Tres estrategias para erradicar la violencia armada

Una de las apuestas claves de la agenda global para el 2030 y que hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la “promoción de sociedades justas, pacificas e incluyentes”, correspondiente al objetivo número 16. Cuya primera meta es “reducir significativamente todas las formas de violencia y las muertes relacionadas en todo lugar”.

Para resolver una problemática tan compleja, se requiere un análisis que involucre diferentes perspectivas y un enfoque multisectorial que brinde soluciones concretas, para abordar las causas estructurales del problema, y no solo sus expresiones más negativas. Si bien pareciera un objetivo inalcanzable, a continuación, quiero compartir tres estrategias para lograrlo.

El enfoque de la Reducción y Prevención de la Violencia Armada

Desarrollado por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009, este enfoque identifica dos tipos de factores de riesgo para la violencia, estructurales y próximos.

Los estructurales, incluyen inequidad, exclusión social, altas tasas de desempleo que afectan especialmente a hombres jóvenes en regiones marginadas, gobernanza débil e impunidad en el sistema judicial.

Por otra parte, los factores de riesgo próximos encierran fuertes crisis económicas, desastres naturales, fácil acceso a armas pequeñas, alcohol o narcóticos, así como exposición reciente a violencia en el entorno familiar o comunitario.

En consecuencia, la forma más efectiva de reducir la violencia armada es a través de cuatro elementos centrales: personas, perpetradores, instituciones e instrumentos, en los cuales se deben centrar los esfuerzos coordinados tanto del gobierno como de la comunidad.

El componente de las personas se refiere a las condiciones necesarias para que la gente se sienta segura. El de los perpetradores busca identificar las motivaciones de quienes usan violencia. El componente de las instituciones tiene que ver con la accesibilidad a armas y municiones. Y el cuarto hace referencia a como se promueve o reduce en la sociedad el uso de la violencia de manera formal o informal (OECD-DAC, 2009).

A partir de allí se desprenden diversas estrategias, la primera es promover la educación para lograr cambios culturales en el nivel de aceptación de la violencia en la sociedad. La segunda estrategia es que el Estado satisfaga las necesidades básicas de sus ciudadanos, y la tercera, que las instituciones internacionales al igual que la legislación internacional redefinan la guerra y la violencia militar como crímenes (OECD Publishing, 2009).

 

Primera estrategia: Educación para la paz

 La educación es un elemento clave para generar transformaciones significativas que lleven a la reducción de la violencia. Incrementa significativamente las oportunidades de niños y jóvenes de áreas marginales proclives a participar en pandillas, tráfico de drogas y otras estructuras criminales que emplean violencia armada, de obtener un empleo, mejorando sus prospectos a futuro (OECD Publishing, 2009).

Igualmente, contribuye a promover mecanismos alternativos para resolver los conflictos que surgen desde el entorno familiar hasta la interacción entre naciones a nivel internacional, y desincentivando el uso de la violencia armada. Esto implica la implementación de programas de educación para la paz, mediación entre pares y entrenamiento en noviolencia en las instituciones educativas (Shifferd, 2011).

En este sentido, la educación debe contribuir a la transformación de las instituciones culturales, fundamentalmente las normas y creencias que actualmente justifican el uso de la violencia, para que esta se vuelva inaceptable. Paralelamente debe proveer una alternativa al sistema actual de guerra, a través de un sistema de paz que incluya a las instituciones internacionales, la legislación internacional, los Estados y los gobiernos locales.

El foco debe estar en abandonar gradualmente la actual prevalencia de la violencia militar como un instrumento de seguridad, y promover el uso de alternativas, como la defensa ciudadana noviolenta.

 

Segunda estrategia: El Estado como garante y proveedor

La inhabilidad o falta de voluntad del Estado para proveer bienes y servicios básicos de calidad a la ciudadanía como educación, vivienda, salud, empleo, entre otros, no solo fomenta una percepción de las instituciones gubernamentales como ilegítimas, sino que también crea las condiciones apropiadas para la emergencia de grupos armados ilegales, pandillas criminales y mercados ilícitos a través de los cuales los individuos buscan beneficiarse.

Los jóvenes son los más vulnerables, en este escenario se incrementan las probabilidades de que elijan estilos de vida violentos en el crimen organizado buscando una mayor retribución económica, frustrados de que, en el mercado laboral informal, trabajan por largos periodos de tiempo, reciben salarios muy bajos y no tienen ninguna garantía (OECD Publishing, 2011).

Otra consecuencia negativa del abandono estatal es la emergencia de sistemas alternativos de gobernanza, estrechamente relacionados con las economías ilícitas en áreas marginadas que no cuentan con infraestructura adecuada, ni con la presencia de funcionarios públicos. El vacío que dejan las instituciones formales se convierte en una oportunidad para los actores armados ilegales de controlar territorios, aumentando la criminalidad en estos (OECD Publishing, 2011).

Por consiguiente, para reducir la violencia armada y las muertes relacionadas con ella, es necesario fortalecer el rol del Estado en las regiones donde la población ha sido marginada, no a través de la presencia de fuerza militar, sino más bien siendo un vehículo efectivo para que la ciudadanía exprese y satisfaga las demandas de sus derechos.  

 

Tercera estrategia: Redefiniendo el significado de la seguridad

Para lograr la eliminación del uso de la violencia armada globalmente, es necesario transformar la comprensión de fenómenos como la guerra, que deberían ser considerados ilegales por la comunidad internacional, a la vez que se fomenta una visión de la fuerza militar desde una perspectiva de defensa, no de ataque. Acompañado de un desarme gradual multilateral a nivel mundial, que iniciaría con el retiro de bases militares y con un acuerdo que congele la adquisición de armamento durante diez años (Shifferd, 2011).

Iniciativas encaminadas a lograr este objetivo ya han sido adelantadas por diversas organizaciones civiles a través de redes internacionales que reclaman la eliminación o reducción de armas para prevenir el sufrimiento humano. Ejemplo de ello es la Convención para la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Anti-Persona y su Destrucción de 1997.

Esto debe ir seguido de esfuerzos concretos para reducir la cantidad de dinero invertida en entrenamiento militar, desarrollo de armamento y en general en la industria de las armas. La clave se encuentra en desligar las economías globales de la guerra, eliminando el interés de los actores económicos en promover que los gobiernos nacionales se involucren en guerras en el extranjero.

El capital que se encuentra invertido en maquinaria para matar debería ser invertido en fomentar emprendimientos que contribuyan al desarrollo sostenible, al acceso a energías limpias y renovables, en general a la creación de tecnologías para proteger la vida.

Para que lo anterior sea posible se requiere de una profunda transformación en la forma de interacción entre los Estados en la arena internacional, particularmente de las maneras en las cuales los gobiernos nacionales persiguen sus objetivos estratégicos y ejercen su poder.

El foco ya no puede ser el interés nacional sin tener en cuenta la ciudadanía que habita los territorios. La agenda del Estado a nivel internacional en relación con la seguridad no puede estar impulsada exclusivamente por el uso de la violencia militar para garantizar la soberanía, en detrimento de las necesidades humanas, y sin reparos del daño infligido.

Cada vez es más necesario que los Estados rindan cuentas a la ciudadanía en todos los niveles respecto a las decisiones que toman y al impacto que estas tienen ya sea para mejorar su calidad de vida, o para amenazar su existencia.

Determinar si en el futuro nuestras sociedades van a seguir sumidas en la amenaza de la guerra, privilegiando el uso de la violencia armada para resolver los conflictos y perdiendo incontables vidas en el proceso, dependerá de las decisiones que tomemos en el presente desde lo individual hasta lo comunitario, así como desde lo local hasta lo global en todas las esferas de la vida.

Generar cambios es posible, crear sociedades más pacíficas, justas e incluyentes no solo es deseable sino necesario, y erradicar la violencia armada es un deber. Para lograrlo necesitamos emprender transformaciones profundas, primero, a través de la educación brindar herramientas positivas a las poblaciones vulnerables para el desarrollo de su potencial, pero también para iniciar el camino hacia la construcción de una cultura de paz.

Segundo, el Estado debe asumir su responsabilidad y rol central de garantizar a toda la ciudadanía el acceso a servicios y bienes públicos de calidad, la salvaguarda de los derechos y la expresión de sus intereses. Y tercero, debe promover la seguridad desde la defensa civil noviolenta, eliminando los vínculos con los actores que intentan seguir alimentando las maquinarias de la guerra.

Referencias

Shifferd, K. D. (2011). From war to peace: A guide to the next hundred years. Jefferson, N.C.: McFarland.

OECD Publishing. (2009). Armed Violence Reduction. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Institute for Economics & Peace. (2017). Positive Peace Report. Tracking Peace Transitions Through a Systems Thinking Approach, Sydney. Report number 54. Available from: visionofhumanity.org/reports (accessed Date Month Year).

Imagen: https://bit.ly/2ld3hA4

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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