¡Tiempos Revueltos!

El país atraviesa momentos complejos. Y son más que nunca pertinentes iniciativas como la que se lanzó en la mañana del 20 de febrero pasado en el Centro Cultural Gabriel García Márquez por personas de diversas ideologías y partidos políticos, pero todas unidas por un propósito común: la paz.

A través de un manifiesto denominado DEFENDAMOS LA PAZ, políticos de las más diversas tendencias, jóvenes, intelectuales, periodistas, académicos, participantes de la mesa de negociación en la Habana, ciudadanos colombianos independientes, anunciamos al país que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y que estamos dispuestos a luchar por ella. Porque lo que no se puede permitir es que se haga trizas el acuerdo como fue la promesa básica del Uribismo a través de uno de sus militantes más extremos.

Y bajo diversos mecanismos, es eso lo que viene ocurriendo. Como ya lo ha explicado en extenso la magistrada Patricia Linares, si el Presidente Duque objeta la ley de la JEP o algunos de sus artículos, no es que se termine la Justicia Especial para la Paz, pues es evidente que ha venido trabajando sustentada y acorde con principios constitucionales. Y nadie ha engañado al país como se ha dicho por algunos “opinadores” en diversos medios, tratando de validar que si la ley de la JEP se cae se acaba la Justicia Especial para la Paz; pero evidentemente se trata de una ley útil para el ejercicio de sus funciones pues le proporciona un marco legal claro y contundente.

Además se trata de una ley que hizo tránsito por el Congreso de la República, y fue objeto de arduos debates; una ley que pasó el control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. En un estado de derecho, resulta muy peligroso desconocer las competencias de las instituciones, y la separación de poderes; esto nos lleva al caos y a la confusión. Que el Fiscal General emita conceptos y advertencias sobre su inconveniencia sorprende. ¿Es bajo que atribución legal que lo hace? ¿Son sus opiniones de obligatorio cumplimiento? ¿Se trata de ejercer presión? Y no se queda atrás el Procurador diciendo en otra extensa carta que la aprueben. A veces da la impresión en la opinión pública que el Procurador y el Fiscal tienen una competencia a ver cuál de los dos es más mediático. En este panorama ¿dónde queda el pronunciamiento de la Corte Constitucional?

Este es un punto importante pero hay otros; no son claras las apuestas frente a la paz en el Plan de Desarrollo que cursa en el Congreso. Es necesario que dicho plan incluya recursos y metas claras para el cumplimiento de los acuerdos; como bien lo ha dicho Juan Camilo Restrepo el 80% de lo firmado en la Habana radica en el cumplimiento del pacto agrario. ¿Qué pasa entonces con la política de restitución de tierras? ¿Con el catastro multipropósito? ¿Con la justicia agraria? No se ve la voluntad política del gobierno en estos temas.

Quienes queremos una paz estable y duradera, debemos estar vigilantes sobre el cumplimiento de los acuerdos. Humberto de la Calle tiene razón cuando expresa sus temores con esta frase contundente: “regresó la Patria Boba o ¿Será que nunca se fue?”

Fuente imagen: http://www.icesi.edu.co/blogs/psicologia/2017/04/18/construyendo-la-paz-en-colombia/

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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