Líderes sociales, una vocación en alto riesgo

En julio de 2017, escribí una columna de opinión en este mismo portal, exponiendo la grave situación de violencia que se presentaba en contra de los líderes y lideresas que a mi juicio son los verdaderos actores y veedores del proyecto de paz en Colombia. El panorama de aquel año dejaba en evidencia la problemática creciente de los asesinatos en lugares que históricamente han sido reconocidos por las disputas territoriales, el narcotráfico, el dinero  y la ausencia del estado.

En aquel momento expuse la necesidad imperiosa de que el gobierno demostrara un progreso en los métodos de evaluación de riesgo y en las medidas de seguridad para proteger  la vida y la función social de los líderes.  Ante esto, El director de  la Unidad  de Protección  de Victimas (UNP) afirmó que a 2019 son 4,300 los líderes que tienen algún tipo de esquema de seguridad siendo una cifra necesaria pero insuficiente para amparar la vida de estos defensores, todo esto si se tiene en cuenta que van 431 líderes asesinados desde el 2016 al 2018 de acuerdo a las cifras que maneja la defensoría del pueblo. Resulta justo expresar que esta labor de protección también le corresponde a las fuerzas armadas aunque la presunta participación de los agentes del estado, supone una esperada desconfianza hacia la labor de seguridad que puedan ejercer.

También afirmé como punto crítico, la necesidad de que la fiscalía mejorara la efectividad en sus procesos de investigación, mostrando datos concluyentes sobre el origen de las amenazas, los sucesos ocurridos, los intereses que esconden y los responsables de dichos actos de violencia. En relación con este aspecto, el gobierno Duque ante la presión de la comunidad y a regañadientes,  dice adelantar acciones desde distintos frentes a fin de construir medidas integrales de protección y de investigación. Lastimosamente, estas pesquisas siguen siendo poco efectivas en la prevención y el reconocimiento de los intereses que se esconden en estos actos sistemáticos, reduciendo las conclusiones frente a estos hechos de violencia a situaciones personales, líos de faldas o asuntos sin esclarecer. Aún más grave que esto, es el nombramiento polémico que desea hacer el gobierno Duque, del general Leonardo Barrero como director del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Periodistas (PAO). Y digo grave porque es de conocimiento para la comunidad, las denuncias judiciales hechas al militar por la supuesta obstrucción a las investigaciones de falsos positivos, su supuesta participación en una masacre y las presuntas estigmatizaciones que realiza de los campesinos acusándolos de guerrilleros.

Para este primer mes del 2019, el panorama comienza de manera desalentadora, revela que 7 de nuestros líderes vuelven a ser blanco de aquellos actores de violencia que se oponen a transformar los aires de guerra en los territorios. En los últimos tres meses 120 son los líderes asesinados en Colombia. Sin embargo, preocupa la atención diezmada que tiene el gobierno actual en esta problemática, tal vez porque prioriza otros objetivos como el intervenir en la situación de dictadura en Venezuela, que si bien ofrece puntos de popularidad a la imagen desabrida del presidente oscurece la realidad de violencia sistemática en nuestro país. Se equivoca el gobierno al pretender resolver la situación de los líderes con paños de agua tibia como recompensas, informantes y decretos sin tomarse el trabajo de analizar en profundidad los factores causales de este fenómeno estructural de violencia en cada una de estas zonas ya identificadas, a fin de generar una política de acompañamiento a los que se preocupan por las comunidades.

Nuevamente al revisar información sobre las posibles causas del asesinato de líderes hago un llamado al gobierno actual para que intervenga en: el reagrupamiento de disidencias de las FARC, fortalecimiento de las bandas criminales y la expansión del ELN en zonas como Catatumbo; la escasa gobernabilidad del Estado y la ausencia de fuerzas militares en las zonas de mayor influencia de las FARC antes de la firma del acuerdo; la disputa territorial por el control de la droga entre grupos al margen de la ley; la pasividad de las entidades de protección que no logra anticipar el riesgo en el que se encuentra el líder frente al accionar de los grupos criminales; el enfrentamiento por la tenencia de la tierra u oposición de terratenientes a la restitución; la estigmatización de los líderes con grupos políticos y disputa por la explotación minera.

Concluyo entonces haciéndole un llamado al actual gobierno a que gobierne sin banderas políticas, sin preconcepciones frente a esta situación y con la presencia que necesitan estos hombres y mujeres que entregan sus vidas para construir una realidad diferente. Me uno al director de Somos Defensores que afirma que las personas que tienen información para entender lo que ocurre sienten temor de denunciar y quedar expuestos a retaliaciones. Por esto es imperativo brindar los mecanismos de protección necesarios para defender al pueblo. Finalmente, considero importante el acompañamiento que instancias internacionales defensoras de derechos humanos, como la corte internacional de juristas arriben al país con el propósito de entender qué ocurre con la seguridad de las victimas del sistema de  verdad, justicia, reparación y no repetición.

Fuente imagen: www.elespectador.com

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

Deja un Comentario