EL PROYECTO DE LEY DEL PLAN DE DESARROLLO: 2018 – 2022. Un aporte a su contenido

Las intenciones del gobierno Nacional respecto del Plan de Desarrollo para este período tienen como objetivo “sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos”. Con base en ello, plantearé algunos aspectos que me han llamado la atención.

Se trata de las modificaciones que se proponen a diferentes normas (leyes, decretos) vigentes; varias de las cuales no necesariamente son conexas a la finalidad de un Plan de Desarrollo.

Hago alusión a la Sentencia de Inconstitucionalidad C-092/18 dada por la Corte Constitucional a la demanda instaurada sobre la Ley 1753 de 2017, Plan de Desarrollo “Todos por un nuevo País”, sobre algunos artículos que violaban el principio de unidad de materia legislativa y esta equivocación parece que se repite ampliamente

El proyecto del Plan que está distribuido en tres grandes pactos: por la legalidad, por el emprendimiento y por la equidad contiene: dentro del Objetivo Pacto por la Equidad, 39 artículos que modifican artículos o parágrafos o decretos, el 21% del total del articulado. Dentro del objetivo Pacto por la Equidad hay 29 artículos en el mismo sentido: 16% del total.  El artículo 183 se propone derogar artículos de 14 leyes, dos de las cuales: la 1450/2011 y la 1753/2015 tratan las leyes de los planes de desarrollo de los dos períodos del gobierno anterior. En este sentido, no es procedente derogar artículos de normas que tienen vigencia temporal (4 años), como son las de los planes de desarrollo. En síntesis, del total del articulado, el 37% está destinado a modificar partes de normas vigentes.

Con base en esta descripción me pregunto qué tanto un proyecto de ley del Plan de Desarrollo es un instrumento para derogar o modificar normas con un interés extremo en la legalidad, como el que se advierte, el que no necesariamente lleva a la legitimidad y menos a la legitimación puesto que, en gran parte, nuestra  reglamentación no es, no ha sido y no parece ser del consenso y del efectivo cumplimiento por parte de los colombianos; menos ahora cuando nuestras instituciones: los entes que deben ejercer su papel de garantes de las normas, se encuentran seriamente cuestionados. Por el contrario, el proyecto ofrece, a primera vista, debilidades frente a las políticas relacionadas con los derechos económicos, socioculturales y ambientales, en un Estado Social de Derecho.

Complementando la reflexión sobre el popurrí de artículos que se propone derogar el proyecto del Plan de Desarrollo, encuentro que no sólo se trata de derogar artículos o parágrafos de poca monta, sino que algunos, posiblemente se salen de la órbita de un proyecto de Plan como modificar funciones de la superintendencia de servicios públicos, modificar requisitos para la creación de distritos, entre otros.

Por otra parte, ¿Qué relación puede haber, dentro la ley del Plan: la fusión del Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología COLCIENCIAS a Ministerio, ¿el Sistema de la Registraduría Nacional respecto de la Validación BIOMETRICA de la identidad de los colombianos? ¿el Registro único de decisiones judiciales en materia penal o la Reserva legal de las estrategias de defensa jurídica nacional e internacional? Hasta el bicentenario de la Independencia Nacional se convierte en un asunto del Plan de Desarrollo.

Finalmente, y dejando de lado otros asuntos, me refiero al más preocupante. Este tiene que ver con la búsqueda de facultades extraordinarias por seis meses para “Modernizar la Administración Pública”; poderes extraordinarios que pueden llevar a resultados no afortunados en materia de concentración del poder ejecutivo, más allá de los actualmente existentes.

Fuente imagen: https://www.elespectador.com/noticias/politica/el-plan-de-desarrollo-de-duque-articulo-823602

 

 

 

 

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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