¿Está en peligro el Acuerdo de Paz?

Mucho se ha escrito sobre las objeciones del Presidente Iván Duque a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y sobre el paquete de Reformas Constitucionales que pretendería introducir en la agenda legislativa de nuestro Congreso. No obstante, pareciera que dichos análisis pecan por reducir el debate a una sola dimensión del problema o por elevar la discusión a niveles técnicos imposibles de entender para la mayoría de los ciudadanos.

Así las cosas, me propongo explicar dos dimensiones que están en juego en esta nueva iniciativa del Gobierno: (i) la dimensión jurídica y; (ii) la dimensión política. De igual forma, resulta importante diferenciar, por un lado, las Objeciones a la JEP y, por otro, las Reformas Constitucionales que se pretenden pasar por el Congreso.

Objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP – Dimensión Jurídica:

  1. ¿Dejará de funcionar la JEP?

Lo primero que resulta importante entender es que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) existe desde la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2017 y seguirá existiendo hasta tanto no se modifique la Constitución Política de Colombia (proceso que a simple vista no tiene que ver con esta coyuntura).

Lo que se puso en entredicho con las objeciones fue el Proyecto de Ley Estatutaria que planteaba las bases regulatorias de la JEP lo cual, paradójicamente, no determina su existencia.

Como la Jurisdicción Especial de Paz sigue existiendo independientemente de la aprobación de su base regulatoria, debe ella misma crear y diseñar un sistema de reglas y procedimientos que le permitan cumplir con el deber constitucional consagrado en el Artículo Transitorio 5° del Acto Legislativo 01 de 2017:

“()… satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana; proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable y duradera; y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno mediante la comisión de las mencionadas conductas…()

No obstante, que la JEP siga funcionando por cuenta propia para dar cumplimiento con su deber constitucional, no exime al Congreso de resolver, al menos en teoría, las objeciones interpuestas por el Presidente de la República y volver a surtir una serie de debates que incorporen o rechacen tales objeciones.

Hasta aquí tenemos la parte simple. Ahora intentaré explicar lo complejo:

 2. ¿Esto es un choque de trenes a nivel institucional?

El otro debate jurídico que se ha generado es sobre si el Presidente de la República se extralimitó en sus funciones al presentar las mencionadas objeciones y si esto puede poner en peligro nuestro sistema de división de poderes.

Para entender este asunto, debemos comprender que las Leyes Estatutarias tienen una jerarquía superior a las Leyes Ordinarias en tanto son creadas para regular los derechos más importantes consagrados en la Constitución Política Colombiana.

Así las cosas, sus procesos de trámite legislativo son distintos y ello hace que lo que ahora vamos a discutir no aplique para la mayoría de las Leyes que pasan por el Congreso.

Resulta que una vez el Congreso de la República debate y aprueba un Proyecto de Ley Estatutaria, esta debe pasar por un ‘control de constitucionalidad’ en la Corte Constitucional, a través del cual se determinaría si el texto cumple o no con el espíritu de nuestra Constitución Política. De ser aprobada, dicho Proyecto de Ley Estatutaria pasaría al Presidente de la República para que la sancione y así entre en vigor.

El Presidente tiene la facultad para objetar ‘total’ o ‘parcialmente’ un Proyecto de Ley Estatutaria por razones de ‘conveniencia’, más no por razones de ‘constitucionalidad’ (pues, si tenemos presente el proceso anteriormente mencionado, sería evidente que la Corte Constitucional ya hizo un veredicto sobre su pertinencia y validez constitucional).

Imagino que ya es posible ir dilucidando por dónde va el debate.

La pregunta que se hacen muchos juristas es si las objeciones que presentó el Presidente Duque son realmente de ‘inconveniencia’ o si son ‘objeciones de constitucionalidad disfrazadas de conveniencia’.

 Si el escenario fuese el primero, el Congreso deberá volver a debatir el Proyecto de Ley Estatutaria y decidir, autónomamente, si incorpora las objeciones presidenciales o si deja el texto original y exige la Sanción Presidencial.

Si fuese el segundo escenario, el Congreso estaría impedido para debatir las Objeciones del Presidente y todo este asunto habría sido una extralimitación de poderes, en un intento por subvertir los procedimientos institucionales establecidos.

Objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP – Dimensión Política:

Abordado ya el debate jurídico, considero pertinente que analicemos las implicaciones políticas de lo acontecido:

  1. Es la primera vez que un Presidente decide objetar un Proyecto de Ley Estatutaria bajo la actual Constitución Política de 1991.

Esto es ante todo un mensaje político: el Presidente Duque no tiene ningún problema en innovar y potencialmente extralimitarse para adelantar su agenda política en relación con el Proceso de Paz.

2. Las Objeciones son contrarias a las interpretaciones de la Corte Constitucional sobre el Acuerdo de Paz

Como bien expresa el Exministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, en su columna titulada: Canciller, CPI y JEP, las objeciones planteadas por el Presidente van en contravía de lo resuelto por la Corte en su examen de constitucionalidad del articulado de la Estatutaria.

Lo anterior nos hace suponer que, incluso si el Congreso decide incorporar las objeciones dentro del Proyecto de Ley Estatutaria, es bastante probable que la Corte Constitucional declare que el nuevo texto es inexequible (inconstitucional).

Entonces, nos preguntamos, ¿por qué el Gobierno se expone a una situación sui generis en la cual pone en tela de juicio la legitimidad de sus acciones ante unas objeciones que bien pueden ser eliminadas nuevamente en una segunda revisión de constitucionalidad de la Corte?

¿No es acaso absurdo sacrificar un capital político tan alto ante una empresa que no generaría ningún resultado?

Tal vez podamos responder esa pregunta con la tercera parte de este artículo, que versa sobre las Reformas Legislativas anunciadas por el Presidente.

3. Firman dos partes, incumple una

El Acuerdo de Paz es, ante todo, una negociación que puso fin a un conflicto armado muy violento entre dos actores antagónicos. Cualquier discusión sobre el Acuerdo (incluyendo la discusión sobre la financiación de proyectos productivos, la discusión sobre el funcionamiento de la justicia transicional o, en general, sobre la implementación) debe tener presente que las FARC – EP realizó una entrega voluntaria de todo su poder de negociación (sus armas y control territorial) confiando que el Estado Colombiano (incluyendo todas las ramas de poder público) cumpliría con lo pactado.

¿Qué confianza genera un Estado que incumple su palabra una vez que culmina un proceso de negociación?

Pensemos un momento lo que esto puede implicar para futuros procesos de paz con los grupos armados que aún operan en el territorio, ¿aceptaría alguno de estos grupos entregar sus armas después de ver semejante referente? ¿Genera esto incentivos para que los desmovilizados decidan rearmarse?  ¿Volveríamos a tener garantes internacionales como Noruega o Cuba que presten sus buenos oficios en otros procesos de negociación? ¿Confiará la comunidad internacional en la palabra del Estado Colombiano?

Los intentos del Gobierno del Presidente Iván Duque de modificar el Acuerdo de Paz no solo son polémicos porque van en contravía a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia (particularmente al Acto Legislativo 02 de 2017 que obliga a los próximos tres gobiernos a respetar la estructura del Acuerdo de Paz), sino que además son un mensaje claro para las demás estructuras armadas de Colombia: lo pactado entre dos partes puede ser modificado unilateralmente por el Gobierno, si así lo decide.

Reformas Constitucionales

Aparte de las objeciones, el Presidente Duque anunció su intención de presentar una Reforma Constitucional que modifique el Acto Legislativo 01 de 2017 en tres aspectos que, según dice, mejorarían la implementación de la Jurisdicción Especial de Paz:

  • La exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Justicia Transicional;

 

  • Incorporar un artículo que establezca que los reincidentes de delitos perderán todos los beneficios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y

 

  • Crear una disposición constitucional que entregue a la justicia ordinaria la competencia de los delitos de ejecución permanente iniciados antes del 1º de diciembre de 2016.

Lo curioso de este asunto, es que dichas iniciativas ya habían sido incorporadas al Proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz y fueron desestimadas por la Corte Constitucional por ir en contravía de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2017.

¿Significa esto una declaración pública de que el Gobierno no acata las interpretaciones que hace la Corte Constitucional sobre el Acuerdo de Paz?

Probablemente.

¿Es viable modificar el Acuerdo de Paz mediante Reformas Constitucionales?

Es difícil resolver esta cuestión, pues técnicamente existe un Acto Legislativo (el 02 de 2017) que protege al Acuerdo Final de Paz durante tres periodos presidenciales; Acto Legislativo que fue declarado exequible (constitucional) por la Corte.

No obstante, muchos juristas sostienen que toda Ley (incluyendo los Actos Legislativos) puede ser modificada a partir de procesos similares y que el llamado blindaje de la paz (el Acto Legislativo 02 de 2017) no es otra cosa que un esperpento jurídico inaceptable.

Finalmente, quisiera dejar expresada la pregunta que más me mortifica: ¿este sería todo el alcance de la Reforma Constitucional que propondrá el Gobierno o en el camino podrán ser anexadas nuevas “mejoras” que nazcan de las ocurrentes ideas de la bancada uribista?

Addenda:

Varios medios de comunicación han alertado el día de hoy que la Corte Constitucional podría pronunciarse en contra de las objeciones del Presidente Iván Duque. Sea esta la oportunidad para rodear a nuestra Corte Constitucional y seguir en la defensa de nuestro Acuerdo.

Fuente imagen: https://bit.ly/2FeeVkP

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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