La transición

Después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC -EP el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón muchos colombianos percibíamos que lo más importante y a la vez sensible a partir de ese momento era la implementación del mismo.

El Estado colombiano tiene una fama bien ganada de incumplir acuerdos internos y lo que hemos visto en estos dos últimos años confirma que como Nación no hemos podido cambiar esa mala costumbre.

Inicialmente no se logró entregar a tiempo la infraestructura básica para que los guerrilleros se ubicaran en las “Zonas de Concentración”, lo que genero desconfianza en los guerrilleros rasos, y la mayoría de los proyectos productivos prometidos por el Estado no han logrado llegar a feliz término. Seguramente esa puede ser una de las razones por las cuales en estos dos años se han fortalecido las disidencias de las Farc.

Sumado a lo anterior cuatro de los seis puntos del Acuerdo van a medias. La reforma rural integral, la participación política, la solución al problema de las drogas ilícitas y las victimas han quedado en el tintero pues no hay voluntad política para avanzar en las transformaciones que el país necesita de manera urgente.

En este sentido, hay una responsabilidad compartida en algunos temas por parte del Gobierno y las Farc. En el punto relacionado con la solución al problema de las drogas ilícitas el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos cometió un error estratégico que en la actualidad compromete la seguridad del país. El permitir que los cultivos ilícitos crecieran de manera exponencial durante el período que duraron los diálogos de paz en La Habana trajo como consecuencia el aumento de la economía ilegal en la zona rural y la perdida del control del territorio. Hay información que sugiere que en el sector rural hay pleno empleo posiblemente gracias al aumento de los cultivos ilícitos.

La solución a este problema significa pensar en una estrategia integral en la cual se recupere no solo el territorio, sino que se promuevan proyectos que permitan que los campesinos puedan generar ingresos a partir de actividades legales, y eso requiere como mínimo de un periodo de varios meses en el cual puedan tener la ayuda económica  del Gobierno y de la comunidad internacional  para cambiar los cultivos ilícitos y generar otro tipo de actividades productivas que estén dentro de la legalidad.

Con respecto a este mismo tema está claro que las Farc se burlaron de todos los colombianos, pues nunca entregaron las rutas del narcotráfico y sus enlaces en el negocio. Sumado a esto seguimos sin conocer dónde esta el dinero que recibieron de dicha actividad ilegal.

Las víctimas, que son parte central del Acuerdo siguen en un segundo plano. No se puede uno imaginar el dolor que las Farc causaron a tantas familias durante muchos años debido a los atentados, secuestros, masacres y extorsiones a miles de colombianos. Muchas de esas terribles acciones siguen en la impunidad.

Reconociendo que después de la firma del Acuerdo de Paz el Estado no recupero las zonas en las cuales estaba las Farc, hoy en día hay una guerra por el control del territorio que ya ha dejado un número importante de lideres sociales de las zonas rurales asesinados. Esa situación nos debe doler a todos, por lo cual es necesario exigirle al Gobierno que tome las medidas necesarias para evitar que a los lideres sociales los sigan asesinando.

El punto que se refiere a la reforma rural toca los intereses de los grandes terratenientes y sus gremios quienes tiene en el Congreso de la República a muchos de sus voceros, por lo cual ese punto parece ser un saludo a la bandera.

En cuanto a la participación política, si bien es cierto que las Farc lograron asegurar 10 curules por ocho años, en las elecciones de 2018 se evidenció que por el momento no tienen muchos seguidores pues sacaron una votación que no supero los 100 mil votos. La necesidad de una reforma política estructural no despierta el interés de la clase política que se siente cómoda con las reglas de juego actuales.

A pesar de este panorama tan pesimista es necesario reconocer que el país se encuentra en una etapa de transición importante. Las muertes causadas por el conflicto armado han disminuido de manera notable y en la mente de los ciudadanos ya aparece de manera recurrente la palabra “paz”.

Dado que el Gobierno, las Farc y la clase política no han mostrado una verdadera voluntad para profundizar la implementación del Acuerdo de Paz, se hace necesario una mayor participación de la sociedad civil con el fin de hacer cumplir el Acuerdo.

Muchos de los guerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz están llegando a la periferia de las grandes ciudades a engrosar los cinturones de miseria. No podemos seguir reproduciendo la pobreza que a la vez se convierte en caldo de cultivo para la criminalidad y la violencia.

Teniendo en cuenta que el conflicto es dinámico, es necesario abordar este tema con un enfoque territorial que identifique y reconozca las realidades de las regiones en las cuales decidieron establecerse los antiguos guerrilleros y en los cuales están actuando las bandas criminales que se han venido apropiando de los antiguos territorios en los cuales estaban las Farc.

La transición hacia un país en paz no debe dar marcha atrás, por lo cual es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad en todo el territorio y el aporte en conocimientos y experiencia de una sociedad civil que debe ser más proactiva en la búsqueda de un país más equitativo y justo. Cada acción que aportemos en la construcción de la paz significa menos dolor y más oportunidades para todos.

Fuente imagen: www.elsalvador.com

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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