Reflexiones sobre el nuevo acuerdo

Con insistencia se ha dicho que es improbable obtener un acuerdo perfecto. Tanto las FARC como el gobierno acudieron a la mesa luego del resultado del 2 de octubre con la intención de lograr la máxima modificación posible del acuerdo rechazado en las urnas, pero con una realidad presente: no hay incentivos para cambiar las estrategias ni las intenciones de las partes. Por eso la promesa de renegociación de algunos sectores del NO era limitadamente cierta por cuanto se podría hacer modificaciones al acuerdo, pero resultaba improbable un cambio sustancial y profundo. Esto sólo sería posible si las dos partes de la negociación no conocieran mutuamente sus estrategias e intenciones, cosa que no ocurre en La Habana, donde tanto el gobierno colombiano como las FARC se conocen muy bien tras seis años de discusiones.

La primera reflexión es que el 2 de octubre los votantes no aceptaron el acuerdo en su integralidad pero, justamente, la limitación del mecanismo del plebiscito fue que no logró capturar información relevante como, por ejemplo, ¿a qué le dijeron que NO específicamente los colombianos? La limitación parte del hecho que en la campaña hubo desinformación y propaganda negra, incluso confesada por sus autores en medios de comunicación, lo cual impidió saber a ciencia cierta las motivaciones de los colombianos a la hora de votar contra el acuerdo. Aun así, debe rescatarse que el Gobierno del presidente Santos tuvo un gesto loable al invitar a los dirigentes de la oposición a aportar sus ideas, bajo el supuesto que estos interpretan el sentir de los votantes. Supuesto que no es tan cierto, aunque para el contexto era necesario asumirlo si se quería construir un consenso más amplio. Pero no podemos perder de vista algo: el 2 de octubre ganó el NO a un acuerdo, no ganó el SI a un acuerdo alternativo; por tanto, en la mesa de conversaciones no existía un mandato de incorporar indefectiblemente esas propuestas.

Por supuesto que el nuevo acuerdo, fruto del diálogo entre el Gobierno y la oposición, incorpora mejoras notables, específicamente en el campo de ponerle límites a la Jurisdicción Especial de Paz, en hacer precisiones válidas en materia de enfoque de género, de propiedad privada y de gasto público para financiar la implementación de lo acordado, así como en descartar el blindaje jurídico anteriormente convenido. Hizo bien la mesa de conversaciones en desestimar la propuesta uribista de darle a la jurisdicción ordinaria de la justicia el mandato de investigar, procesar y juzgar los delitos cometidos en razón del conflicto, toda vez que sería un salto a la impunidad dadas las condiciones de saturación que presenta.

Lo feo: haber renunciado a las implicaciones tributarias del catastro rural, que constituía una victoria social enorme al poder obtener información sobre la propiedad de la tierra, altamente concentrada y que no contribuye un peso al financiamiento del Estado. Según estimaciones de Salomón Kalmanovitz, la tierra en Colombia se ha concentrado mucho más durante los años del conflicto; el índice de Gini de tierras ronda el 0.9 y se ha establecido que el 80% de la propiedad rural en Colombia está en manos de menos del 20% de los propietarios. Parece que el hecho de retirar del acuerdo la posibilidad de cobrar impuestos a los predios rurales fue una victoria de los sectores más retardatarios de la sociedad que se han beneficiado de la estructura de la propiedad y del rezago del campo colombiano.

Al leer las apreciaciones de caras visibles del NO sobre el nuevo acuerdo en redes sociales, parece claro que este nuevo documento no va a satisfacer sus expectativas y que seguramente la polarización será incluso mayor ante lo que, juzgarán ellos, fue un “conejo” al sentimiento mayoritario de los colombianos. Sentimiento del cual se autoproclamaron sus voceros, pero del cual hay suficientes motivos para pensar que se están aprovechando para dilatar indefinidamente, con fines electorales, la implementación del acuerdo final. En aras de la verdad, va siendo hora que algunos sectores de la oposición declaren abiertamente que su única propuesta viable es la solución militar al conflicto. Mientras tanto, pedimos al presidente Santos que dé celeridad al proceso de implementación del acuerdo: la paz no puede seguir presa de los ciclos políticos.

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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