automáticos que en una democracia representativa corresponden al Congreso.
Y que decir de las tropelías y retenciones aún fuera del servicio, contra miembros de la fuerza pública. Sus agresores olvidan que según la Constitución somos una república unitaria: no hay un solo milímetro del territorio que esté vedado a los ciudadanos o las autoridades legítimas. ¿Acaso nos quieren imponer visas o permisos para transitar por algunas regiones de la patria?
La preeminencia ética basada en valores ancestrales que alguna vez tuvieron los grupos nativos caucanos y su credibilidad están quedando en el suelo. Por eso es entendible que buena parte de la opinión acompañe al Presidente Duque cuando evita el cara a cara con quienes invocan la ley pero la violan a conveniencia.
Pueda ser que el mal ejemplo de la dirigencia indígena del Cauca no cunda. Y que otras organizaciones incluyentes como la ONIC, persistan en la senda del diálogo constructivo.
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