El reto medioambiental de la Colombia del Siglo XXI

La población de Colombia pasó de 4 millones de personas hace 100 años a 50 hoy, y de 80% rural a urbana en la misma proporción. La frontera agrícola se expandió con el crecimiento de la economía cafetera, cuyo trofeo es el monumento al hacha en el Parque de los Fundadores de Armenia. El país se modernizó en forma notable desde el fin de la guerra de los 1.000 días: hace un siglo era uno de los países más pobres de Latinoamérica; hoy tiene ingreso per cápita de país medio. Sin embargo, hay profundas desigualdades entre lo urbano y lo rural, y no hay ejercicio del monopolio del poder coercitivo del Estado en la periferia de la Patria.

Preocupan en particular los problemas de gestión ambiental, que no se reflejan en las cifras económicas: la relación con las demás especies es asunto central para la humanidad hoy, y trasciende las fronteras. La vida en Colombia es muy diversa, pero está amenazada por la coca, la minería irresponsable, la continuación de la expansión de la frontera agropecuaria, el uso inapropiado de los suelos y la contaminación de las aguas y el aire.

La suma de las amenazas asusta por la ineficacia de lo público. El Estado concibió el Instituto de Recursos Naturales – Inderena – en los 60, y expidió el Código de Recursos Naturales, Decreto Ley 2811 de 1974, pero la eficacia de lo público se vio perturbada por la guerra de la coca desde los 80, y por la incongruencia que introdujo en la institucionalidad la Ley 99 de 1993, por la cual se transformó el Inderena en Ministerio del Medio Ambiente, pero también se crearon las Corporaciones Autónomas Regionales, sin sujeción al Ministerio, sin gobierno corporativo eficaz, con linderos fundados en la historia política y no en las realidades ecológicas, y sin capacidad para la tarea de reprimir conductas indebidas. Por su parte, la Policía Nacional se siente incompetente para reprimir el delito ambiental, así haya flagrancia. De esta manera, la combinación de más población y menos eficacia institucional llevan a la consecuencia natural: riesgo ambiental alarmante.

El sistema político es perverso: los gobiernos nacionales prefieren dinero por permitir operaciones mineras, así la población del municipio donde se va a efectuar la extracción se oponga, y el Plan de Ordenamiento Territorial no la contemple. En el protuberante caso de Jericó, Antioquia, el Tribunal de Cundinamarca privilegió los argumentos del Gobierno Nacional con criterios discutibles. Es cierto que los minerales están en el subsuelo y son propiedad de la Nación, pero en la práctica debe prevalecer la voluntad popular: las definiciones de cómo usar el suelo y qué actividades desarrollar son de carácter municipal por definición.

Es importante tener en cuenta que la minería aumenta los precios de casi todos los bienes en el ámbito local sin que el ingreso de la población no vinculada a la actividad aumente en forma proporcional, y que los contratos suelen no exigir el aseguramiento de la sostenibilidad social una vez el respectivo yacimiento se agote para efectos económicos y sea preciso cerrar la operación.

Este es solo un ejemplo de la impreparación para la tarea que nos corresponde en la epopeya de evitar la extinción anticipada de la especie. Quizás se necesite arreglar todo lo público solo para cumplir con nuestro deber en lo ambiental.

 

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

* Imagen extraída de la página: www.oei.es

 

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