Néstor Humberto y Santrich

El Caso Santrich ha dejado en evidencia una grave crisis institucional donde se juegan, por un lado, el futuro del Acuerdo de Paz y, por otro, la legitimidad del aparato de justicia de Colombia. No obstante, esta historia aún carece de una explicación coherente que permita que la opinión pública entienda las razones del Fallo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y, por supuesto, los posibles escenarios que tendremos en las próximas semanas.

Para ello, abordaremos primero la cuestión del “Fallo” que ordena la liberación de Santrich y la posterior orden de captura que expide la Fiscalía. En este sentido, intentaremos enumerar las diferentes actuaciones irregulares del primer proceso y de la recaptura, divagando un poco sobre las razones que tuvo Néstor Humberto para presentar su renuncia ante la Corte Suprema de Justicia.

 

Antecedentes del Fallo:

Lo primero que debemos dejar claro es que el Fallo se centra específicamente en respuesta a la Solicitud de Extradición de Estados Unidos por supuesto: “concierto para importar cocaína, intento de fabricar o distribuir cocaína e intento de importar cocaína”.

En este punto es importante mencionar que el sistema de justicia transicional instauró una figura que se conoce como “Garantía de No Extradición (GNE)”, que ampara a aquellos excombatientes que se hubiesen sometido a la Jurisdicción Especial de Paz por delitos cometidos durante el conflicto armado interno, o con ocasión de este, hasta su finalización (1 de diciembre de 2016).

Lo anterior fue avalado por la Corte Constitucional por cumplir un doble propósito: (i) brindar seguridad jurídica a los excombatientes y (ii) priorizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo acontecido durante el conflicto (Sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional).

Naturalmente, los delitos que hayan sido cometidos posterior a la firma del Acuerdo quedan excluidos de la GNE. Pero, sigue siendo la JEP la que debe determinar la fecha de comisión del delito para casos de extradición (Auto 401 de 2018 de la Corte Constitucional).

 

El Fallo:

El Auto 030 del 15 de mayo de 2019 de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) establece varias cosas interesantes sobre el caso Santrich y sobre el accionar de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.

Sumariamente, podríamos decir que la JEP otorga la Garantía de No Extradición a Santrich bajo una supuesta falta de pruebas. Lo que a su vez implica, por un lado, negligencia en el accionar de la Fiscalía y, por otro, irregularidades en la consecución de las pruebas por parte de las autoridades estadounidenses.

Sobre el primer punto, la JEP afirma que la Fiscalía no remitió todas las pruebas que decía tener sobre el caso Santrich y, además, que las pruebas que sí adjuntaba se encontraban incompletas y no permitían establecer la comisión de una conducta delictiva por parte del acusado.

Además, afirma la JEP, la Fiscalía habría “iniciado un juicio paralelo” cuyo objetivo era influir en la opinión pública colombiana haciendo que esta se formara unos prejuicios de culpabilidad sobre el acusado, sin tener las pruebas que decía tener en sus ruedas de prensa y sin que el trámite judicial culminara.

Pero, lo que resulta más intrigante del caso es lo referente a las irregularidades en la consecución de las pruebas por parte de las autoridades estadounidenses.

En esencia, lo que quedó demostrado en el Fallo es que la Fiscalía no solo no tenía las pruebas completas de la supuesta comisión del delito de Santrich, sino que además no había participado, aprobado o autorizado las diligencias adelantadas por las autoridades extranjeras en territorio colombiano.

En palabras de la JEP, resulta “jurídicamente inaceptable que las normas internas que demarcan garantías a favor de los ciudadanos e imponen obligaciones a las autoridades, solo deban cumplirse por las internas y no por las extranjeras”. Llegando incluso a calificar este accionar como un “atentado a la soberanía nacional”. Peor aún, llama la atención sobre la defensa que hace la Fiscalía al defender la actuación irregular de las autoridades de Estados Unidos en territorio colombiano, siendo claro que en Colombia “no pueden actuar, por falta de competencia, autoridades extranjeras o particulares bajo la dirección de aquellas, sin previa autorización de los funcionarios nacionales”.

Algunos se preguntarían, entonces, si ante el accionar irregular por parte de la Fiscalía cabría algún tipo de investigación o sanción disciplinaria. Ante lo cual, en el mismo Fallo “SE DISPONE la compulsa de copias disciplinarias, ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o Seccional de la Judicatura y la Oficina de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación, según sea el caso, dadas las irregularidades advertidas a lo largo de esta providencia”.

En este punto me parece necesario hacer una pausa y dejar claro que el fallo no establece en ningún momento que el delito no se hubiera cometido, sino que afirma que no hay pruebas suficientes para afirmar que sí se cometió y, por ende, para determinar la fecha de su supuesta comisión.

De hecho, la JEP va más allá en su falló y ordena que: “sean las autoridades judiciales nacionales (ordinarias o transicionales, según corresponda) las que investiguen los hechos sobre la base de elementos de prueba obtenidos legalmente”.

Razonable preguntarse lo siguiente: si la JEP ordena que se sigan investigando estos hechos, ¿por qué ordena la liberación de Santrich?

Ante lo cual la respuesta es muy sencilla: este proceso es exclusivamente en relación con la solicitud de extradición de Estados Unidos. Santrich no estaba siendo investigado por esta conducta en Colombia.

Hasta hace un par de días.

 

La Recaptura:

Ordenada la liberación de Santrich por parte de la Jurisdicción Especial de Paz y avalada esa decisión por el Tribunal Superior de Bogotá, sucedió un evento sumamente insólito. La Fiscalía ordenó la captura de Santrich por los hechos anteriormente mencionados y anexó evidencias que no se habían incorporado en el expediente de la solicitud de extradición.

¿Se podía hacer?

Sí, de hecho la JEP ordenó que esta conducta fuera investigada por las autoridades nacionales (ordinarias o transicionales).

¿Se hizo bien?

No, pues vulneró el debido proceso a la hora de recapturarlo.

¿Qué fue lo que se hizo mal?

Primero, la captura se hizo mientras Santrich tenía una “alteración en el estado de conciencia”. Lo que normalmente significaría que la captura se debe posponer puesto que vulnera el derecho que tiene el implicado a que se le informen de manera inmediata sus derechos.

Este “estado de alteración de conciencia” fue reconocido por el mismo Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Segundo, independientemente del nuevo proceso, tanto la JEP como el Tribunal Superior de Bogotá habían ordenado la liberación del acusado por la falta de pruebas en la solicitud de extradición. Lo anterior significa que antes de ordenar su “re-captura” el acusado debía gozar de una libertad efectiva. No obstante, la defensa de Santrich alega que no existió nunca una libertad efectiva, pues el implicado siempre estuvo en manos del INPEC y de la Fiscalía.

¿Y son válidas las nuevas pruebas de la Fiscalía?

Depende. Por un lado, no deja de ser extraño que estas nuevas pruebas se hayan presentado justo días después del Fallo de la JEP y no durante el proceso, lo que tal vez hubiera inclinado la balanza a favor de la extradición. Aunque, cuestionar la temporalidad en las que fueron presentadas las pruebas no pone en duda su validez.

Pero, si tomamos en cuenta lo descrito en la primera parte del artículo sobre el Auto 030 del 15 de mayo de 2019 de la Jurisdicción Especial de Paz, las pruebas recogidas por las autoridades estadunidenses habrían sido irregulares al no contar con una autorización de las autoridades colombianas competentes. Lo anterior plantea un gran interrogante, ¿resultarán válidas estas pruebas para el nuevo proceso siendo que ya hay un antecedente que las tilda de irregulares?

 

La Renuncia del Fiscal

Sin lugar a dudas, el Fallo de la JEP fue una bofetada directa al accionar de la Fiscalía General de la Nación de Néstor Humberto Martínez. No solo ganó en la disputa institucional por la competencia del caso y se pronunció en contra de la extradición, sino que además incorporó múltiples apartes en los que detalla irregularidades de la Fiscalía y, por si fuera poco, remitió dichas pruebas a las autoridades competentes para posibles procesos de sanción disciplinaria.

Aun así, resultan extrañas y peligrosas las palabras de partida del ahora Exfiscal, que instan a la ciudadanía a “movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto”.

Así culmina su última estocada al proceso de paz (¡gran estocada fue!). Hemos de reconocer la inteligencia y frialdad de quien usa su renuncia para generar un ambiente de desconfianza en la opinión pública ante un fallo en pleno derecho por parte del Tribunal que salvaguarda nuestro frágil proceso de paz.

Será competencia de la opinión pública seguir brindando legitimidad a la JEP ante esta nueva oleada de ataques y difamaciones.

Imagen: https://cnn.it/30F0gZJ

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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