Protestas violentas y ciudadanía

La protesta social en Colombia está tomando un giro desafortunado, pareciera convertirse en sinónimo de procederes atrabiliarios y desmanes. Tanto así, que las gentes ya entran en modo pánico ante la noticia de nuevas manifestaciones. Se sabe de antemano que la lista de daños crecerá incontenible con cada movilización.

El país no acababa de recuperarse del trauma generado por una minga que desbordó el marco legal, cuando vinieron más incidentes violentos. Hechos como los perpetrados en la Universidad del Valle hace unas semanas y los de Bogotá en el marco del denominado paro nacional, dan cuenta de la virulencia que vienen tomando las expresiones de inconformidad.

El común denominador en los episodios es el ataque abierto e intencional a los derechos básicos de otros ciudadanos; la destrucción de bienes públicos como particulares; la saña contra los representantes de la fuerza pública encargada de asegurar un discurrir ordenado de las convocatorias. Una fuerza pública que viene dando muestras de espíritu civilista, y que cumple con su deber en difíciles condiciones al enfrentar sin armas, con un escudo y un bastón, las tropelías de ciertos grupúsculos que emplean sin miramientos bombas incendiarias y papas explosivas.

El asunto es complejo por cuanto enfrenta dos visiones disímiles.  En esta Colombia fragmentada y polarizada donde ha desaparecido la capacidad de registrar los distintos matices de la realidad, muchos ven las protestas como inadmisible incitación al caos la cual debe ser por principio reprimida. Tales personas olvidan que esa protesta  es elemento esencial de la vida democrática, y que en nuestro caso específico  se trata de un derecho fundamental consagrado en el artículo 47 de la Constitución. Según esa norma “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública o pacíficamente”.

Pero en el otro bando hay un sector grande de opinión para el cual la protesta constituye un derecho casi absoluto. Por eso rechazan su eventual regulación, posibilidad prevista en la norma constitucional  mencionada atrás.  Esa falta de reglamentación sobre las condiciones que deben cumplir las expresiones de inconformidad a fin de garantizar su carácter pacifista, está llevando a que ellas se conviertan en instrumento de delito al servicio de convocantes e infiltrados que apelan a la violencia como método de materializar sus designios.

La regulación que se expida sobre esta materia debe tener como referentes centrales el interés general y los derechos de los demás ciudadanos. También debe quedar sentado de una vez por todas, que ninguna conquista puede obtenerse a partir de violentar las garantías correspondientes a las demás personas.

En el propósito de ponerle orden y encausar la protesta social, los habitantes tenemos un papel ineludible. La responsabilidad no puede dejarse tan solo en los hombros del Estado. Podríamos asumir actitudes corajudas como la de Reinero Galvis, el octogenario que en la Plaza de Bolívar se puso de escudo para defender la policía.  Sin embargo se tiene que ir más allá, ha llegado la hora del valor civil. Los ciudadanos, las empresas, las instituciones y gremios afectados deben acudir a los tribunales para recabar la judicialización de los actores violentos, y de paso exigir las indemnizaciones que les correspondan como víctimas de los hechos.

Imagen: https://bit.ly/2FOu2oC

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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