Un lastre llamado corrupción

La prensa bogotana registró cómo el presidente de la República otorgaba la posesión de unos pozos petrolíferos en Barrancabermeja a un pariente suyo. Y no, no estamos hablando de Uribe o de Santos, estamos hablando de una noticia de 1905, época que en que el presidente era el general Rafael Reyes. Quizá también le sorprenda al lector saber que la gesta independentista de Panamá está lejos de ser un acto heroico de patriotismo: cuenta la historia que, ante la quiebra de la Compañía francesa del Canal de Panamá, algunos empresarios norteamericanos adquirieron a un precio muy bajo a la firma. Posteriormente hicieron un fuerte lobby ante el gobierno de los Estados Unidos, que finalmente compró un número considerable de acciones muy por encima de su valor inicial. En aquel entonces, J. P. Morgan sirvió de estructurador del negocio, junto a otros banqueros del floreciente Wall Street. Un paquete accionario que costó menos de 4 millones de dólares, terminó comprado por Washington en casi diez veces su valor.

Para la época, el presidente era Manuel Antonio Sanclemente, un bugueño de reconocida familia, que gobernaba desde Villeta dado que la altura de Bogotá le afectaba a sus casi 90 años. Entonces dejó a cargo a José Manuel Marroquín, un ilustre bogotano de ética opaca, que no estaba muy interesado en cooperar con los estadounidenses para lograr un tratado que permitiera, a cambio de una indemnización, explotar el Canal de Panamá. Durante casi un año se avanzó exitosamente en la negociación del acuerdo entre ambos países, sin embargo, fue bloqueado por Marroquín de forma inexplicable, ¿la razón? Aspiraba a hacerse con una tajada de los 40 millones de dólares que dejó el negocio financiero en Nueva York. Esencialmente, el presidente colombiano estaba chantajeando a los norteamericanos, presión que consideraron inaceptable, naturalmente. Así las cosas, el resto de la historia es conocida: agitaron a los panameños, movilizaron tropas y lograron que en noviembre de 1903 el departamento del Istmo se separara definitivamente de Colombia.

Este par de episodios de la historia colombiana nos deja como manifiesto una realidad inocultable: la corrupción no ha sido una característica reciente y parece que hemos coexistido con ella desde los orígenes mismos de la República. El tema de Oderbrecht, los Nule e incluso las irregularidades del Programa de Alimentación Escolar o el derroche de las regalías durante la bonanza de los precios del petróleo dan cuenta de un fenómeno sistémico, profundamente arraigado y que sugiere una lucha de largo aliento, porque todo apunta que los colombianos tenemos un problema con la legalidad: nos cuesta adaptarnos a ella. En estos días un conocido mío me llamó a consultarme si es correcto que su arrendador le cobre a partir del siguiente mes el canon mensual con el aumento autorizado por la ley, a pesar que contrato se renueva en abril. Le contesté que no es posible, que puede ajustar el canon en el contrato renovado, no antes, dado que el valor pactado se debe respetar durante la vigencia del actual acuerdo. La respuesta del arrendador era que o aceptaba el aumento -y le dijo que agradeciera que no es usurero y que le cobró el mínimo autorizado- o debía desocupar el inmueble. Estos fenómenos cotidianos son elocuentes para expresar lo mucho que nos cuesta respetar los contratos.

La lucha contra la corrupción no se ganará si la dejamos en manos de los políticos. Es un asunto que debe mover a los ciudadanos desde sus organizaciones de base; si bien celebramos que existan iniciativas como la del referendo contra la corrupción, impulsado por la Alianza Verde, dado que de cualquier manera es un aporte, estas propuestas se quedan profundamente cortas para enfrentar el monstruo de la corrupción, difícil de medir pero que por el indicador de Percepción que maneja Transparencia Internacional sabemos se ha mantenido estable en, al menos, las últimas dos décadas. Es decir, como sociedad no hemos sido efectivos para derrotar a la corrupción y la muestra está en que el mal se mantiene en sus proporciones descomunales. El país está en mora de ver iniciativas que conduzcan a mejorar el diseño y la vigilancia de los contratos, una reforma profunda del sistema electoral que privilegie la rendición de cuentas y mejore la información disponible para el ciudadano y de dejar de lado discusiones estériles bien intencionadas: es cierto que los corruptos necesitan castigo, los servidores públicos necesitan persuasión y los ciudadanos necesitan transparencia, pero reducir el salario de los altos funcionarios, aunque envía un mensaje positivo de austeridad, no necesariamente anula los incentivos para la corrupción. Ese lastre, presente en toda nuestra historia, debemos quitárnoslo con medidas realistas y contundentes.

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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