EL CONCEPTO DE JUSTICIA EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

RESUMEN

Este artículo presenta una descripción hermenéutica del concepto de justicia en la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), teniendo en cuenta sus características frente a la justicia ordinaria y su necesidad en el marco de la justicia transicional.

Por último, se realizará un análisis de las características de elegibilidad, entendida como el derecho a la participación política electoral, por ejemplo, las curules en el Congreso de la república y que a juicio de los opositores a los acuerdos de paz, eso contribuía a la impunidad.

Por lo tanto, se busca contextualizar al lector de las tensiones y polarizaciones derivadas desde el momento que en que el gobierno de Juan Manuel Santos se sentó a negociar con las FARC

Palabras claves: Justicia transicional, Justicia Ordinaria, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Impunidad y Elegibilidad.

INTRODUCCIÓN

La negociación de dos actores que han permanecido en conflicto supone una cesión de cada lado. No siempre los acuerdos serán satisfactorios a la luz del statu quo. En el caso de lo pactado en La Habana, se hizo un plebiscito en el año 2016 para preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no con dicho proceso. Las opiniones fueron divididas, pero por un mínimo margen quedó establecido que la comunidad dijo No a los acuerdos. Sin embargo, éstos fueron aprobados vía Congreso de la República con la correspondiente polémica entre quienes desde la oficialidad parlamentaria se constituyeron en opositores. En forma paralela, se iba conformando el mecanismo especial de Administración de justicia para quienes se acogieran a éste, alimentado de experiencias anteriores en el propio país (Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-) y a nivel internacional.

Así las cosas, la JEP contiene cuatro principios rectores que se instalan como sistema integral de compromisos ante las víctimas, tanto por parte de las FARC como de miembros de las fuerzas militares o de la propia sociedad civil que aparezcan como victimarios: verdad, justicia, reparación y no repetición. Sobre estos elementos se conformó asimismo el sector más virulento de la oposición: afloraron y se consolidaron en medios de comunicación palabras como impunidad y el derecho a la elegibilidad que estaba consignado en los documentos oficiales de La Habana.  Por lo tanto, más allá de los contraargumentos que la oposición manifestó a los acuerdos en general y a la JEP en particular, que tuvieron su correspondiente difusión (y en algunos casos tergiversación) en diferentes plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación, es probable realizar un sistemático análisis al componente de justicia de la JEP, esto es, su tratamiento, para determinar cuáles son los vacíos de la administración y tratamiento de justicia en torno a los victimarios, las condenas o las sanciones, identificando los puntos neurálgicos de los desacuerdos y el rol de las víctimas, en un entramado jurídico, político y ético de correspondencias con las personas que han padecido los rigores del conflicto armado.

En todo caso, el Centro Democrático (partido de Uribe), Cambio Radical, parte de los partidos Liberal y Conservador, manifestaron su oposición a la JEP. En su accionar se puede identificar además claros intereses políticos que tiene que ver tanto con una concepción de país como con los vacíos estructurales en el proyecto de Estado Nación colombiano. Sin embargo, como se ha venido reiterando, el mecanismo de la JEP cumple en su mayor parte con los requisitos de idoneidad y competencia perfilados desde procesos anteriores y cuyos elementos han sido (en lo bueno y en lo malo) estudiados por diferentes autoridades a nivel nacional e internacional en torno a la justicia transicional. Habida cuenta de los problemas que se presentaron para la implementación de los acuerdos a instancias de las demandas de los opositores, es necesario aproximarse al componente de justicia de la JEP para discernir en sus contenidos los vacíos y las claves mínimas de la discordia.

Sin embargo, en medio de la polarización, es importante comprender los intereses entorno a este mecanismo y que desde las voces de sus impulsadores se configura una opinión pública que también comparte sus principios. En otras palabras, que esa opinión pública replica los argumentos de este conjunto de voces. Contribuir al entendimiento de la justicia más allá de lo político también es un paso para acercar puntos de vista diferentes que, en momentos coyunturales de la historia, podrían generar una dialéctica de acercamiento, no de polarización.

 JUSTICIA TRANSICIONAL- JUSTICIA ORDINARIA

Como bien sabemos el modelo de justicia transicional es utilizado en Estados de Excepción o de Emergencia, es decir, que en medio de un conflicto interno, se debe dar un tratamiento de justicia distinto al usual, es decir al penal u ordinario.

En lo que respecta al elemento “transicional” no existe un estándar frente al término que deba tener una medida que se considera excepcional. El vocablo hace alusión a la búsqueda de mecanismos nuevos que van a contrarrestar situaciones que las instancias y herramientas ordinarias no pudieron evitar o confrontar (Abuchaibe, 2012, p. 39)

No basta en este tipo de situaciones un sistema judicial castigador de los perpetradores, un sistema que no tenga un balance entre sus sanciones. A su vez,  estas deben ser  proporcionales a los daños ocasionados, un sistema que se enfoque solo en lo penal en cuanto a los perpetradores termina en aras de la injusticia por lo que debe haber una apertura al diálogo, a construir puentes de comunicación entre perpetradores y perpetrados, que determine tiempos de sanciones, reparaciones, y que a su vez dé lugar al juicio de las acciones por parte de los perpetradores, es decir, que estas deberán ser proporcionales a los daños ocasionados garantizando el bienestar de las víctimas, donde ellas tengan la oportunidad de saber la verdad, se les repare y tengan garantías de no repetición de esos sucesos que fueron dolorosos en algún momento de sus vidas.

 (…) es importante destacar un elemento emergente en la definición de Justicia Transicional y que hace referencia a la participación de las víctimas en la determinación de medidas, diseño, implementación y seguimiento. Al igual que la aplicación del enfoque diferencial, la participación de estas se constituye como un condicionante de la efectividad misma del proceso transicional. (Abuchaibe, 2012, p. 40)

La justicia transicional tiene un tiempo estipulado para aplicar cada uno de sus elementos, es decir está delimitada en un tiempo y un espacio. Por ejemplo,  la ley de víctimas, complementaria de la ley de justicia y paz tenía una vigencia de 10 años, y ha sido prorrogada desde otras leyes, convirtiéndose en medidas permanentes de procesos transicionales, que deben darse en un tiempo estipulado, para dar lugar a que los casos que debieron ser solucionados en su momento se abran nuevamente, lo cual llevaría a que en un país no haya claridad frente a los marcos transicionales y los marcos ordinarios.

Se tiene entonces que la justicia ordinaria es un sistema de justicia que se ha centrado solo en los perpetradores de delitos, además, se da en un marco de permanencia, no hay un tiempo estipulado para llevar a cabo las diferentes sanciones, y las sanciones son de carácter “Erga Homnes” (PARA TODOS).  No hay una diferenciación entre los que tengan más responsabilidad o menos responsabilidad, como sí lo hace la justicia transicional. De hecho, algo que ha sido muy criticado respecto a la justicia  ordinaria por parte de la oposición en cabeza del Centro Democrático y otros sectores políticos, es que las sanciones estipuladas para aquellos que han tenido más responsabilidad en cuanto a los crímenes de lesa humanidad son ineficientes, lo cual podría llevar a la impunidad  o que sean años a la espera de que se den los respectivos juicios. Una de las grandes problemáticas frente a los modelos transicionales y que podrían generar intentos fallidos en las transiciones sea de guerra a paz, o de dictaduras a democracia, es que a veces se cae en extremismo, olvidando que debe haber un equilibrio entre justicia y paz, es decir, no caer en el error del perdón total, pero tampoco quedarse solo desde lo punitivo, ya que eso no permitiría una adecuada transición, y negociar adecuadamente con los actores implicados. Pero respecto al juzgar a todo el mundo como lo pretende la justicia ordinaria, y en Estados de Excepción, sería contraproducente, ya que esto demoraría más los procesos.

Son varios los riesgos que conlleva la utilización de mecanismos ordinarios en procesos de justicia transicional; en primer lugar esto conlleva a una prolongación del proceso en el tiempo, que puede limitar o impedir el goce efectivo de los derechos de las víctimas y por ende al fracaso de los objetivos mismos de un proceso transicional. (Abuchaibe, 2012, p, 41)

Uno de los mayores inconvenientes que ha habido en Colombia es que no se han dado transiciones significativas, es decir, que el conflicto sigue latente, desde la primera experiencia de transición (Ley Justicia y Paz) hasta el día de hoy (Jurisdicción Especial para la Paz). La primera, dejó muchos vacíos en cuanto a la justicia transicional, dejando casos abiertos, que han sido tratados por la justicia ordinaria. Esto generó un choque de jurisprudencias y que hasta el día de hoy las víctimas siguen en la intemperie. Frente a los niveles de impunidad que han sido tan altos durante el conflicto armado, se necesita una jurisdicción especial, en este caso la JEP, lo cual no significa que la jurisdicción ordinaria no tenga validez: esta sigue con sus competencias, legitimada constitucionalmente. Sin embargo, es importante que la JEP trabaje de manera armónica y articulada con la justicia ordinaria, en función de potencializar la administración de justicia

En lo que tiene que ver con los aspectos propios del derecho penal sustantivo, se presenta como finalidad principal el logro de la satisfacción de los derechos de las víctimas y la construcción de la paz, finalidad dentro de la cual el papel central es asignado a la reparación de los daños causados, pero teniéndose siempre en cuenta el reconocimiento de la verdad y la responsabilidad. (Eser, 2018, p. 46)

En  procesos transicionales la justicia debe ser proporcional a los daños ocasionados, pero también debe dar lugar a espacios donde se pueda reconstruir a la sociedad. Para que los procesos de transición funcionen se debe identificar a los victimarios que han tenido más responsabilidad frente a los daños ocasionados y así mismo proceder. De lo contrario se da lugar a que no se reconozca  la magnitud histórico-política de las víctimas quienes no han sido escuchadas, y les siguen negando la posibilidad de que sepan la verdad de los delitos que les han infligido, asimismo, puede haber lugar a reparaciones parciales sin compromiso pleno en cuanto a las garantías de no repetición. La justicia ha de atender desde una perspectiva filosófica la dignidad del otro, debe ser un punto de equilibrio entre víctimas y victimarios, dando lugar a la construcción de ese derecho exigido social e históricamente: el derecho a la paz.

EN TORNO A LA IMPUNIDAD Y A LA ELEGIBILIDAD

La impunidad y elegibilidad son temas muy polémicos y han tenido opositores que empezaron a criticar estos temas sobre todo en los acuerdos de paz y luego con la columna vertebral de éstos, es decir, la JEP.

Sin embargo en  dichos acuerdos, hay una búsqueda por superar la impunidad y generar espacios para que los actores de este conflicto armado, en el momento de desmovilizarse, puedan ser considerados como sujetos políticos en la legalidad, es por eso que en los acuerdos  se propende por ampliar y cualificar la democracia como condición que dé lugar a unas bases sólidas para forjar la paz. Busca una ampliación del espectro democrático como camino para tramitar los conflictos de manera pacífica y el rompimiento definitivo del vínculo entre política y armas, así como abrir la puerta para que Colombia construya una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización.

La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todas las personas sin distinción y, por eso, es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la paz.  (Acuerdo Final de La Habana, 2016, p. 35).

Según lo acordado en la capital cubana, la participación de estos actores, se daría desde un estatuto de la oposición que ya está en vigencia y funcionamiento, así como desde un evento nacional que tendrá diferentes invitados de los partidos políticos y se podrá revisar los lineamientos para este estatuto,  y así dar lugar a una “legislación de garantías y promoción de la participación ciudadana”, se darían espacios para la movilización y la protesta, escenarios que permitan dar a conocer sus propuestas, garantías en los procesos electorales, un “sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política”, y la participación política no tendrá diferenciación frente a los actores, es decir, que tendrá un enfoque de género, donde las mujeres también cumplirán una función importante en estas dinámicas. Todo lo cual queda refrendado en el Segundo Informe sobre el estado efectivo de Implementación del Acuerdo de paz en Colombia, diciembre de 2016 – mayo de 2018 elaborado por el Kroc Institute

La profundización de la democracia implica garantizar los derechos civiles y políticos de manera integral incluyendo la promoción de opciones políticas- su pluralidad, la oposición- y mecanismos de participación ciudadana; así como la promoción de medidas particulares como respuesta a la solución del conflicto, entre estas la reincorporación política, las circunscripciones especiales y el consejo Nacional de paz, reconciliación y convivencia para enriquecer el debate y la deliberación pública sobre los grandes asuntos nacionales. (p. 65)

De tal manera que se configura un escenario de prerrogativas y derechos a los representantes del antiguo ejército insurgente, en la medida que se abre un espacio político legal, legitimado e institucional en que se los faculta  como actores políticos en igualdad de interlocución para acceder a cargos públicos. En ese orden de ideas, su participación en la arena política no ha estado exenta de las reacciones de buena parte de la población civil y de otras organizaciones sociales (algunas, de víctimas) que instaban a la derogación o por lo menos a la discusión programática de los acuerdos. La elegibilidad política a las FARC era la primera evidencia de la impunidad sin antes, según las voces opositoras, haber pedido perdón o entregado sus bienes como reparación a las víctimas. Mientras opera la JEP, el proceso de reintegración a la vida civil no estaba completo, por lo tanto, la elegibilidad política no podría ser indicador de una transición de la guerra a la paz.

CONCLUSIÓN

En última instancia se trata de la posibilidad de construir Estado Nación superando las tragedias del pasado, para lo cual es importante la vigencia de la Memoria Histórica, que es una de los propósitos de la JEP, cuando enfoca su mirada hacia las víctimas como el eje de la justicia transicional.

Por lo tanto, al ser la JEP, el principal mecanismo de la Justicia transicional cuya concepción de justicia, nos permite comprender la necesidad latente de construir una paz estable y duradera en nuestro territorios y así mismo, poder reconstruir el tejido social.

BIBLIOGRAFÍA

Abuchaibe. H (2012) Módulo Victimas, justicia transicional y Reparación integral. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz Estable y Duradera (2016)

Eser. A. (2018) Justicia Transicional: Acerca del Acuerdo de Paz Colombiano a la Luz de Ulfrid Neumann. En: Knust. N y Neumann. U. (Comps) Reyes. Y. ¿Es injusta la justicia transicional?  (35-61) Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia.

Kroc Institute (2018) Segundo Informe sobre el estado electivo de Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia (Dic- May. 2016)

WEBGRAFÍA

Sitio especial Jurisdicción Especial para la Paz. Disponible en: www.jep.gov.co (Consulta el 19/09/2020)

 Fuente imagen: https://bit.ly/2WjPzeT

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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