Instituciones, seguridad y el imperativo por mejorarlas

Se acerca la entrega de la versión 2020 del Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Muchas dudas por resolver y seguramente al cubrir al menos la mitad de su edición con datos que reflejan los primeros efectos del coronavirus en los resultados, también vendrán muchas controversias. Pero un pilar en particular, el de instituciones o calidad de las reglas del juego, me genera muchas inquietudes por el mal desempeño que podría revelarse en la próxima edición del estudio para Colombia.

Éste es un indicador clave por qué su poder explicativo sobre la competitividad de nuestra economía y por consiguiente sobre la productividad del trabajo sobrepasa su efecto directo, ya que la calidad institucional, produce efectos indirectos notables a través de sus interacciones con los demás pilares de la competitividad. Por ello, el recrudecimiento reciente de la violencia en Colombia y el lamentable balance de esta violencia sobre la confianza de los colombianos en sus conciudadanos, en sus líderes y en la fuerza pública preocupan de sobremanera.

El balance de Colombia en el pilar institucional es muy malo. En la edición 2019 del Informe de Competitividad Global[1], nuestro país fue clasificado en el puesto 92 entre 141 naciones y es el peor de los 12 pilares de nuestra competitividad. A su vez, el pilar institucional está compuesto por muchos factores, entre ellos el de la seguridad y es allí donde peor estamos. Colombia clasifica en seguridad en el puesto 127 explicado por nuestro mal comportamiento en la lucha frente al crimen organizado, una elevada tasa de homicidios, alta incidencia del terrorismo y baja confiabilidad en los servicios policiales.

En este último punto, Colombia se clasifica en el puesto 107, un puesto muy malo, pero que es el mejor de los cuatro indicadores de seguridad antes mencionados. Es lamentable que donde deberíamos estar mejorando, comenzamos a ver con mucha preocupación serios retrocesos. Los hechos de Bogotá donde la Policía se ha visto involucrada en abusos en el uso de la fuerza destruyen los esfuerzos por mejorar la confianza de los colombianos en sus instituciones. Por ello, es urgente y estratégico que el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Justicia, de la mano con los gobiernos locales, inicien programas extensos e intensivos de formación de la fuerza pública en defensa de los derechos humanos y solución de conflictos.

Nuestros policías no dejan de ser hombres de carne y hueso que se pueden sentir amenazados en situaciones límites y por consiguiente responder con violencia de forma instintiva. Sin embargo, su formación consiste precisamente en controlar esos impulsos y a su vez en logar pacificar a los violentos por la vía de la disuasión y en última instancia a través del uso moderado de la fuerza. Los colombianos queremos recuperar la confianza en nuestras fuerzas policiales y mejorarla hasta ser el país número uno en estos rankings. Para ello, no queremos ver más casos donde la policía no hace nada por temor a la gente como en la tragedia de la explosión del 6 de julio en Tasajera (Magdalena) ni más casos de uso excesivo de la fuerza como ocurrió con Javier Ordoñez y los manifestantes del 10 de septiembre en Bogotá.

Para finalizar, un llamado a la solidaridad con las fuerzas policiales, recordemos que la inmensa mayoría de los policías no representa los casos extremos que hemos mencionado, sin embargo, no perdamos la oportunidad de reconocer que la capacitación continua es la mejor garantía de mantener las competencias refinadas y de garantizar que los valores fundamentales se mantienen vivos

 

[1] Klaus Schwab, WEF (2019) The Global Competitiveness Report 2019, p. 159.

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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