La demagogia del Centro Democrático no conoce límites morales. El asesinato y violación de la niña Yuliana Samboní le ha servido ahora para hacer propaganda contra el proceso de paz. RCN le ha hecho eco a esa estrategia. El argumento, como casi siempre, es absurdo: ningún partidario del proceso puede reclamar justicia contra Uribe Noguera porque, frente a las FARC, pide “impunidad”. Si uno no exige castigos contra miembros de las FARC que han cometido delitos graves, incluyendo delitos sexuales, tampoco puede reclamarlo para casos particulares como el de Yuliana. Ese es su razonamiento. Aunque la ocasión merecería, de parte de todos los sectores, respeto y silencio, las falacias del CD requieren una respuesta. La idea del uribismo es errada por varios motivos:
1) El punto 22 del artículo 8 del Estatuto de Roma señala que los delitos sexuales son crímenes de lesa humanidad y el acuerdo de la Habana, que se suscribe a lo consignado en el Estatuto de Roma, dice textualmente: “No se permite amnistiar los crímenes de lesa humanidad, ni otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma”. Guerrilleros que hayan cometido violaciones, no podrán ser amnistiados ni recibir ningún beneficio judicial. El acuerdo no es nada tolerante con los delitos sexuales. De ahí la importancia que tiene en él el enfoque de género.
2) El presupuesto del uribismo es que los defensores del SÍ son reacios a toda forma de castigo, lo cual, por supuesto, no es correcto. En primer lugar porque, contrariamente a lo que el uribismo propaga con mala fe, en este país de analfabetas funcionales y escasos niveles de lectura, el acuerdo sí incluye castigos, solo que incluye beneficios judiciales para quienes colaboren con la justicia. En segundo lugar, y justamente por lo anterior, el acuerdo hace posibles castigos efectivos próximos que no podrían darse si no hubiera acuerdo. El uribismo es el verdadero defensor de la “impunidad” pues agita la bandera de las penas duras, conformes a la justicia penal ordinaria, sin confesar algo bastante elemental: que para juzgar a alguien hay que detenerlo y procesarlo. Pero eso ni ocurrió en los 8 años de uribismo en el gobierno, ni es operativamente fácil que ocurra, si volviera – por desgracia – a él. Esa impunidad, incluyendo la concerniente a delitos sexuales, es la que substiría si el acuerdo no funcionara. Decir, por tanto, que los defensores del acuerdo rechazan toda forma de castigo y, por tanto, no son consecuentes al exigirlo para el caso de Yuliana, no es correcto. Es un falso presupuesto.
3) El argumento del Centro Democrático opera, como de costumbre, con un doble estándar moral. Miembros de las FARC han cometido efectivamente delitos sexuales y deben ser castigados por eso. No obstante, el actor armado que de manera sistemática recurrió a la violencia sexual como mecanismo para generar terror entre la población social y, de ese modo, garantizar su control sobre un cierto territorio o desplazar población para permitir el despojo de tierras, fueron los paramilitares. Al respecto hay innumerables y terribles testimonios. La frecuencia de los delitos sexuales parece coincidir incluso con la de las zonas de minería ilegal y despojo. Eso mostrará que es una estrategia y no un arrebato de unos desadaptados. Si el argumento de quienes asocian ahora la “impunidad” con el caso de Uribe Noguera fuera sincero, y se derivara de un rechazo general a que los delitos sexuales cometidos por actores armados no quedaran sin un castigo suficiente, tendrían que salir a protestar contra los jefes paramilitares que se burlaron de Justicia y Paz de Uribe Vélez al no reconocer estar implicados en ese tipo de delitos y, sobre todo, contra la justicia colombiana, que no fue capaz de probar su participación en ellos. No los veo lamentando en absoluto ese hecho. Para los uribistas los violadores que merecen castigo son exclusivamente los de las FARC. No los vi tampoco lamentando masivamente cómo sectores retardatarios del Ejército hicieron todo lo posible para obstruir el funcionamiento de la justicia en el caso, igualmente aberrante, del Teniente Muñoz, que violó y asesinó a 3 niños en Tame (Arauca). Para el uribismo hay una “impunidad” buena y una mala. Lo suyo no es la lucha contra la “impunidad” sino contra la impunidad frente a los delitos de la extrema izquierda. Ante la impunidad frente a delitos de la extrema derecha callan o la encubren.
4) El argumento del uribismo soslaya el hecho de que delitos atroces como el de Uribe Noguera no tienen el mismo status que los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado. En su “lógica” los uribistas creen que hay gente mala que debe recibir castigos duros. Punto. Quiénes son, en qué contextos y con cuales motivaciones ocurren esos delitos, les resulta indiferente. Para ellos eso es falta de orden y el orden se restaura a punta de bala y cárcel. La debilidad de esa perspectiva no radica solo en que, de esa forma, deshacen algunos presupuestos fundamentales para enfrentar un conflicto político, como lo son, a nivel internacional, los mecanismos de Justicia Transicional, sino en que ofrecen así “soluciones” inadecuadas a los problemas. No se puede enfrentar un conflicto armado de la duración y la escala del colombiano, tal como si se tratara de un asunto de delincuencia común, sin dar lugar a una mala solución. La magnitud del problema exige, también en lo concerniente a la penalización, un procedimiento especial. Aquí hay una cadena de mando, una organización de nivel nacional que puede seguir cometiendo delitos como los que ya han ocurrido, un uso del amedrantamiento de la población civil como estrategia de guerra, en fin, hay un problema de una naturaleza completamente distinta a la existencia de ladrones de barrio o predadores sexuales. Aún, si no se le requiere reconocer un status político al conflicto con las FARC, por el argumento moralizante de que son sencillamente narcotraficantes – como si los actores armados irregulares en todas partes del mundo no estuvieran vinculados con economías ilegales –, por motivos pragmáticos el Estado tiene que darles un tratamiento diferente. No hacerlo, y tomarlos por otra clase de delincuentes comunes, impide enfrentar eficazmente el problema. Sea entonces porque se les reconoce un status político por motivos ideológicos o sea porque, en términos pragmáticos, no se puede no hacerlo, los delitos cometidos por una ORGANIZACIÓN, un actor colectivo con una compleja historia, como las FARC, no pueden tener el mismo rango que un delito cometido por un individuo perverso. Equiparar ambos tipos de delitos puede resultar útil para la agitación demagógica, pero distorsiona por completo ambos fenómenos e impide darles el tratamiento adecuado.
En suma: no es posible sostener que el deseo de condenar al asesino y violador Uribe Noguera y el deseo de la consolidación del proceso de paz con las FARC son incompatibles, porque el acuerdo de la Habana no le hace ninguna concesión a los delincuentes sexuales, porque el apoyo a ese proceso no equivale a rechazar toda forma de castigo sino al deseo de aplicar castigos matizados pero efectivos, porque quienes esgrimen ese argumento carecen de una genuina y general sensibilidad moral ante los delitos sexuales y, por último, porque los delitos del violador y de las FARC son de una naturaleza diferente y exigen un tratamiento diferente. El Centro Democrático no solo instrumentaliza un caso muy doloroso para hacer propaganda política sino que, como sucede habitualmente con sus estrategias de comunicación, lo hace basándose en malos entendidos, falsos presupuestos y confusiones deliberadas. Su estrategia es clara: confunde y reinarás.
* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.
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