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LA DESIGUALDAD: EL GRAN RETO DE COLOMBIA

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Todas las estimaciones serias del asunto confirman esta afirmación. La extrema desigualdad es inconveniente, porque dificulta la construcción de confianza entre el capital y el trabajo, y porque hace más difícil la atención a necesidades básicas de la población a cargo de lo público. La solución no está en la propiedad pública de los medios de producción, que burocratiza la gestión y, con ella, la sociedad. Sin embargo, es claro que tampoco se puede dejar la gestión de la economía en las manos del mercado libre, sin actividad reguladora de buena calidad y sin emprendimiento público.

Algunos estudiosos consideran central el mal diseño del sistema fiscal colombiano, que no grava en forma adecuada a las personas naturales en forma proporcional y creciente según el nivel de ingreso, y en cambio es muy costoso para las sociedades comerciales en comparación con otros países. Esta circunstancia tiene efectos negativos claros. Sin embargo, es aún más penoso el hecho de que la diferencia entre la distribución del ingreso, medida por el coeficiente de Gini, antes de impuestos y después de impuestos (lo que se denomina ingreso disponible) sea ínfima. Esta situación apunta a una calidad pésima de gasto público. Si se usara bien la masa de recursos, así no se corrigiera en primera instancia el defecto de diseño, la capacidad de generación de ingresos de la sociedad como un todo aumentaría, sin reducir el patrimonio de los adinerados, pero con mejoras significativas en la calidad de vida y las perspectivas de los estratos más modestos. El capital se beneficiaría con el aumento de productividad y remuneración derivados de la buena gestión, pues la capacidad de consumo aumentaría en forma significativa, así los márgenes por transacción fueran incluso menores, y el problema crónico de la informalidad se reduciría a magnitudes mucho menores.

La revisión de los procesos públicos básicos lleva a concluir que el Estado en Colombia está diseñado para promover la corrupción: el legislador se vende por un plato de lentejas al ejecutivo, de manera que el sofisma de la separación de poderes en la práctica no tiene ninguna posibilidad de aplicación. La rama judicial tiene sesgos muy perceptibles, evidencia expectativa de remuneración privada por sus pronunciamientos, y trabaja con lentitud y mala calidad en general, pero el Legislador, sin verdaderos partidos políticos y sin claridad sobre su papel, no está en capacidad de reformarla. El análisis de la formación de la Corte Constitucional lleva a concluir que entes subordinados desde la perspectiva jurisprudencial participan en la selección de sus miembros.

El ejecutivo compra la anuencia de las otras ramas con recursos del presupuesto nacional, cuyo mal uso tiene un costo de oportunidad enorme, a tal punto que el beneficio de normas deseables puede ser inferior al costo de transacción en que se incurre para atender las exigencias del legislador y así lograr la aprobación de la iniciativa correspondiente. Los órganos de control son fuente de desorden y claramente innecesarios: el estudio de los indicios delictuales y el impulso de las causas penales ante la justicia corresponde a la fiscalía, y la evaluación de los errores e indisciplina de los funcionarios debe ser tarea integral de la administración.

El Estado moderno tiene muchas tareas: debe proveer buenas normas, justicia imparcial y seguridad. Debe atender el precepto ético de promover la igualdad de oportunidades a través del pooling (suma total) de riesgos en salud y buena educación con recursos públicos. Debe ofrecer protección frente a conductas restrictivas improcedentes, como las resultantes de prácticas monopolísticas abusivas, y cobrar por las externalidades negativas (el costo social no reflejado en los precios de mercado), procedente en el caso de consumos que conlleven contaminación ambiental. Además debe asumir un papel emprendedor, con iniciativas que solo él puede impulsar en las fases iniciales.

La tarea de producir buenas normas debe atender las necesidades del momento en forma apropiada; por supuesto, incluye la corrección del sistema fiscal, para adecuarlo más a las necesidades y así poder ofrecer servicios públicos (servicios cuyo disfrute por una persona no impide su disfrute por otras) de buena calidad a costos razonables. La tarea de juzgar debe tener en cuenta que los cambios de contexto y la evolución del lenguaje obligan a revisar los criterios aplicados a la interpretación de las normas. La integración de todas las sociedades en el proceso de globalización obliga a la revisión permanente del ámbito social, económico y ambiental del planeta.

Para atender sus tareas el Estado debe generar los recursos apropiados mediante excelente gestión pública en todos los frentes. El cimiento de la tarea es un conjunto de principios apropiado, diferente para distintas sociedades, pero ojalá compatible entre países afines, para facilitar su eventual integración institucional; en el marco liberal debe haber compromiso con la protección de derechos fundamentales y respeto por lo público. De la discusión de posibilidades entre los asociados debe surgir una visión compartida de sociedad, para cuya materialización se deben especificar estrategias. Para poner en ejecución las estrategias se deben diseñar procesos, y para atenderlos se deben definir estructuras de relación entre personas responsables de diversas tareas. Los retos de la humanidad hacia el futuro incluyen participar en la epopeya de lograr la supervivencia, hoy amenazada por factores ambientales y la existencia de armas de destrucción total, prevenir riesgos no imputables a la especie, y construir espacios de desarrollo individual que ofrezcan opciones decorosas para todos.

Lo que ocurre en Colombia es insostenible; la incapacidad de la gestión pública para mejorar la distribución del ingreso es inaceptable, y exige acción inmediata y radical. Sin embargo, la tarea no conlleva arrasar con lo existente, sino redefinir las reglas formales de relación entre los componentes del sistema institucional, y proteger lo bueno que puede contener cada uno de estos componentes. Lo importante es construir la visión colectiva en los distintos órdenes, nacional, regional y local, incorporar los mecanismos necesarios para su revisión sistemática y periódica, e impulsar la ejecución de la gestión en manos idóneas, sin líder individual con exceso de poder, y sin posibilidad de que los malos administradores, riesgo siempre presente, permanezcan en la labor. Debe haber autonomía regional para las estrategias pertinentes, y la regla de la sostenibilidad económica, social y ambiental debe respetarse.

Las complejidades del mundo de hoy obligan a ceder el espacio a personas de elección popular cuya profesión sea, en buena medida, la gestión pública, ordenadas en cuerpos colegiados, con capacidad para escoger a los responsables directos de la administración, acompañarlos en la ejecución y evaluar su desempeño. Quienes administren deben interactuar con líderes representativos de todos los estamentos sociales, y concertar el diseño de políticas económicas para cada ciudad-región con los empresarios en disposición de arriesgar capital en el empeño de construir riqueza mediante la participación activa en la materialización de la visión colectiva de la comunidad respectiva.

Esta concepción del Estado moderno es incompatible con los procesos públicos contemplados en la Constitución de Colombia, así los principios de la Carta sean acertados. Los procesos existentes contradicen los propósitos, y exigen revisión para que lo público cumpla sus cometidos e impulse la construcción de una sociedad menos desigual y más cooperativa. Se habla de reformar la justicia a través de una Asamblea Constituyente, pero no se acepta la necesidad de modificar la totalidad de los procesos básicos del Estado así el argumento se funde en la incapacidad del Congreso para hacer la tarea. Es mucho más fácil corregir el mal de raíz que convivir con procesos incongruentes, cuyas marañas hacen imposible el buen gobierno, vehículo a menos desigualdad y verdadera prosperidad. Toda Latinoamérica tiene problemas de corrupción, mala gestión y desigualdad, pero el caso de Colombia es extremo y merece tratamiento inmediato.

 

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

 

 

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