LA HORA DE LAS VERDADES

Una forma de interpretar e intentar comprender nuestra inverosímil realidad política, es reconociendo que estamos llegando a la hora de las verdades. Que todos los días asistimos a mayores y más escandalosas revelaciones, pese al intento de la mayoría de sus protagonistas políticos por ocultarnos sus actuaciones y evadir sus responsabilidades. Incluso, fugándose acrobáticamente como la excongresista Aída Merlano[1]. O, lo que es peor, pretendiendo eludir el cumplimiento de la ley como hace el partido Conservador, el abanderado del orden y las buenas costumbres, al resistirse a dejar la “silla vacía” de la curul de Merlano, obtenida con la compraventa de votos, ya demostrada judicialmente.

Las verdades del Acuerdo de Paz

En gran parte, esta coyuntura de verdades se debe al Acuerdo de Paz, el cual fue posible en virtud del reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno, en lugar de persistir en la pesadilla de una guerra sin cuartel contra el terrorismo. Una guerra tan profundamente degradada que el 81% de las víctimas fueron civiles y el 19% combatientes, según las rigurosas investigaciones realizadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, recopiladas en su informe “¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”[2], las cuales también pueden apreciarse en su desgarrador y hermoso documental “No hubo tiempo para la tristeza”[3]. Claro está que no hay acuerdo sobre el número de las víctimas y los horrores a que fueron sometidas, mucho menos sobre la identidad de los principales responsables. Por tal magnitud del horror, vivimos en un régimen político electofáctico que niega de tajo la democracia, pues en lugar de permitir contar las cabezas en elecciones libres y legales, permite cortarlas sin poder contarlas con certeza. Precisamente para evitar que  ello siga aconteciendo, el Acuerdo de Paz, en su quinto punto, definió un complejo y articulado Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición (SJVRNR), constituido por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Comisión de Búsqueda de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Dicho sistema debe contribuir a la desafiante labor de reconciliar la Justicia con la Paz, para evitar de un lado la impunidad total de los crímenes más graves y, de otro, la perpetuación de este conflicto, con su inadmisible e inagotable capacidad de generar más víctimas, por la obsesión de imponer una justicia draconiana y punitiva a los principales perpetradores de dichos crímenes.

El difícil equilibrio de paz con justicia

Y ese difícil equilibrio es la tarea más compleja que debe abordar la JEP. La clave para alcanzarla es que ante ella comparezcan todos los responsables de la barbarie del conflicto armado y cuenten la verdad completa sobre sus crímenes. Tanto los insurgentes, como los miembros de la Fuerza Pública, los altos funcionarios del Estado y los terceros particulares que los auspiciaron y financiaron.

No a las verdades parciales y a las polarizaciones criminales

Ya lo están haciendo los miembros del otrora Secretariado de las FARC-EP, pero han empezado a contar solo su verdad sobre los motivos y las justificaciones para la práctica generalizada y sistemática del secuestro de civiles y la toma de rehenes de numerosos miembros de la Fuerza Pública. Según sus palabras, los cometieron por la implacable lógica de la guerra, para ajustar cuentas con el enemigo y garantizar la financiación de su causa. Una verdad tan parcial, insuficiente e inadmisible, como esa búsqueda desesperada de resultados por parte de la Fuerza Pública que engendró los terroríficos falsos positivos, en cumplimiento de la Directiva O29 de 2005[4] y la mal llamada “seguridad democrática”. Sin duda, “La verdad es la primera baja en toda guerra”, como reza el proverbio inglés. Y esa verdad es que todas las partes en una guerra terminan degradando su propia condición y dignidad humana cuando la subordinan al triunfo de sus causas, sin importar su presunto carácter “revolucionario” o “democrático”. Por eso el heroísmo de los combatientes, tanto el del insurgente guerrillero como el del  soldado y oficial valiente, es tan peligroso y funesto. Todavía más en un conflicto armado interno como el nuestro, donde los civiles estamos en medio de la refriega, como sucedió en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, en el epicentro de la capital y de los poderes públicos, o en el periférico y horripilante de la iglesia de Bojayá, entre las Farc y los paramilitares. Pero es mucho más grave y deplorable que los ciudadanos tomemos partido apasionado en la justificación y pretendida legitimación de los crímenes de uno u otro bando. En la oda  triunfal de los líderes revolucionarios, elevados al pedestal de la Historia, o en la defensa visceral de los líderes democráticos, santificados en el altar de la inmunidad evadiendo la Justicia y avalando la intangibilidad e impunidad de sus delitos. Algo tan absurdo, como imaginar que Rodrigo Londoño (alias, Timochenko) merezca un monumento por su gesta guerrillera o que, su contraparte, Álvaro Uribe Vélez, deba ser consagrado héroe y salvador de la democracia, más allá de la verdad de los hechos, las pruebas de la justicia y del ordenamiento legal.

Ya lo había advertido lúcidamente Albert Camus, en su ejemplar ensayo “El hombre rebelde”: “A partir  del momento en que por falta de carácter corre uno a darse una doctrina, desde el instante en que se argumenta el crimen, éste prolifera como la misma razón, toma todas las figuras del silogismo. Era solitario como el grito; helo ahí universal como la ciencia. Ayer juzgado, hoy legisla”. Lo que hoy debemos afrontar como ciudadanía –en esta incierta transición cuando por primera vez en nuestra historia se emplaza a todos los victimarios para que nos cuenten la verdad de sus acciones y asuman plenamente la responsabilidad de las mismas frente a la sociedad y sus innumerables víctimas–  es si vamos a continuar aceptando que el crimen no sólo legisle sino que además continúe impunemente gobernando. Estamos llegando a la hora de las verdades y estas elecciones regionales son una buena oportunidad para emitir nuestro juicio, bien a favor de la complicidad de la política con el delito y la corrupción o, de su repudio y condena, aligerando así al sistema judicial y los órganos de control de una responsabilidad que casi siempre cumplen tardíamente. El próximo 27 de octubre vote a conciencia, no por conveniencia o animadversión.

[1] https://canal1.com.co/noticias/nacional/la-historia-oculta-de-aida-merlano-la-profuga-mas-buscada-de-colombia/

[2] http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf

[3] https://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w

[4] https://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo87344-directiva-ministerial-029-de-2005

Imagen: Revista Semana

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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