Participación e inclusión de las mujeres en la implementación del capítulo sobre víctimas del acuerdo de paz en Colombia

Después de más de cinco décadas de conflicto armado interno en el país existen millones de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. El Estado Colombiano a través del Registro Único de Víctimas ha reconocido 7,277,408 millones de víctimas que cumplen con los requisitos legales para acceder a la atención y a las medidas de restitución contempladas en la legislación nacional.

El acuerdo de paz firmado con las FARC hace casi cuatro años reconoció la importancia de incluir medidas especificas para garantizar los derechos de las víctimas y puso en el centro de la construcción de una paz estable y duradera los intereses de quienes han sido afectados por el conflicto armado. Más aún la reconciliación de la sociedad colombiana, la reincorporación exitosa de los excombatientes y el bienestar de las generaciones futuras depende en gran medida del cumplimiento de los compromisos consignados en dicho acuerdo.

El objetivo de este artículo es presentar un análisis del progreso en la implementación del punto cinco del acuerdo de paz, concerniente a las víctimas, así como de los avances en cuanto a la inclusión de la perspectiva de género en dicho proceso. Evaluar las acciones gubernamentales emprendidas en el proceso hasta ahora resulta un ejercicio valioso de veeduría ciudadana frente a los compromisos adquiridos por el Estado. Este documento busca proporcionar una mirada general de la implementación en este capítulo orientada a identificar aspectos positivos y negativos que permitan a la sociedad civil asumir un rol más activo en todo lo concerniente a la construcción de una paz estable y duradera.

Primero es necesario comprender lo que implica el capítulo cinco Acuerdo sobre Víctimas del Conflicto, su eje es el “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, este incluye la Jurisdicción Especial para la Paz; y el Compromiso sobre Derechos Humanos. Los principios rectores de este capítulo tienen que ver por un lado con las garantías que deben gozar las víctimas, a saber, el reconocimiento, la satisfacción de sus derechos, y su participación en todo el proceso. Por otro lado, los principios también hacen referencia a los deberes de los pactantes del acuerdo de paz, particularmente, esclarecer la verdad, reparar a las víctimas, garantizar la protección, seguridad y no repetición a las mismas, contribuir a la reconciliación y observar el Enfoque de derechos.

El Sistema Integral está compuesto por cinco mecanismos y medidas, primero, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición que busca contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad para promover la convivencia y garantizar la no repetición. Segundo, la Unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas cuyo objetivo es dirigir acciones humanitarias de búsqueda e identificación. Tercero, la Jurisdicción Especial para la Paz que debe administrar justicia e investigar, y sancionar violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Cuarto, las medidas de reparación integral de los territorios, las poblaciones y los colectivos más afectados por el conflicto, y quinto, las Garantías de No Repetición.

Aspectos destacados en el progreso de la implementación

Los avances más destacados en la implementación de este capítulo están relacionados con el establecimiento de la arquitectura institucional requerida para su funcionamiento. En este aspecto es significativo el progreso en la transversalización del enfoque de género no solo en los aspectos estructurales, sino también en cuanto a las competencias jurisdiccionales.

Ejemplo de ello es la relevancia que tiene la Comisión de Género en términos de instancia consultiva y asesora para la aplicación del enfoque de género, así como para afrontar casos de violencia contra niñas, mujeres y personas LGTB. Más aún la Comisión está conformada de manera paritaria y cuenta con un importante liderazgo de mujeres en cargos directivos. En instancias dedicadas al análisis de información, los enfoques de género, étnico y diferenciales se encuentran ampliamente implementados, mientras que en el área de investigación y acusación de la JEP existe un equipo especial dedicado a trabajar en casos de violencia sexual relacionada con el conflicto armado.

En cuanto a los avances relacionados con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición se han establecido 21 Casas de la Verdad a nivel nacional, 11 equipos territoriales, cinco equipos móviles y nodos en cinco regiones del mundo para garantizar la participación de todos los colombianos, tanto aquellos que se encuentran en el territorio nacional como en el extranjero.

En cuanto al progreso de la Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, se ha desarrollado una metodología de valoración del riesgo, con variables que incluye la presencia de actores armados y economías ilegales para la protección de las víctimas, los testigos e intervinientes en procesos de la JEP. Para fortalecer estos esfuerzos es necesario que se expida el decreto para reglamentar los mecanismos para proteger a las personas identificadas a través de esta metodología.

El rol de las mujeres y sus organizaciones en la implementación

La participación de organizaciones de mujeres en diversos procesos de manera articulada con la institucionalidad gubernamental es un aspecto que destacar. Por ejemplo, al interior de la JEP, se ha desarrollado un software llamado Layna para sistematizar y analizar grandes cantidades de información sobre violencia basada en género y violencia sexual en el marco del conflicto armado. En el proceso de diseño se incluyó el conocimiento y experiencia de la Ruta Pacífica de las Mujeres, Sisma Mujer y La Red de Mujeres Profesionales en bases de datos similares. La ventaja de este programa es la posibilidad de compartir y migrar en tiempo real información de bases de datos de otras instituciones, contribuyendo a la construcción de un expediente digital único con la participación de entidades como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y el Ministerio de Salud.

Otro ejemplo relevante de la participación de las mujeres, así como de organizaciones de víctimas en el marco del punto cinco del acuerdo de paz ha sido la presentación de informes a la JEP, especialmente 20 sobre violencia sexual y otros que dan cuenta del impacto diferenciado del conflicto armado en las mujeres. El fortalecimiento de este tipo de contribuciones es fundamental, en la medida que representa un mecanismo de participación e inclusión que contribuye a potencializar la capacidad transformadora de la justicia transicional para las mujeres y sus organizaciones.

El pasado 27 de junio de 2019 se llevó a cabo el Primer Encuentro por la Verdad en Cartagena donde se realizó el acto de reconocimiento para dignificar a las mujeres y a las personas LGBT víctimas de violencias sexuales durante el conflicto. Este fue un ejercicio de testimonio y resistencia de las víctimas denominado “Mi cuerpo dice la verdad”, constituyó un importante testimonio de los crímenes y el dolor padecido por las víctimas, pero también de la resistencia, resiliencia y capacidad de sobrevivencia de estas personas.

Posteriormente y en cooperación con la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas entre el 26 y el 28 de agosto 2019 en Pasto, se realizó un encuentro de reconocimiento a las mujeres y familiares de desaparecidos en el marco del conflicto armado. En el marco de este evento las mujeres y familiares pudieron intercambiar nacionales e internacionales sobre la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Estos procesos acerca de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado se han dado en articulación con organizaciones y plataformas de mujeres y personas LGBT, lo que ha llevado no solo a la participación de las mujeres en el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas, sino también a contribuir con información sobre 624 personas dadas por desaparecidas, de los cuales 87 casos corresponden a mujeres (el 13% del total).

Componentes del capítulo de víctimas rezagados en la implementación

Las medidas de reparación que comprende el acuerdo de víctimas presentan resultados mixtos en su implementación. Por un lado, la reparación colectiva a organizaciones y grupos como la Liga de Mujeres Desplazadas en San Jacinto y El Carmen de Bolívar, que tiene presencia en dos municipios PDET ha sido beneficiada para fortalecer la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva, lo que implica una inversión de aproximadamente $428 millones COP (USD 130.000).

Paralelamente, se han establecido Estrategias de Recuperación Emocional Grupal como complemento del programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas (PAPSIVI), liderado por el Ministerio de Salud. Más aún se han desarrollado nueve estrategias metodológicas con enfoque diferencial y de derechos para atender daños psicosociales, morales y políticos de las víctimas. Hasta el momento 26.401 mujeres víctimas de violencia sexual desde 2012 se han beneficiado de esta iniciativa.

Sin embargo, existen retrasos evidentes en otros componentes de la reparación colectiva, específicamente la implementación de la Política de Atención, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas, y las indemnizaciones administrativas a las víctimas. A noviembre del 2019 se han completado Planes Integrales de Reparación Colectiva para 15 sujetos colectivos únicamente, sin embargo, hay 736 planes registrados, esta brecha en implementación se debe a dificultades financieras.

En general, la implementación de las 90 provisiones del capítulo sobre víctimas hasta finales de 2019 se encontraba en un 21 por ciento, los mayores rezagos están relacionados con la articulación con la institucionalidad anterior, particularmente la Ley de Víctimas. El análisis de cada uno de los componentes del punto cinco evidencia, que las garantía de no repetición son las provisiones con menor progreso. No hay disposiciones completas ni en estado intermedio, el 83 por ciento de ellas están en estado mínimo y 17 por ciento no han iniciado. En cuanto a justicia, la implementación del 24 por ciento de las provisiones se ha completado, el 21 por ciento esta en un nivel intermedio, el 72 por ciento en estado mínimo y el 34 por ciento no ha comenzado. En el componente de verdad, el 32 por ciento de las disposiciones ya fueron implementadas, el 7 por ciento esta en estado intermedio, el 29 por ciento corresponde a un nivel mínimo de implementación y el 32 por ciento no ha empezado. Finalmente, en cuanto a reparación a las victimas el 72 por ciento se ha implementado al nivel mínimo, el 17 por ciento no se ha implementado, y tanto las provisiones completadas como en estado intermedio representan un 6 por ciento cada una.

El obstáculo más importante que enfrenta la implementación actualmente es su falta de articulación en cuanto a legislación y a la acción de entidades involucradas en su ejecución. Por ejemplo, el componente judicial y administrativo a nivel territorial de entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no se encuentra trabajando colaborativamente. Esto ha ocasionado que víctimas de departamentos como Caquetá, Antioquia, y en regiones como la 
Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá deban repetir sus historias frente a distintos funcionarios en diversas instituciones, lo cual implica revictimización y un desgaste emocional, físico y económico que podría evitarse con un trabajo articulado.

El bienestar de las víctimas y la garantía efectiva de sus derechos deben ser una prioridad en la implementación del acuerdo de paz. Este componente cuenta con las herramientas y el potencial para contribuir a la reconciliación a largo plazo de la sociedad colombiana, sin embargo, si las acciones gubernamentales no priorizan el avance contundente en este capitulo las posibilidades de poder avanzar en la reconstrucción del tejido social y hacer frente colectivamente a los estragos que ha ocasionado el conflicto armado son inexistentes. Aún estamos a tiempo de reconocer la capacidad transformadora de estas medidas y comprometernos a contribuir a su materialización desde nuestras posibilidades de acción, es decir como veedores ciudadanos de la implementación del acuerdo de paz.

Referencias:

Presidencia de la República. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanohttp://es.presidencia.gov.co/Documents/Punto5.pdf

Kroc Institute for International Peace Studies. (2019). Hacia la paz sostenible por el camino de la igualdad de género: II informe de seguimiento al enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. https://kroc.nd.edu/assets/345128/120519_informe_genero_digital.pdf

El Tiempo. (2020). Justicia transicional, entre mayores avances de implementación de paz. El Tiempo, 16 de junio. https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/avances-de-justicia-transicional-y-victimas-en-implementacion-del-acuerdo-507416

Imagen: https://bit.ly/3jeRw5P

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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