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Un líder social, un objetivo militar

De acuerdo al informe presentado en el portal Somos Defensores sobre las agresiones contra líderes de DD.HH. en Colombia, fueron asesinados alrededor de 80 defensores en el 2016, el porcentaje de estas muertes se incrementó de manera significativa ya que en 2015 la cifra de muertes alcanzó 63 personas. Lo preocupante  es que transitando el inicio del segundo semestre de 2017 ya se cuenta con el dato de 37 líderes que han perdido la vida de forma sistemática en el país, siendo Antioquia (9),  Cauca (8), Meta, Cesar, Córdoba y Valle (3) los departamentos con el mayor número de muertos[1].

Algunos hechos y actores armados que se citan  a continuación evidencian el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley que se convierten en el principal actor armado que amenaza la vida de estos defensores. En primer lugar, Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en mayo enviaron un ataúd que contenía un panfleto y una cruz a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) establecida en Cali, siendo amenazados tres de sus líderes[2].  También, es de conocimiento lo ocurrido en el Cauca, uno de los departamentos con mayor número de líderes muertos, en el cual el grupo paramilitar las Águilas Negras utilizan panfletos amenazantes donde ofrecen varios millones por silenciar la vida de defensores de derechos humanos y líderes, argumentando además que es una forma de visibilizarse ante la comunidad y que el estado los reconozca como un actor de este conflicto[3].

Esta mirada general del problema pone de manifiesto como la violencia que va en aumento contra los líderes sociales, tiene como aliado el fenómeno de la reconfiguración de grupos paramilitares de extrema derecha que esperan asumir el vacío de poder y sus beneficios ilegales como resultado del acuerdo de terminación del conflicto entre el Estado ausente y el grupo desmovilizado de las FARC. Teniendo como base que el país ha presenciado como el final del conflicto armado con esta milicia no ha significado el fin de los hechos violentos en el país. Por el contrario, se presenta un continuo crecimiento del fenómeno de asesinato de los líderes sociales en el país en lo que va corrido del año y en los años anteriores, lo cual va a reafirmar un capítulo adicional en esta absurda historia de violencia del país.

Ante este panorama, es deber de todo ciudadano preguntarse cuál es entonces el papel que juegan nuestros líderes en estas nuevas dinámicas políticas y sociales que afronta el país. Es momento de despertar del silencio, rechazar rotundamente las acciones violentas y movilizarse para exigirle al gobierno y sus entidades que construyan estrategias eficaces de protección para los líderes, que  a fin de cuentas son protagonistas y garantes de que lo establecido en los acuerdos de la habana entre gobierno y FARC pueda cumplirse. Es inadmisible que pueda existir como posible intención frente a los asesinatos de líderes, atacar por las vías ilegales propias del paramilitarismo, un proceso de reconstrucción de la paz que logró salir de la falacia de la guerra militar. En este fenómeno del exterminio sistemático de líderes existen otras posibles causas como la disputa por el negocio del microtráfico, el poder que  está en juego en ciertos territorios, la corrupción y negligencia de las entidades del estado que empodera a los criminales, y la naturalización de la violencia en nuestra cotidianidad que deben ser tenidas en cuenta en las políticas públicas y en los planes de afrontamiento que establezca el gobierno para resarcir la situación.

Le compete entonces  al gobierno mejorar los procesos de evaluación de riesgo al que son sometidos los líderes para determinar si necesitan protección, ya que resultan desgastantes y en algunos casos no logran el cometido de salvaguardar la vida. Así mismo, se debe aumentar la efectividad de las investigaciones judiciales frente a las amenazas que proponen los actores armados, siendo claramente identificados sus representantes y definidos sus móviles. Aunque serían estos pedidos una obviedad resulta increíble que instancias gubernamentales como la Unidad Nacional de Protección haya calificado el riesgo de las amenazas de estos grupos paramilitares hacia los líderes como mínimas lo que no corresponde con la realidad. Prueba de esto es el caso del reciente asesinato de Bernando Cuero integrante de AFRODES, donde en un comunicado la UNP afirmaba que no existían hechos de relevancia que pusieran en riesgo la integridad del líder a pesar de amenazas y atentados previos que terminaron cumpliendo con el propósito de terminar con su vida[4].

Como posible conclusión podemos expresar que resulta fundamental que el estado pueda realizar integraciones reales entre sus instancias a fin de que se logre enfrentar de manera conjunta estos hechos violentos contra los líderes sociales judicializando a aquellos que están asesinando de forma sistemática no solo una vida sino una posibilidad de construir un camino diferente en este momento de transición del país. Es necesario evitar cualquier tipo de revictimización en especial a las minorías sociales, garantizando que no se repitan las formas de violencia del pasado y desmantelando estas organizaciones criminales que buscan el poder.

  * Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

Referencias

[1] http://lideres.pares.com.co/ fundación paz y reconciliación. Cifra de víctimas por región

[2] http://pacifista.co/amenazan-de-muerte-a-los-lideres-afro-de-cali/ amenazan de muerte a los líderes Afro de Cali

[3] http://pacifista.co/lider-advertido-no-muere-en-guerra-asi-amenazan-a-los-dirigentes-sociales-en-el-cauca/ “líder advertido no muere en guerra”

[4] http://pacifista.co/sabiamos-y-no-hicimos-nada-anoche-mataron-al-lider-bernardo-cuero/

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