El cierre del capítulo de la restitución de tierras: Una decisión política regresiva

El pasado 11 de julio de 2018 el expresidente Juan Manuel Santos en compañía de los ministros de defensa y agricultura firmaron el Decreto 1167 de 2018 el cual cierra el capítulo de la restitución de tierras antes del tiempo establecido en la legislación; y desafortunadamente el presidente entrante, Iván Duque ha dado continuidad ha dicha decisión política regresiva. El Decreto 1167 fijó el 11 de octubre de 2018 como fecha límite para que las víctimas de despojo y abandono forzado presentaran sus solicitudes de restitución ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT); en otras palabras, el gobierno nacional ha optado por iniciar el cierre de esta importante política faltando tres años para su finalización, buscando pasar la página como si la tarea ya se hubiera cumplido.

El diseño institucional de la restitución de tierras creado en la Ley 1448 de 2011 constituyó un hito histórico al reconocer los fenómenos del despojo y abandono forzado propiciados en Colombia por el conflicto armado, generar estrategias para revertirlo y posicionar a los campesinos víctimas como actores centrales en la agenda de la política agraria. Aunque la restitución de tierras no es propiamente una norma de reforma agraria que busque incidir directamente sobre los patrones de tenencia que han mantenido históricamente un statu quo agrario desigual, informal e ineficiente; es un importante mecanismo de justicia transicional dirigido a devolverle la tierra a sus legítimos dueños y dada la magnitud del fenómeno (alrededor de seis millones de hectáreas despojadas y abandonadas forzosamente en las últimas décadas), la devolución de tierras concentradas en pocas manos tiene sin duda, un potencial redistribuidor y por ende, reparador.

A pesar de sus potenciales fortalezas, la restitución ha enfrentado obstáculos desde sus inicios en el año 2012 que han retrasado considerablemente su implementación. Primero, el conflicto armado, caracterizado por la presencia y accionar de grupos armados ilegales en la mayoría de las zonas rurales del país ha limitado el alcance territorial de la política. De hecho, la URT en conjunto con el Ministerio de Defensa focaliza las zonas sobre los cuales podrá operar la restitución, excluyendo a los territorios que no cumplen con las condiciones de seguridad exigidas por la ley. Por otra parte, en los territorios en donde la restitución ha sido viable, el contexto político, social y económico al que retornan los campesinos víctimas es el mismo en el que se produjo el despojo, poniendo en riesgo la garantía de no repetición del desplazamiento; y esto es particularmente visible en las múltiples amenazas y asesinatos a líderes campesinos reclamantes de tierras. Segundo, el limitado sistema de información agraria que la URT tiene a su disposición, especialmente sobre el número de hectáreas despojadas, no ha permitido fijar metas específicas de restitución de acuerdo con el número de reclamantes; lo cual dificulta sacar conclusiones sobre el cumplimiento de esta.

Tercero, dada la magnitud del problema, la tasa de llegada de nuevos reclamantes ha sido superior a la tasa de atención y, en consecuencia, la carga acumulativa sobre los funcionarios y los jueces ha devenido en ineficiencia administrativa y jurídica retrasando los procesos. De acuerdo con el informe de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) “Cumplir metas, negar derechos” (2018); la implementación del proceso de restitución de tierras en el periodo 2012-2017 ha estado viciado por modificaciones en los indicadores de cumplimiento; reformas normativas y estrategias operativas que aumentaron los requisitos de inscripción ante el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) y ahora han manipulado la información para presentar supuestos avances en el cumplimiento de las metas propuestas.

Sin embargo, de acuerdo con datos suministrados por el periódico El Espectador, 40 mil solicitudes de reclamantes de tierras, es decir el 63% del universo total de solicitudes han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos estipulados. Y el informe de gestión de la URT (2017) señala que de las 110.457 solicitudes recibidas desde enero de 2012 hasta el año 2017, apenas 9.380 (8,49 %) han pasado a la etapa judicial y cuentan con una sentencia que no siempre es a favor de las víctimas. A este desalentador escenario se suma que este es un fenómeno que sigue ocurriendo dada la dinámica de conflicto que continúa en el país.

Ahora bien, ¿es legítimo y políticamente justificable clausurar una política que no ha solucionado el problema que le dio lugar? Si la restitución de tierras fue una innovación legislativa fundamental para garantizar el acceso a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras a la justicia, claudicarla cuando su implementación ha sido lenta y el fenómeno sigue vigente es una decisión que anularía los pocos avances logrados hasta ahora. En efecto, ocultar las tareas pendientes haciendo parecer que las metas están cumplidas cuando no hay un universo de información claro que permita corroborar dicha información y adelantar los límites temporales de la política, no va a conseguir que se cumplan sus objetivos más rápido. A pesar de una máscara de aparente éxito por la “labor cumplida”, subyace una problemática histórica que está pendiente por resolver y millones de víctimas esperando a ser reparadas. Por lo tanto, el gobierno nacional debería considerar la derogación del Decreto 1167 por carecer de fundamentos legítimos para su implementación e impulsar las reformas necesarias para continuar con el proceso de restitución de tierras e idealmente prorrogar la vigencia de la Ley más allá del 2021. Es claro que el cumplimiento de los Acuerdos de Paz pactados en La Habana pasa por reparar a las víctimas y la garantía del derecho fundamental a la restitución de tierras es parte esencial de dicho proceso.

Fuente imágen: www.semana.com

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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