¿En qué va la reincorporación de los excombatientes de las FARC? Claves para destrabar su implementación

Uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las FARC-EP aborda la reincorporación efectiva de los excombatientes a la vida civil y a sus comunidades. Dentro del documento final se contemplaron dos aspectos, la participación en la arena política y la generación de ingresos que garanticen la independencia económica. Ambos componentes son esenciales para el éxito de la reincorporación de los excombatientes, y aún más para la sostenibilidad de la paz.

Las garantías para la reincorporación política consignadas en el acuerdo incluyeron la personería jurídica hasta 2026 para el partido político que se conformara después de la entrega de armas de las FARC-EP. También el acceso a financiación, asistencia técnica y medios de comunicación para las campañas al Congreso y Presidencia de 2018 y 2022, adicionalmente seguridad para el ejercicio de la política. Simultáneamente, obtendrían cinco curules en senado y cámara siempre y cuando participaran en las elecciones en 2018-2022 y 2022-2026, y un delegado con voz y sin voto para el Consejo Nacional Electoral.

Los avances principales hasta el momento han sido la conformación legal del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común mediante el Acto legislativo 03 de 2017 que también reglamentó las condiciones de reincorporación política en general. Sin embargo, la campaña de las FARC al Congreso en 2018 tuvo dificultades en el acceso a la financiación. Esto fue debido a reservas del sistema financiero para la apertura y manejo de la cuenta bancaria que requerían, así como al establecimiento de condiciones adicionales de la Registraduría Nacional para hacer la trasferencia financiera. En esos comicios, el partido de las FARC obtuvo 32.636 votos para la Cámara y 52.532 para el Senado.

Posteriormente en los comicios regionales de octubre de 2019, el partido realizó la inscripción de 21 candidatos a asamblea, 16 a alcaldías, 226 a concejos, 16 a JAL, y 70 candidatos en coalición. El agregado de votaciones a nivel nacional de las FARC fue de 27.828 votos a asambleas y 5.981 a alcaldías. Los logros más significativos de su campaña fueron la elección de dos concejales propios en Dabeiba (Antioquia) y Palmar (Santander) más uno en coalición con Colombia Humana-UP en Icononzo (Tolima), y un alcalde en coalición con Colombia Humana-UP en Guapi (Cauca). Durante estas votaciones no contaron con las garantías económicas de las elecciones presidenciales y sus candidatos fueron víctimas de violencia y estigmatización, lo que obligo a retirar las aspiraciones en Choco y Nariño.

Dentro de los compromisos que han tenido retrasos en la implementación están la reforma político electoral que fue hundida en el Congreso durante el fast track. Si bien el gobierno Duque presentó otro proyecto distante de lo pactado en el Acuerdo Final, este no prosperó. En consecuencia, las causas estructurales de la exclusión política en el país continúan sin ser resueltas. Adicionalmente, las condiciones de seguridad en diversas regiones del han deteriorado y las amenazas contra la vida de los excombatientes van en aumento.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde la firma del Acuerdo de Paz 190 excombatientes de las FARC han sido asesinados, hubo 39 intentos de homicidio, y 13 desapariciones en su contra. El 73% de estos crímenes han ocurrido en zonas rurales, lo cual ratifica la necesidad de fortalecer la presencia institucional del Estado y la garantía de derechos en estos territorios.

Finalmente, existe falta de garantías para que los exguerrilleros ejerzan política, esto se evidencia en la dilación en procesos de amnistías, el incumplimiento en suspensión de órdenes de captura, la campaña de los opositores de la paz para rechazar la participación en política de las FARC y la insistencia por parte del gobierno en la incompatibilidad del ejercicio de cargos de elección popular y el acogimiento a la JEP. Si bien esto último compete exclusivamente al criterio de la JEP, lo que sugiere una indebida injerencia por parte del gobierno.

El segundo componente clave del proceso de reincorporación de los excombatientes según lo pactado en el Acuerdo de Paz es el socio económico. Su gestión inicialmente se daba a través de tres entidades creadas especialmente con ese propósito. El Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), encargada de gestionar las actividades, el cronograma y el seguimiento de la reincorporación económica y social. Los Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR) instancia de nivel local con participación paritaria, y las Economías Sociales del común (Ecomún) organización del sector social y solidario, con personería jurídica, que facilita la reincorporación a través de proyectos productivos.

Las primeras medidas de reincorporación económica fueron la apertura de cuentas bancarias, el depósito de recursos de la asignación única de normalización y renta básica aprobada por 24 meses (2 millones de pesos por persona y la asignación mensual que equivale al 90% del salario mínimo). Al culminar el tiempo estipulado de 24 meses, se amplió a todo el personal en proceso de reincorporación, excluyendo a quienes tienen ingresos superiores a cinco salarios mínimos.

También se tramitó la afiliación a salud y pensión para excombatientes y el CNR creo el programa “Arando la educación” para brindar acceso a educación media y secundaria. Adicionalmente, gestionó la homologación de conocimientos en salud para que 181 personas con conocimiento empírico adquirieran títulos técnicos laborales, y estableció el programa “Camino diferencial de vida” para facilitar la salida de los menores de edad de los campamentos de las FARC-EP, al cumplir la mayoría de edad ingresan al proceso de reincorporación.

En el componente central de generación de ingresos a través de los proyectos productivos, a septiembre de 2019 se encontraban aprobados 35 proyectos colectivos, 350 proyectos individuales, 200 proyectos autogestionados y 37 proyectos que se desarrollan con el apoyo de la cooperación internacional. Este es una de las áreas que requiere mayor compromiso, especialmente para facilitar la independencia económica de las mujeres excombatientes quienes enfrentan desafíos adicionales. A saber, es necesario insistir en estrategias para la inclusión de la economía del cuidado como eje relevante en el desarrollo y la promoción de la participación de las mujeres. De las personas en proceso de reincorporación 26% de las mujeres se dedican exclusivamente a labores del cuidado frente a 3% de hombres.

La comunidad internacional ha tenido un rol significativo en el fortalecimiento de la participación económica de las mujeres, ejemplo de ello es el proyecto productivo de una planta procesadora de frutas y hortalizas en la cual trabajarán 70 excombatientes radicadas en Dabeiba y Mutatá (Antioquia). Estas mujeres recibieron el apoyo económico de ONU Mujeres en el marco de la alianza con la Embajada de Noruega y la implementación de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas (ANZORC). El elemento innovador de esta iniciativa tiene que ver con la creación de un Centro Solidario de Servicios del Cuidado que prestará servicios de compra colectiva de mercados y pago de servicios y diligencias, turnos colectivos del cuidado y tareas del hogar a partir del 2020.

En cuanto a los desafíos centrales que enfrenta la implementación de la reincorporación económica está primero, el cambio en el proceso de trámite de los proyectos productivos individuales para que se realice directamente con el Estado y sin tener en cuenta al CNR. En consecuencia a tres años no se cuenta con un balance de aprobación y gestión de estas iniciativas. Segundo, la falta de un sistema para atender enfermedades de alto costo y lesiones derivadas del conflicto, aunado a las falencias de atención en salud en los territorios. Adicionalmente, los cambios a razón del Plan Nacional de Desarrollo “Paz con legalidad” del gobierno Duque, el proceso de reincorporación paso a ser coordinado por la Agencia para la Reincorporación y Normalización ha llevado a la exclusión de las FARC en varias partes del proceso. Además de privilegiar el enfoque de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR), esencialmente individual y distante del enfoque colectivo priorizado por las FARC.

Tercero, no hay los recursos suficientes para materializar los programas y proyectos para la reincorporación, para mitigar esa brecha el aporte financiero de la comunidad internacional ha sido esencial, pues se ha encargado de suplir las carencias existentes. Sin embargo, la cooperación internacional debería incrementar los recursos proporcionados por el gobierno permitiendo un mayor impacto y no cubrir el déficit existente asociado a los recortes presupuestales a distintas agencias en el marco de la implementación de los acuerdos.  

Cuarto, no se ha establecido una estrategia para articular los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) con la institucionalidad local. Aún más problemática es la falta de claridad respecto a la tenencia de la tierra y la formalización de los asentamientos que se han desarrollado en estos espacios. Si bien, en principio los ETCR fueron concebidos como espacios transitorios, la realidad territorial muestra que en muchos de ellos se han establecido de manera permanente comunidades conformadas por excombatientes, por lo cual es necesario definir la prestación y acceso a servicios básicos en estos espacios. Es urgente trascender la perspectiva temporal de las medidas a esta hora tomadas por las entidades gubernamentales y definir planes de acción de largo plazo orientadas a generar cambios estructurales.

En cuanto a la transversalización del enfoque de género en la reincorporación ha sido clave la insistencia del componente de las FARC en la CSIVI y en el CNR, así como de las organizaciones de mujeres en las instancias creadas para la implementación. Su incidencia ha sido significativa para lograr avances, así como para mitigar la falta de coordinación y acción decidida por parte del gobierno en este tema.

Los principales desafíos por enfrentar en este tema son las falencias en la participación de las mujeres en los espacios de decisión de los ETCR; la falta de inclusión del enfoque de género en los proyectos productivos mayoritariamente liderados por hombres; y la falta de inclusión y aprovechamiento de los conocimientos ancestrales de excombatientes pertenecientes a comunidades étnicas en el proceso de generación de ideas para crear ingresos.

Fundamentalmente, se requieren acciones urgentes para dar continuidad a los procesos ya iniciados y no perder los avances logrados en términos de implementación. Es fundamental establecer un mecanismo que guie la transversalización del enfoque de género, por un lado, para superar los retos para la participación en la toma de decisiones a nivel local, así como para la consolidación de proyectos productivos con liderazgo femenino.  Por otro lado, es esencial continuar con los esfuerzos institucionales para la inclusión de lineamientos del enfoque de género para generar procesos de visibilización de las necesidades particulares de la población LGTBI en el marco de la implementación.

Garantizar el principio de igualdad, no discriminación y la erradicación de violencias es prioritario en el contexto actual para cerrar las brechas de género y cumplir con los objetivos de la agenda 2030. En este sentido, la reincorporación de excombatientes implica también una dimensión social, orientada a lograr una profunda transformación en los roles de género, empoderar a las mujeres excombatientes y contribuir a una reconstrucción positiva de sus identidades. Más aún es primordial superar la estigmatización por la doble transgresión a las roles tradicionales asociados a las mujeres que las excombatientes experimentan, por un lado, quebrantaron la ley, y por el otro ocuparon espacios públicos donde se desempeñaron desde roles considerados inapropiados para ellas.

En general, la implementación efectiva del componente de reincorporación requiere mayores esfuerzos políticos, institucionales, y financieros por parte del gobierno nacional para garantizar la seguridad de los excombatientes, particularmente en la participación en política. Además de llevar a cabo reformas profundas del sistema político y que fortalezcan la democracia combatiendo la estigmatización y promoviendo la participación de las mujeres excombatientes. Es vital proteger los liderazgos locales, y garantizar la generación de ingresos a través de proyectos productivos de carácter individual o colectivo que garanticen la soberanía alimentaria, el impulso a las economías campesinas y familiares, así como el desarrollo rural. Para ello es primordial agilizar los procesos de implementación de la Reforma Rural Integral para facilitar el acceso a tierra para los excombatientes debido a su vocación mayoritariamente agraria. Esta puede ser una oportunidad de dinamizar el campo colombiano y fortalecer un modelo de desarrollo alternativo al extractivo, con impactos positivos en la construcción de tejido social y que favorecen la resiliencia de las comunidades.

Referencias

CSIVI-FARC & Centro de Pensamiento y Diálogo Político. (2020). Estado general de la implementación del acuerdo de paz en Colombia. En claroscuro. https://es.scribd.com/document/444788669/Informe-implementacio-n-versio-ndigital-compressed#download&from_embed

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP Programa por la Paz. (2019). Tercer informe de verificación de la implementación del Enfoque de Género en el Acuerdo Final de Paz en Colombia para los Verificadores Internacionales Felipe González y José Mujica Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC. https://www.verificacion.cerac.org.co/wp-content/uploads/2019/07/Tercer-Informe-de-Implementaci%C3%B3n-del-Enfoque-de-G%C3%A9nero-STCVI.pdf

Kroc Institute for International Peace Studies. (2019). Hacia la paz sostenible por el camino de la igualdad de género: II informe de seguimiento al enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. https://kroc.nd.edu/assets/345128/120519_informe_genero_digital.pdf

Imagen: https://bit.ly/367sXSk

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