La implementación del Acuerdo de Paz en Colombia: Perspectivas y retos para la participación política de las mujeres

Una democracia sana puede medirse a partir de la existencia de garantías amplias para la participación política incluyente, libre de violencia y autónoma. Colombia ha experimentado por varias décadas diversas formas de violencia política, usada como estrategia para coartar el derecho de ciertos grupos poblacionales a participar en la toma de decisiones que determinan el futuro de nuestra sociedad. Con el ánimo de profundizar la democracia en el país e incluir en la arena política diversas fuerzas políticas surgidas a partir de la firma del Acuerdo de Paz, se elaboraron una serie de medidas especificas consignadas en el segundo punto de este.

Este apartado incluye el fortalecimiento de la participación del movimiento social de mujeres tanto en los consejos territoriales como en el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, órgano creado en 2017 como parte del acuerdo. El principal objetivo de este órgano es la puesta en marcha de acciones encaminadas a la promoción de la no estigmatización o discriminación de grupos en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres, comunidades étnicas, población LGBTI y minorías políticas, entre otros. Adicionalmente, se aborda la promoción de la reconciliación particularmente en las poblaciones víctimas del conflicto, el fortalecimiento de la construcción de presupuestos locales participativos con perspectiva de género, y la realización de una campaña nacional de cedulación, especialmente orientada a mujeres campesinas y de zonas marginadas (Herrera, 2019).

Las medidas consignadas en el acuerdo final contenían la promesa de mejorar las posibilidades de las mujeres de participar en política activamente, de fortalecer sus liderazgos territoriales y de promover el cierre de la brecha de género que existe en este tema en el país. Sin embargo, a poco más de tres años desde la firma del acuerdo final y el comienzo de la implementación la situación es compleja. Si bien se han alcanzado avances y se han destacado las acciones de diversos actores en relación con buenas prácticas en la implementación, simultáneamente existen desafíos claros que requieren acciones contundentes que provoquen cambios duraderos y significativos.

Participación política de las mujeres actualmente

 En las pasadas elecciones para el Congreso de la República que legisla desde 2018 y hasta 2022, las curules ocupadas por las mujeres solo representaron el 19.33%, esto representa 24 senadoras y 31 representantes a la Cámara. Por el contrario, los hombres corresponden al 80.07%, es decir 82 senadores y 139 representantes a la Cámara (Centro de Investigación y Educación Popular CINEP Programa por la Paz, 2019).

En relación con las elecciones regionales de 2019, se presentaron avances y retrocesos en cuanto a la promoción de la participación de las mujeres en política. Por un lado, durante el periodo 2020-2023 solo el 6.25% de los 30 departamentos es gobernado por una mujer, y el número de alcaldesas elegidas se redujo de 134 en 2015 a 132 en 2019, lo cual representa un 12% de los 1.101 municipios colombianos con liderazgo de las mujeres en el ejecutivo. Si bien es necesario destacar el logro histórico de que en ciudades capitales como Bogotá y Santa Marta se haya elegido a una mujer para el cargo más importante del ejecutivo (Hernández, 2020).

A pesar de la existencia de la Ley de cuotas de 2000, las mujeres continúan enfrentando diversas barreras para la participación política, lo cual se evidencia en el bajo número de candidatas para cargos de elección popular. Durante las elecciones regionales de acuerdo con Hernández (2020), para gobernación solo el 12.12% de los candidatos fueron mujeres y para las alcaldías el 15.2% lo cual demuestra que aún estamos lejos del alcanzar la paridad de género en la arena política.

Una de las medidas tomadas por el gobierno que puede contribuir a cerrar la brecha es el fortalecimiento de los liderazgos, conocimientos y capacidad de incidencia de las mujeres a través de las creación de un Plan de Promoción de la Participación Política, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente. Sin embargo, es preocupante que en este mismo se excluyeran las provisiones del Acuerdo de Paz, así como la falta de avances en la aprobación de la Reforma Política y de las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (Centro de Investigación y Educación Popular CINEP Programa por la Paz, 2019).

Avances y buenas prácticas en la implementación de la perspectiva de género en la participación política como parte del Acuerdo de Paz

De acuerdo con los datos disponibles el progreso en la implementación del punto correspondiente a participación política evidencia que un 35% de sus indicadores aun no han iniciado implementación, el 48% se encuentra en un nivel mínimo, el 13% en un nivel intermedio, y solo el 3% ha sido completado (Kroc Institute for International Peace Studies, 2019).

Fuente: Kroc Institute for International Peace Studies. (2019). Hacia la paz sostenible por el camino de la igualdad de género: II informe de seguimiento al enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Recuperado el 12/02/2020 de: https://kroc.nd.edu/assets/345128/120519_informe_genero_digital.pdf

En comparación con la implementación de la Reforma Rural Integral, el punto dos del acuerdo muestra mayores avances, sin embargo, se requieren medidas urgentes para avanzar en su implementación también. Dentro de los avances identificados hasta el momento es la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) que busca articular y coordinar estrategias para la prevención, protección y seguimiento en relación a riesgos que enfrentan quienes ejercen la política. En el centro de esta estrategia se encuentra un enfoque de DDHH y respeto por la dignidad humana. Si bien para garantizar su efectividad es fundamental que se articule con otros programas derivados del sistema y se haga transversal el enfoque de género, por ejemplo, a través del Plan de Acción Oportuna (Centro de Investigación y Educación Popular CINEP Programa por la Paz, 2019).

Un importante instrumento para transversalizar el enfoque de género en el SISEP es la adopción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos (PIGMLMDDH) a través de la Resolución 0845 del 14 de junio de 2018 del Ministerio del Interior, el cual debe iniciar su implementación inmediatamente para alcanzar sus metas (Centro de Investigación y Educación Popular CINEP Programa por la Paz, 2019).

Dentro de las buenas prácticas identificadas en el proceso de implementación del punto dos del Acuerdo de Paz se encuentran, por un lado, la Instancia Especial de Mujeres en la cual se encuentran representadas mujeres de diversos territorios que participan en procesos de base. Las mujeres a través de esta instancia han logrado hacer seguimiento a los puntos del acuerdo, suscribir un pacto relativo a la ruta de seguimiento a los planes de acción e indicadores del aparte de género con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Al igual han llevado a cabo ejercicios de pedagogía con mujeres en los municipios priorizados para los PDET contribuyendo al fortalecimiento de la incidencia territorial, y han creado espacios para las mujeres excombatientes sobre avances y desafíos en torno a su reincorporación (Kroc Institute for International Peace Studies, 2019).

Por otro lado, el establecimiento de veedurías ciudadanas de mujeres concernientes a la implementación del enfoque de género como parte del acuerdo de paz, no solo ha sido un mecanismo de participación importante para acercar a la ciudadanía a los procesos de gestión pública, sino también ha generado estrategias que la trascienden. Por ejemplo, mujeres de territorios en Magdalena, Cesar y el Sumapaz legalmente han constituido veedurías ciudadanas de mujeres lo que les permite acceder a información precisa sobre avances en la implementación y compararla con las comunidades, fortaleciendo tanto la implementación como la incidencia local (Kroc Institute for International Peace Studies, 2019).

 Desafíos en la implementación de la perspectiva de género en la participación política como parte del Acuerdo de Paz

La presencia de diversos actores ilegales armados que amenazan el ejercicio de la política en los territorios continúa siendo un desafío importante para avanzar en el fortalecimiento de los liderazgos locales en torno a la implementación del Acuerdo de Paz. Si bien a través del SISEP y de un Cuerpo Élite de la Policía se ha buscado desmantelar los grupos ilegales, las economías ilícitas continúan alimentando ciclos de violencia que afectan diferencialmente a las mujeres y la población LGTB, así como a los integrantes del partido FARC, estos grupos requieren de especial atención por parte del gobierno en todos sus niveles (Centro de Investigación y Educación Popular CINEP Programa por la Paz, 2019).

Aunado a las amenazas y el uso de violencia en el marco de la política, el enfoque de género no está siendo transversalizado adecuadamente como parte de los esfuerzos por garantizar los derechos políticos para mujeres y comunidad LGBTI, si bien existen mecanismos, normativas y políticas públicas especiales en relación al ejercicio efectivo de sus derechos civiles y políticos, se requieren mayores esfuerzos concertados en su implementación (Centro de Investigación y Educación Popular CINEP Programa por la Paz, 2019).

Adicionalmente, las organizaciones de mujeres continúan denunciando la preeminencia de una visión centralizada, ajena a las realidades y dinámicas propias de los territorios que impacta negativamente el diseño de las medidas de protección asignadas a lideresas en los territorios, que sumado a la escases de recursos financieros y humanos de la UNP obstaculiza la garantía efectiva de esquemas de protección para líderes y lideresas sociales (Centro de Investigación y Educación Popular CINEP Programa por la Paz, 2019).

 Este es uno de los ámbitos en los cuales las medidas son más urgentes debido al incremento exponencial del asesinato de lideres y defensores de derechos humanos en el marco de procesos de restitución de tierras, sustitución de cultivos y reparación a las víctimas. El ejercicio de defensa de derechos, de participación política y de liderazgo territorial se ha convertido en una sentencia de muerte para muchos hombres y mujeres que buscan la transformación pacifica de sus comunidades, y se ven expuestos a las represalias de diversos actores armados que buscan frenar luchas ancestrales.

En consecuencia, el gobierno, en su papel de garante de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos debe tomar medidas inmediatas, concertadas con las comunidades, adecuadas a los contextos locales y que incluyan un enfoque de género y de derechos humanos para mitigar la situación de violencia en los territorios.

Finalmente, las acciones gubernamentales emprendidas para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres deben estar orientadas a garantizar la elección de mujeres en cargos públicos, así como el ejercicio de su derecho al voto y a hacer seguimiento a la gestión pública, ejecución de programas y proyectos que las afectan directamente.

Referencias:

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP Programa por la Paz. (2019). Tercer informe de verificación de la implementación del Enfoque de Género en el Acuerdo Final de Paz en Colombia para los Verificadores Internacionales Felipe González y José Mujica Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC. https://www.verificacion.cerac.org.co/wp-content/uploads/2019/07/Tercer-Informe-de-Implementaci%C3%B3n-del-Enfoque-de-G%C3%A9nero-STCVI.pdf

Hernández, C. (2020). Colombia ¿Cómo vamos?: Women’s political and economic empowerment. Atlantic Council. https://atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/colombia-como-vamos-womens-political-and-economic-empowerment/

Herrera, A. L. R. (2019). Implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final con las Farc-EP: evolución, desafíos y perspectivas en razón del nuevo periodo presidencial 2018-2022. Via Inveniendi Et Iudicandi14(1), 91-128. https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/viei/article/view/4911

Imagen: https://bit.ly/2VIWg9c

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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