ESCENAS VERDADERAS EN UN TINGLADO ELECTOFÁCTICO (Tercer Acto)

Los más recientes escándalos de la actualidad política nacional reflejan plenamente la esencia de nuestro régimen electofáctico: la simbiosis entre la política, el delito y la criminalidad, con dos protagonistas situados en los extremos ideológicos del teatro político: Jesús Santrich, de la FARC, y Andrés Felipe Arias, del Centro Democrático. Lo que tienen en común, además de proclamarse inocentes y perseguidos por la justicia  –como suele suceder con todo político investigado— es que su actividad política ha estado directa o indirectamente vinculada con el crimen y la ilegalidad. Y que cada uno de ellos ha intentado evadirla con relativo éxito.

De “buenos” y “malos” delincuentes

Pero las diferencias son notables y hasta cruelmente irónicas, pues ambos están signados por la extradición y la justicia norteamericana, más que por la colombiana, hasta ahora impotente en su ejercicio y eventual castigo. “Uribito” se fugó de la justicia colombiana, terminó en una cárcel norteamericana y fue extraditado a Colombia. Santrich hizo lo mismo, pero para eludir la justicia colombiana y su eventual extradición a cárceles norteamericanas. Arias, tiene sentencia ejecutoriada por 17 años de cárcel, pero clama por el derecho a una segunda instancia, bien para lograr una remota absolución o una sustancial rebaja de penas. Lo cual no obsta para que reciba un tratamiento especial, como delincuente “bueno”, privilegiado y de primera clase, al punto que los medios de comunicación no pudieron cubrir su llegada a Colombia –atentaría contra su honorabilidad– y que su reclusión o paradero sea la Escuela de Caballería de Bogotá. Una paradoja propia de un Estado electofáctico, sus guarniciones militares terminan albergando, con comodidad y privacidad, a los “buenos muchachos” condenados por delitos contra la administración pública. Sabas Pretelt, por contribuir al cambio de un articulito de la Constitución, pagó cerca de 6 años en la Base Naval de Cartagena y Diego Palacio, en la Escuela de Caballería. Pareciera que los delitos relacionados con Uribe fueran menores, insignificantes, eufemísticos, como los “falsos positivos”, o hasta inexistentes, como  sucede  en el caso personal del “presidente eterno”. Tal es el tratamiento dado a los “buenos delincuentes”, que contrasta con el destinado a los “malos delincuentes”, los opositores y desertores, como Santrich, por quien hay una oferta de cerca de 3 mil millones de pesos. Y después dicen que el crimen no paga o quizá se trate, más bien, de una versión naranja del “que la hace la paga”. Ironías propias del maniqueísmo punitivo, que da trato diferente a los delincuentes, según sean “buenos” o “malos” muchachos, así como hay “ciudadanos de bien” y otros del “mal”, si están a la diestra o la siniestra de quien gobierna. Para los primeros, discreción, presunción de inocencia y respeto, para los segundos, escarnio, ensañamiento y condena.

Una Justicia política a la medida

En fin, una justicia a la medida de la importancia y del rol político de los “buenos” delincuentes. Tanto para los de extrema derecha y ahora, con estupor e indignación de estos, también para  sus contradictores de la otrora extrema izquierda, quienes hoy son sus colegas en el Congreso y prácticamente tienen a esta corporación por cárcel, en tanto cumplan con la JEP, digan toda la verdad y reparen a sus víctimas, según lo establecido en el Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición del Acuerdo de Paz.

Quizá por eso hace tanto ruido la necesidad de que el Congreso de la República consagre la retroactividad en la aplicación de la segunda instancia para todos. Así, cubriría a quienes todavía pagan condenas por parapolítica y probablemente a los que ya la pagaron “injustamente”, como también a tantos condenados en el proceso 8.000. De imponerse esta especie de “justicia política retroactiva y a la medida”, entraríamos en un cuarto acto de nuestro vergonzoso tinglado político, que bien podría titularse con luces centellantes: “Transando impunidades”. Otra característica propia de nuestro régimen electofáctico.

“Hay que tumbar el régimen”

Tal régimen fue descrito por Álvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d,) con exactitud premonitoria en entrevista publicada en el número 303 de la revista Diners, en junio de 1995, cuando señaló que “es todo régimen opresivo, que está usufructuando los gajes del poder, y que naturalmente no se quiere dejar modificar, que no le importa que haya leyes porque está por encima de ellas. El régimen transa las leyes con los delincuentes y por eso concluía: “El mal no está en las sábanas. El mal está en el régimen, que todo lo corrompe. Lo de fondo es tumbar el régimen”. Quizá por ello el régimen se apresuró a matarlo. Y este régimen seguirá matando impunemente, en la mayoría de los casos, a quienes se opongan a los poderes de facto y sus dinámicas electofácticas. Dinámicas que tienen origen tanto en las frondosas y prósperas economías ilegales (narcotráfico, minería depredadora, deforestación, contrabando, lavado de activos) como en las muy legales de Odebrecht, financiando campañas presidenciales de ganadores (Santos) y de perdedores (Zuluaga). Pero sobre todo auspiciando y encubriendo penumbrosas relaciones entre miembros de la cúpula gubernamental con empresarios o inversiones en Zonas Francas, como la de los jóvenes y emprendedores hijos del “presidente eterno”. Pero mejor no hablar del pasado, cuando en el presente la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, participa en negocios tan legales y prósperos como el Banco de Sangre Hemolife. Banco que, según investigación de José Roberto Acosta, publicada en El Espectador[1] el pasado sábado 13 de julio, “es una fundación que reportó $19.000 millones en venta en 2017 y cuyo actual presidente es su esposo, el señor Miguel Rueda, hermano de la activista-periodista María Isabel Rueda. La ministra Gutiérrez también aparece como subgerente de la sociedad Principia Médica S.A.S, donde su esposo es el único accionista”. Todo lo anterior, anota Acosta, “violando el artículo 8 del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) y sin que la ministra del Interior haya revelado su conflicto de intereses, como lo ordena la ley 1434 de 2011. Además, la ministra participó en el Conpes 3956, que redujo trámites para que el Invima otorgue registros sanitarios a empresas como Principia Médica S.A.S y también participó en el Conpes 3957, que prevé destinar $179.000 millones de recursos públicos a empresas como Hemolife”. Grave denuncia que deberían investigar su veracidad órganos de control como la Procuraduría General de la Nación y la misma Contraloría, además de ser objeto de un debate de control político en el Congreso. Este pasaje no deja de tener una enorme carga de drama bufonesco en un gobierno con consignas y banderas como la Transparencia, la Legalidad y “el que la hace la paga”. Una magnífica oportunidad para  que Duque demuestre que es un genuino Presidente y no un gracioso y joven bufón de un Palacio situado en un tinglado electofáctico que, tras bastidores, dirigen y usufructúan banqueros, empresarios y poderosos personajes vinculados con la política y el crimen impune. Parece que la función de verdad apenas va a empezar.

[1] https://www.elespectador.com/opinion/los-negocios-de-la-ministra-del-interior-columna-870699

Imagen: https://bit.ly/2JCIXCp

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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