Trampas de pobreza

Durante cinco años tuve la oportunidad de trabajar en asentamientos de desarrollo incompleto. Recuerdo muy bien la historia de una mujer en un precario barrio de la parte alta de la comuna 18 que, con una diabetes muy avanzada, había visto reducidas sus capacidades físicas y se había vuelto para su esposo y sus tres hijos menores en una pesada carga. Su vida dependía de unas diálisis que se le debían suministrar en su hogar, pero que el sistema de salud le negaba por una razón: las condiciones ambientales y de higiene de su vivienda no permitían desarrollar el tratamiento. Fue preciso realizarle una mejora a su vivienda, financiada por empresarios, para salvar su vida. No solo vivir en ese asentamiento había deteriorado aún más su calidad de vida, sino que la puso en peligro inminente de muerte, lo que hubiera profundizado la pobreza de su familia.

La semana pasada, la tragedia de Siloé como consecuencia del fuerte periodo de lluvias que vivimos en Cali desnudó un problema que se ha acentuado en los últimos treinta años, entre otras razones, por el conflicto armado que ha sido especialmente rudo con el Pacífico colombiano: el de los asentamientos de desarrollo incompleto, popularmente conocidos como invasiones, donde habita una gruesa parte de la población desplazada. Zonas de la ciudad sin saneamiento básico, con viviendas precarias, sin infraestructura, con expresiones de violencia, desempleo, informalidad y grandes riesgos ambientales. Ciertamente, un asunto de gran magnitud: según algunas estimaciones, principalmente de la alcaldía de Cali, una de cada 20 hectáreas de la ciudad se encuentra invadida; son cerca de 40 mil personas en situación de pobreza extrema que se encuentran confinadas en las laderas de la ciudad, en ese patrón tan común de nuestras ciudades de unos núcleos prósperos y unas periferias con grandes rezagos.

Los asentamientos irregulares son verdaderas trampas de pobreza y tienen un notable impacto ambiental. Y cuando hablamos de trampas de pobreza nos referimos a esos fenómenos que refuerzan la precariedad de esas familias: la violencia, trabajo infantil, el deterioro ambiental, la limitada oferta de servicios del Estado, entre otros. Y si uno analiza la ubicación geográfica de esta clase de asentamientos humanos, todos están en zonas de riesgo y ante una emergencia serían los primeros en recibir los impactos negativos, como por ejemplo una ruptura del jarillón del río Cauca, cuyas aguas anegarían un área que alcanzaría a 900 mil habitantes, en su mayoría en situación de pobreza y alta vulnerabilidad en el oriente de Cali.

Los costos del cambio climático los estamos pagando todos, pero quienes más alta cuenta de cobro reciben son los más pobres. La mitigación de los efectos del clima y la lucha contra su cambio pasan por la intervención de los asentamientos irregulares, que destruyen zonas verdes, contaminan fuentes hídricas y tienen una precaria disposición de los desechos humanos. Cali no soporta más negligencia que permite que cientos de familias sin acceso a mínimos de bienestar y dignidad se asienten y expongan sus vidas en terrenos de alto riesgo no mitigable, destruyan recursos naturales y se condenen a la pobreza extrema en esos confinamientos de miseria y abandono.

Cali ha progresado mucho en los últimos años. Sin embargo, es claro que tenemos tareas pendientes por resolver. Así como la humilde mujer de la historia, miles de caleños viven el rigor de la pobreza, la exclusión y el confinamiento de los asentamientos de desarrollo incompleto. En estos sitios se concentra una buena parte de las muertes violentas, pero también se viven los riesgos no mitigables que constituyen una amenaza contra la vida misma. Este tema no da votos, pero resolverlo salvará muchas vidas.

 

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

 

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