Una agenda anticorrupción

La corrupción en Colombia estalló como un tema de coyuntura a pesar que, de lejos, es un problema estructural y persistente. Por lo complejo de su medición, la amplitud de su alcance y las distintas formas en que se manifiesta, la corrupción supone esfuerzos que aún resultan insuficientes y que día a día nos pone en el papel de pensar en otras estrategias. El consenso es que las malas prácticas en la gestión de los recursos restan eficiencia al gasto y hace que los efectos de la inversión pública no se materialicen. Una muestra elocuente es cómo, a pesar de la riqueza generada por la bonanza de los precios del petróleo, hoy muchas regiones productoras de esta materia prima no han resuelto temas esenciales como el agua potable o persiste la pobreza y los indicadores de necesidades básicas insatisfechas señalan importantes rezagos.

Sectores alternativos de la política colombiana, como el que dirige la senadora Claudia López -que no la tiene fácil al cohabitar con exponentes de la política tradicional en su propio partido-, hasta sectores altamente cuestionados como el uribismo han elegido la lucha contra la corrupción como una bandera. El gran problema es que, salvo la senadora verde, pocos han presentado estrategias concretas para combatir la corrupción y sus respuestas parecen más elegantes frases de campaña. Lo primero para diseñar una agenda anticorrupción es establecer los focos donde se gestan estas expresiones oportunistas que atentan contra los recursos de los colombianos. Basta identificar cómo las estructuras políticas y electorales ponen y quitan cuotas, piden entidades y hacen acuerdos basados en acumulación de puestos de poder en el Estado para entender por dónde podemos encontrar los orígenes de la corrupción en Colombia: el sistema político y electoral mismo. Recordemos que James Robinson, el reconocido profesor de Harvard University, explicaba cómo la clase política colombiana posaba de estadista en Bogotá y se transformaba a sus más primitivas expresiones en las regiones.

La agenda de lucha contra la corrupción debe apuntar inevitablemente hacia la reforma de la manera cómo se eligen a los representantes y de cómo se construye la representatividad. El ejemplo clásico es cómo la circunscripción nacional en el Senado hace prohibitivamente costosas a las campañas políticas para llegar a esta corporación y diluye la representación: hoy el país tiene a 100 senadores, cada uno llamado a hablar en nombre de todas las regiones, pero en la práctica representantes de una región aun cuando deben buscar votos en todos los departamentos. Esto se repite con las asambleas departamentales, los concejos municipales y la Cámara de Representantes, que, aunque operan en circunscripciones más limitadas siguen siendo muy amplias. Las campañas costosas sumadas a un régimen de financiamiento de campañas flexible y que permite los conflictos de intereses son semillas de corrupción que no tardan mucho en germinar.

Sin un nuevo sistema electoral, un régimen distinto y menos flexible de financiamiento de campañas y un sistema de justicia que no solo tenga mejores penas contra la corrupción, sino que sea efectivo a la hora de investigar, juzgar y condenar, es poco probable que reducir salarios de los altos funcionarios o planificar el gasto público a través de presupuestos participativos desemboque efectivamente en menor corrupción. Los incentivos siguen presentes y están configurados para seguir permitiendo conductas oportunistas con los recursos públicos. Eliminar esos incentivos es, en esencia, el objetivo de una agenda efectiva contra la corrupción.

 

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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