ESCENAS VERDADERAS DE UN TINGLADO ELECTOFÁCTICO (Segundo Acto)

Antes de que caiga el telón del primer acto sobre el tinglado del Congreso, conviene hacer un recuento de sus principales actores, aquellos más estrechamente relacionados con los poderes de facto del narcoparamilitarismo y también con el protagonista estelar del poder presidencial, Álvaro Uribe Vélez, entre el 2002 y el 2010. Empecemos por quienes representaron el sainete tragicómico de la parapolítica y ocuparon fugazmente sus curules, siendo  trasladados del rutilante escenario del Congreso al penumbroso y confortable de pabellones carcelarios exclusivos, como auténticos criminales privilegiados. Para ello, nada mejor que el riguroso informe que aparece en el portal La Verdad Abierta, bajo el título de “La curul a la cárcel”, donde señala que en seis años de investigación, la justicia condenó por parapolítica a 60 congresistas, cuya inmensa mayoría hizo parte de la coalición de gobierno uribista (https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/). Al respecto, el profesor e investigador Javier Duque, en su libro “Las urnas contaminadas.  Elecciones, fraude y manipulación en la democracia colombiana 1990-2015”, concluye: “De los 265 congresistas elegidos en 2002 al menos 50 ganaron sus curules con el respaldo económico y militar de organizaciones criminales narcoparamilitares en 15 de los 32 departamentos…Como se mencionó, Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares, así como ex congresistas y excandidatos, coincidieron en la versión según la cual la elección presidencial de 2002 se vio infiltrada por estas influencias ilegales” (Duque, 2017, p. 299). De allí que el Congreso  entre el 2002 y el 2010 haya sido más un tinglado electofáctico que una instancia de representación democrática, diseñada y decorada en gran parte por los poderes de la narcoparapolítica, sumados a los del clientelismo y el mercadeo electoral de la compraventa de votos, exceptuando un número escaso de congresistas, representativo del minoritario voto de opinión. Y todo ello aconteció bajo la bandera de Uribe y su lucha “contra la corrupción y la politiquería”, durante sus dos administraciones. Fin del primer acto y comienzo del segundo.

“Voten mientras no estén en la cárcel”

Tanto fue así, que el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez, en la instalación del congreso de la Federación Nacional de Cafeteros, exhortó a los congresistas que votaran sus proyectos de ley “mientras no estén en la cárcel”, como se puede observar en este esperpéntico video  https://www.youtube.com/watch?v=B0qW21fXioo. Hay que abonarle a este actor estelar del poder presidencial  –a quien concedió Iván Duque el laudatorio título de “presidente eterno”—su sinceridad. Una  sinceridad extraña en su talante antioqueño, tan dado a presumir honestidad y virtud pulquérrima, pero que resume muy bien su ingeniosidad y capacidad política para metamorfosear un espacio parlamentario –superando incluso la imaginación literaria de Kafka– en un privilegiado y exclusivo régimen carcelario, dispuesto para los congresistas de su coalición de gobierno. Este pasaje de la política nacional nos revela muy bien la versátil y verdadera identidad de los principales protagonistas de nuestro sistema político. Una identidad mutante, pues ellos logran integrar en sus roles como presidentes, congresistas y hasta magistrados de las altas cortes judiciales, lo legal con lo ilegal y lo legítimo con lo ilegítimo, que es la esencia del régimen político electofáctico. Por eso no fue fortuita la rápida extradición de los 12 comandantes paramilitares, cuando Salvatore Mancuso y sus colegas empezaron a revelar ese tinglado criminal del Congreso, producto de votos tutelados, coaccionados y ensangrentados. Mucho menos esa decisión presidencial fue inspirada por la entereza moral y la fortaleza de Uribe, sustentada supuestamente en su lucha contra el narcotráfico, como una coartada perfecta para ocultar el trasfondo criminal de la elección de sus copartidarios en el Congreso y la suya propia. Más bien fue todo lo contrario. Fue inspirada en la necesidad imperiosa de ocultar la ilegitimidad de ese Congreso, que a la postre podría afectar gravemente la de su propio mandato, haciendo así cada vez más incierta su gobernabilidad, pues quedaría al desnudo su raigambre criminal y revelaría su ilegitimidad democrática. Algo que no podía repetirse después del proceso 8.000 y que limitaría el alcance de su cruzada por la “seguridad democrática”, contra la politiquería y el narcoterrorismo de la “Far”, según sus propias palabras. Sin embargo, no hay que olvidar que su reelección en el 2006 fue posible cambiando un “articulito” de la Constitución, que les costó a sus ministros de Justicia, Sabas Pretelt y de Salud, Diego Palacios, varios años de cárcel por el delito de cohecho. Una paradoja propia de un régimen electofáctico, una “legitimidad” política derivada de una ilegalidad, que sólo se explica por el predominio de la opinión, expresada en las urnas, frente a un Estado de derecho impotente ante el delito. No es una casualidad, entonces, que ahora el senador Uribe exprese que el Estado de Opinión es la fase superior del Estado de derecho, una falacia propia de su inventiva política, parecida a aquella según la cual la JEP es una justicia de impunidad. Ambas afirmaciones son todo lo contrario. Su Estado de opinión arrasa con el Estado de derecho y su cruzada por desmantelar la JEP asegura la mentira y la impunidad, como fuentes de una espuria legitimidad democrática.

Poder presidencial electofáctico

Pero no solo la integración del Congreso ha sido el resultado de diversos poderes de facto, tanto de los legales, mediante la financiación de campañas políticas (recientemente Odebrecht), como de los ilegales, coaccionando criminalmente o intimidando con finalidades políticas (narcoparamilitarismo y en algunas regiones Farcpolítica), sino que el mismo poder presidencial, al menos desde Gaviria hasta el presente, ha sido condicionado y muchas veces determinado directamente por esos mismos poderes. Obviamente con muy diferentes matices, propios de las violentas coyunturas que tuvieron que enfrentar, todos los presidentes de la república de los últimos 28 años han sido afectados y algunos hasta activamente promovidos por diversos poderes de facto. Empezando por César Gaviria, un presidente escatológico, pues nunca lo hubiera sido sin el magnicidio de Luis Carlos Galán por Pablo Escobar, planeado y ejecutado por una tenebrosa coalición narcopolítica con agentes de organismos de inteligencia estatal (DAS, F-2. B-2), como el mismo Gaviria[1] en sus memorias y las investigaciones judiciales lo ha revelado en sus sentencias condenatorias contra el exministro Alberto Santofimio y el exdirector del DAS Maza Márquez.[2].

Sus sucesores, tampoco habrían alcanzado la Presidencia de la República de no contar con el apoyo de otros poderes de facto criminales. En el caso de Samper, con el proceso 8000 y la generosa contribución de los carteles del narcotráfico en la segunda vuelta. Andrés Pastrana, de no haber diseñado su campaña, después de la primera vuelta, para ganar la confianza de las Farc-Ep, con la imprescindible asesoría de Álvaro Leyva, comprometiéndose con la zona de distensión del Caguán, intercambiando así votos por zona de despeje. No hay que olvidar que dicha organización guerrillera vetó a Horacio Serpa, quien había ganado en primera vuelta por escasos votos (http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Col/pres98_1.html). En igual sentido, Álvaro Uribe Vélez, combinando magistralmente el repudio y el miedo de los colombianos a las Farc-Ep, junto a la simpatía de los paramilitares con su política de “seguridad democrática”. Así lo expresó Salvatore Mancuso en declaraciones a la “W Radio”: “Uno se identifica ideológicamente con algunas personas y cuando hay identidad ideológica las mismas poblaciones van y votan. Y con el Presidente Uribe hubo una identificación ideológica en la concepción de la lucha contra la subversión, de la institucionalización del Estado, de devolverle la seguridad a las zonas, cosas que quién  va a querer más que una población que ha padecido un conflicto en carne propia”.  Y el temible y desaparecido, José Vicente Castaño: “La seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado la razón de existir. Las autodefensas nacieron porque el Estado no podía defendernos pero en este momento el Estado está en capacidad de defender a los ciudadanos” (Revista Semana, edición 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34). Por último, incluso las elecciones recientes de Juan Manuel Santos, como la actual de Iván Duque, no se pueden comprender sin la influencia o el rechazo a dichos poderes de facto, como está sucediendo en nuestros días con el proceso de transición de las Farc-Ep y su conversión en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Pero ello precisa un tercero y último acto, en la próxima entrega, para terminar con la presentación de esta trágica obra electofáctica y su parafernalia institucional. Una obra en la que, de alguna manera, todos tenemos un  papel que representar, más allá de la de pasivos, fanáticos o indiferentes espectadores, pues nadie puede renunciar a su responsabilidad política en este tinglado electofáctico. Si continuamos tolerándolo o promoviéndolo, cada día será más repudiable y aborrecible, y hasta corremos el riesgo de que el teatro sea destruido y la función termine en una auténtica hecatombe para todos. Esto es lo que nos está sucediendo ahora en forma dolorosa, criminal e impunemente con el asesinato de cientos de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. Hay que poner fin ya a esta macabra función.

Electofáctico: Neologismo para referirse a las elecciones condicionadas y determinadas por poderes de facto, tanto legales como ilegales, y no por la libre voluntad de la ciudadanía, que consolidan un régimen donde la política se fusiona con el delito y el crimen.

[1] https://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/memorias-de-cesar-gaviria-trujillo-ex-presidente-de-colombia/16515009/1/index.html

Imágen: https://bit.ly/306A09w

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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