EL CASO DE DANIEL CORONELL ES UN ASUNTO DE INTERÉS GENERAL

La desaparición del periodista Daniel Coronell de las páginas de la revista Semana, con sus rigurosas investigaciones y sus sustentadas opiniones, es mucho más que un debate sobre la libertad de expresión pública en Colombia. Es un asunto de interés general y de trascendencia vital. Sin exagerar, es una cuestión de Estado, de civilidad y humanidad, que nos emplaza a todos frente a nuestra realidad.

Cuestión de Estado

Es una cuestión de Estado, puesto que la contemporización de la revista Semana en revelar las directrices de seguridad nacional del presidente Duque, fue lo que realmente generó la columna de Coronell que derivó en su despido de la publicación. Unas directrices que podían repetir, en forma más sutil y discreta, la criminal política de la llamada “seguridad democrática”, cuya más inhumana y brutal expresión fueron miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas cínicamente como “falsos positivos”. Una reedición más sutil, pues ahora no está precedida de la funesta Directiva 029 de 2005[1] del entonces ministro de defensa, Camilo Ospina, en cumplimiento de la “inteligencia superior” del presidente Álvaro Uribe y su política de “seguridad democrática”, sino que se materializa en circulares y manuales del comandante del ejército, Mayor General, Nicacio Martínez, precedidos de “la Disposición 002 de 2019 que actualiza toda la normatividad militar que regula cómo deben actuar las tropas para preservar siempre los Derechos Humanos”[2].

Disposición para matar y ocultar

Una Disposición impecable desde la normatividad del Derecho Internacional Humanitario, pero también implacable en su errática y criminal aplicación, como quedó fatalmente demostrado con el aleve asesinato de Dimar Torres[3], desmovilizado de las FARC-EP. Asesinato que intentó justificar y excusar por todos los medios (televisivos, radiales y escritos) el ministro de defensa, Guillermo Botero, hasta que las evidencias de Medicina Legal lo refutaron. Porque la verdad detrás de esta Disposición 002 y de los manuales que la desarrollan es que de nada sirven, cuando se aplican en un contexto oficial que invita e incita a cometer “masacres con criterio social”, según el trino del senador Álvaro Uribe, que lo hace políticamente responsable de semejantes actuaciones militares. Con mayor razón, si el actual ministro de defensa cuenta con su incondicional apoyo y el del presidente Duque. Un apoyo que es ratificado por Duque en forma desafiante y también indecorosa, encargando a Botero de la Presidencia de la República durante su viaje a EL SALVADOR a la posesión presidencial de Nayib Bukele. Una designación políticamente muy reveladora, teniendo en cuenta que Botero está ad portas del trámite de una moción de censura en el Congreso. Sin duda, este episodio demuestra a las claras la impostura del mito de la civilidad de nuestros gobernantes, pues son ellos quienes aúpan y justifican las actuaciones ilegales y eventualmente criminales que cometen algunos miembros de la Fuerza Pública, que luego tratan de excusar con la metáfora impune de “algunas manzanas podridas” o de “agentes díscolos de la institucionalidad”.  De esta forma, proyectan nacional e internacionalmente una mentirosa imagen de “civilidad democrática”, arrojando de paso toda la responsabilidad y culpabilidad sobre los militares. Por eso la obsesión de este gobierno del Centro Democrático en hacer trizas la JEP, donde un grupo significativo de oficiales y miembros de la Fuerza Pública están revelando cómo se cometieron los “falsos positivos”, cumpliendo estrictamente las directrices emanadas del “presidente eterno” y su ministro de defensa, Camilo Ospina, determinadores últimos de tan numerosas ejecuciones. Sin duda, los avances de tales investigaciones en la JEP conducirán inevitablemente a revelar judicialmente la cruel verdad que todos conocemos: la responsabilidad insoslayable de Álvaro Uribe Vélez y su ministro de defensa, a través de la Directiva 029 de 2005, en la comisión de miles de ejecuciones extrajudiciales, supuestamente en defensa de la “democracia” contra el “terrorismo”. Esa es la verdad que tanto temen. Y para eludir semejante responsabilidad, tienen el cinismo de señalar que la JEP es una justicia que promueve la impunidad, cuando es exactamente lo contrario. Es una justicia que, al promover la verdad, impide la impunidad de los crímenes más atroces, desde los miles cometidos por las FARC-EP hasta los promovidos por el Estado y financiados o auspiciados por algunos civiles. Según el punto 33 del Manifiesto Democrático del “presidente eterno”: “También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”, que ahora se busca perpetuar a través del llamado derecho operativo, tras la filigrana humanitaria de la Disposición 002 de 2019.

Censura de la realidad y la verdad

Por eso, más allá que una grave censura a la libertad de expresión y a la opinión de Coronell, lo que este caso revela es una censura casi total de la realidad y la verdad. Realidad y verdad que una publicación como Semana omitió publicar –y, en lugar de hacerlo, primero consultó al Secretario General de la Presidencia, Jorge Mario Eastman— siendo así chiviada por The New York Times, en un ejercicio profesional de periodismo investigativo, ajeno por completo a la cómplice prudencia de las buenas relaciones públicas y políticas de los propietarios y editores de Semana. Ese es el mediocre entramado de unos medios de comunicación complacientes y comprometidos con el Statu Quo que develó y puso en crisis la columna de Coronell. Por eso sus propietarios y directores prescinden de la voz civil y crítica del periodista, pues son incapaces de reconocer su maridaje con la quintaesencia del poder autocrático que nos gobierna, esa simbiosis y amalgama perfecta del poder político-militar, siempre obsesionado en ocultar por todos los medios –especialmente los periodísticos– su verdadero rostro arbitrario, criminal e impune y proyectar en su lugar una falsa e impúdica caricatura de legalidad y civilidad democrática. Caricatura grotesca que ha sido, una vez más, exaltada sobre el dolor de las víctimas de falsos positivos con el ascenso del actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez, a General de cuatros soles. Ascenso realizado sin éste haber aclarado ante la justicia su presunta responsabilidad en varios  falsos positivos, siendo jefe del estado mayor de la Décima Brigada Blindada en los departamentos de Guajira y Cesar[4] en el 2005, bajo la administración del “presidente eterno”.

Asunto de civilidad y humanidad

Al producirse tal ascenso, lo que ha desaparecido es la civilidad de los senadores que la aprobaron, junto a la humanidad de quienes seguramente sufrirán los efectos de semejante promoción, como casi sucede con el cuerpo de Dimar Torres que iba a ser arrojado y ocultado en una zanja, presurosamente cavada por sus asesinos. Pero también está en juego nuestra propia civilidad y humanidad, pues inevitablemente todos veremos sus consecuencias políticas, una de las cuales parece ser el inicio de una publicitada y aguerrida campaña por una “Constituyente para la justicia”. Campaña cuyo principal cometido es hacer trizas la JEP y sus esfuerzos por revelar la verdad y poner fin a la encumbrada impunidad institucional y política que nos gobierna desde tiempos inmemoriales con ínfulas democráticas de “genuina legitimidad”. Tan genuina, que descansa sobre una brutal facticidad criminal, encubierta por una complicidad que asciende hasta la cúspide del poder político en el Senado, el Ejecutivo y el mando militar del Ejército. Una perversa trinidad: tres personas distintas y una sola realidad de iniquidad.

[1]http://www.justiciaporcolombia.org/sites/justiciaporcolombia.org/files/u2/DIRECTIVA_MINISTERIAL_COLOMBIA.pdf

[2]  https://www.lafm.com.co/judicial/la-reglamentacion-que-emitio-el-general-nicasio-martinez-antes-del-documento-de-new-york

[3] https://www.semana.com/nacion/articulo/a-dimar-torres-lo-querian-hacer-pasar-por-guerrillero-del-eln/618039

[4] https://elpais.com/internacional/2019/06/04/colombia/1559607159_600734.html

Imagen:https://bit.ly/2WtCy3w

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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