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Evaluar al gobierno de turno

Todo es del color del cristal con que se mire. Así, Sergio Clavijo, presidente de Anif, puso de presente en La República hace unas semanas la incapacidad del gobierno de Santos para mejorar la distribución del ingreso, reducir la elevada informalidad y abordar en serio el problema de calidad en educación. Luis Fernando Mejía, director de Planeación Nacional, argumentó en respuesta una muy leve reducción en el coeficiente de Gini, indicador para evaluar la desigualdad, invocó cambios normativos para impulsar la formalización laboral y defendió la instauración gradual de la jornada extendida y la construcción de muchas aulas en respuesta a la imputación sobre calidad educativa.

Está claro que la distribución del ingreso no mejoró mayor cosa; lo más grave es el nulo impacto del Estado: el coeficiente de Gini es igual antes y después de impuestos. Además, se mantuvo la relación perversa entre el Ministerio de Educación Nacional y la Federación Colombiana de Educadores; y como consecuencia, los procesos educativos a nivel básico no abordan las necesidades específicas de cada región, ni hay la necesaria articulación entre docentes, padres y madres de familia, y administración en cada institución.

Como el punto de partida es tener docentes apropiados, es preciso evaluarlos, remunerar a los idóneos en forma que la profesión atraiga talento, y terminar la relación con quienes no evidencien el conocimiento requerido. La construcción de mega colegios, estrategia preferida para atender las necesidades adicionales derivadas de la jornada extendida, es nociva para la formación de relaciones sociales sanas: las entidades de educación básica no deben exceder los mil alumnos y deben quedar cerca de los sitios donde viven los estudiantes para integrar a las respectivas familias, en línea con el propósito de facilitar la educación desde el nacimiento hasta la muerte. La informalidad es del orden de 50%, valor absurdo.

Ninguno de los dos análisis aborda lo más importante: la mala calidad del gasto público, consecuencia del inapropiado conjunto de reglas con las cuales se administran los procesos públicos. El mal diseño promueve desperdicio y orientación al corto plazo. Uribe impulsó su candidatura en 2002 con la promesa de luchar contra la politiquería, conquistó el respaldo popular en sus primeros meses, y evitó enfrentar el problema. Más bien, convivió con los politiqueros, buscó la reelección, y después le apostó a la permanencia de sus directrices con la candidatura de su allegado más cercano. Por su parte, Santos impulsó la negociación con las Farc a espaldas de su antiguo jefe, quien se sintió traicionado; después quedó en evidencia que el Estado no se había preparado para las tareas que los acuerdos entrañan.

Ambos gobiernos, como los anteriores desde 1991, fueron víctimas del mal diseño. Uribe mejoró la gestión del ejército y del petróleo, y ello benefició a Santos, sobre todo entre 2010 y 2014, cuando el precio de los hidrocarburos estuvo muy alto. Santos mejoró la institucionalidad para proveer infraestructura, pero no ejecutó lo necesario. Además, cercenó los recursos para ciencia, tecnología e innovación, lo que hace más difícil el futuro. Ningún gobernante desde 1991 ha impulsado la revisión de las instituciones básicas, que son inadecuadas. El gasto público ha crecido mucho, pero los programas sociales son mediocres y enfrentan serias amenazas. Es hora de arreglar la nave y enderezar su rumbo. El reto es para todos.

 

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la Corporación Consorcio Ciudadano.
** Publicado en LaRepública

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