Fue un ataque al proceso de paz

La tormenta desatada tras la publicación de una serie de audios relacionados con el caso Santrich por el diario El Espectador, demuestra que hubo un actuar sistemático por parte de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez en contra del proceso de paz de La Habana. Hecho que tuvo como consecuencia una enorme pérdida de legitimidad y confianza, el rearme de una disidencia con dos cabecillas que hubieran podido estar hoy sentados en el Congreso de la República y, sobre todo, el empoderamiento de la horda uribista en su afán por torpedear el proceso de implementación del Acuerdo.

En la columna que publiqué hace aproximadamente un año (titulada: Néstor Humberto y Santrich) retrataba las irregularidades encontradas por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en el mencionado caso, que llevaron en últimas a la liberación del exguerrillero (hoy nuevamente guerrillero) y a la renuncia del polémico fiscal (hoy candidato a embajador, cortesía del Gobierno).

En resumen, el Fallo de la JEP planteaba que la extradición en el caso Santrich era improcedente porque no se contaba con pruebas suficientes para poder responder de forma favorable a las pretensiones de Estados Unidos. La razón de ello, no obstante, era bastante llamativa: la Fiscalía no había remitido las pruebas que decía tener del caso y, además, las pocas pruebas que sí adjudicaba se encontraban incompletas y no permitían establecer una conducta delictiva por parte del acusado.

Hoy, gracias a la labor de El Espectador, sabemos que existen más de 24 mil audios que se originaron en diferentes interceptaciones telefónicas, a pesar de que la JEP solo recibió, léase bien, 12 audios incompletos. Tamaña negligencia no puede ser considerada como tal y más bien demuestra un actuar cómplice e ilegal.

Pero, ¿por qué?

Bueno, la razón es bastante sencilla. Resulta que los audios revelados demuestran que la Fiscalía tenía conocimiento previo y, además, participó del operativo de entrega de drogas. De ahí que se hable de trampa (o entrampamiento, como prefieran).

En este punto, un agudo lector podría preguntarse por qué eso es relevante. Pues bien, la cosa es que en el ordenamiento jurídico colombiano los entrampamientos son ilegales. Es tan ilegal, que en las primeras declaraciones de Néstor Humberto tras la revelación de los audios se hace mucho hincapié en que la Fiscalía no participó en el operativo, ni tenía conciencia del mismo. Es tan ilegal, que eso permite explicar por qué la JEP solo recibió 12 audios incompletos en su momento y por qué hubo tantos escenarios irrisorios en la petición de pruebas a Estados Unidos (recordemos pues el pavoroso caso del correo perdido de 4/72).

Sería gracioso este absurdo intento por sabotear la paz, de no ser porque el golpe fue irreversible y culminó en una nueva disidencia armada que, aunque militarmente pequeña, simbólicamente perjudicó al Partido FARC, a la JEP y, en general, a todo el esquema de justicia transicional.

Adenda: ojalá el intento de premiación que le quiere otorgar el Gobierno Duque a Néstor Humberto se vea empañado por los debates de control político que tendrán lugar en los próximos días en el Congreso. Pero, pensándolo bien, este estilo de jugarretas ha sido tan aplaudidas por el Centro Democrático que me temo querrán premiarlo con algún detalle más apropiado para la ocasión.

Foto de Chris Rodriguez

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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