IVÁN DUQUE: PRESIDENTE OBJETOR Y PROCRASTINADOR

La primera responsabilidad de un buen gobernante es reconocer la realidad, no objetarla y mucho menos rechazarla. La segunda, afrontarla y no postergarla. Y el presidente Duque parece estar empeñado en eludir esas dos responsabilidades. Tanto en relación con la sanción de la ley estatutaria de la JEP, como con su impostergable presencia en el Cauca para que se levante el lesivo bloqueo de la panamericana por parte de la Minga indígena. Lo más grave de lo anterior, es que no parece ser un asunto personal, sino más bien una tendencia institucional y social. Casi que un sello distintivo de su estilo de gobierno y un hábito mental de sus seguidores. Una tendencia que nos puede llevar a un escenario de ingobernabilidad parecido al de Venezuela. En el fondo, todas las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP se reducen a la negativa visceral del Centro Democrático y de su “inteligencia superior”, Álvaro Uribe Vélez, de reconocer y aceptar la participación política de los excomandantes de las FARC en el Congreso de la República. Basta leer lo consignado en “Bases de un Acuerdo Nacional de paz”, documento que contiene todas las modificaciones propuestas por el Centro Democrático al Acuerdo de Paz firmado en Cartagena, después de su lánguido triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 por apenas 53.894 votos y una mayoritaria abstención del 63%, que procrastinó la continuidad de la violencia y la guerra. Allí se lee, en el punto 3.5 referido al fin del conflicto: “Las curules especiales que se otorgarán por 8 años a las FARC en el Senado y la Cámara de Representantes, no podrán ser ocupadas por personas que hayan sido condenadas por Delitos de Lesa Humanidad o delitos graves”. Tal es el propósito real de las objeciones y los Actos Legislativos que anuncia Duque. En otras palabras, ganar en el Congreso lo que no se pudo ganar en el campo de batalla, haciendo trizas la JEP. La realidad que se obstina cerrilmente en reconocer y aceptar el Centro Democrático es que es preferible el debate político a la contienda armada. Que más valen las palabras que las balas. Que mejor son las urnas que las tumbas. Por eso la senadora Paloma Valencia llama “narcoterrorista” a Pablo Catatumbo, pues es incapaz de reconocerlo como un contendor y adversario político legítimo, al igual que los seguidores de Catatumbo la señalan de “paramilitar”. Así las cosas, el Congreso se parece cada vez más una trinchera de odios y no un foro para el debate democrático, el cual rápidamente puede derivar en un campo de batalla fatal.

De otra parte, no va a existir impunidad total, pues estos senadores y representantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común están sub judice, se encuentran bajo la jurisdicción de la JEP, en donde deben decir toda la verdad para reparar a sus innumerables víctimas y deberán pagar penas restrictivas de libertad entre 5 y 8 años, según las sentencias de la JEP. De lo contrario, si mienten y no reparan, podrán recibir hasta 20 años de cárcel. Pero como la gobernabilidad de Duque es la del Centro Democrático, y no la de un presidente que representa a todos los colombianos y honra el Acuerdo de Paz, además de cumplir el artículo 22 de la Constitución: “la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos”, entonces objeta la realidad y procrastina la firma de la ley estatutaria. Hasta que las deliberaciones y decisiones de los congresistas vuelvan a la Corte Constitucional, donde se ratificará la constitucionalidad de todo aquello que vanamente objetó. Pasará entonces a la historia como el primer presidente objetor y procrastinador que una Corte Constitucional obliga a sancionar una ley estatutaria. Todo ello, porque carece de gobernabilidad para consolidar una paz democrática y, por el contrario, está empeñado en imponer una gobernabilidad autocrática, en contravía de realidad y el respeto de la legalidad, privilegiando así los intereses del Centro Democrático. Lo preocupante es que por estar procrastinando la urgencia de los acuerdos políticos con la Minga indígena  –como lo hizo torpemente con el movimiento de los estudiantes universitarios– ahora lo termine alcanzado la imprudencia de la fuerza y caiga en la soberbia y la ceguera del dictador vecino que tanto fustiga. Más aún, cuando cuenta con un sonoro corifeo gremial, social y mediático que lo anima a que gobierne con mano firme y corazón rabioso. Sería un lamentable contagio de inmadurez presidencial que ojalá no ocurra, para bien de todos, pero especialmente de los indígenas que ya se cansaron de tanto procrastinador presidencial. Llevan más de 500 años padeciendo como la historia y la política procrastina con sus vidas y sus sueños, a tal punto que ya varias comunidades están siendo alcanzadas y diezmadas por la muerte.

Imagen:https://bit.ly/2JZGunq

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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