¿Qué hay detrás del manejo de las finanzas del país?

Las finanzas públicas de Colombia tienen serios problemas: por un lado, están sometidas a la llamada regla fiscal, norma que en teoría impide su desbordamiento, y que en la práctica no permite que el gasto público mantenga el nivel de actividad económica en momentos de contracción del consumo y la inversión; por otro lado, la mala calidad del gasto público hace que  el gasto de hoy no genere beneficio económico en el futuro, lo cual tiene impacto en la capacidad de la sociedad para aumentar su consumo.

 

Si el resultado del gasto fuera mejorar en forma ostensible, en educación, salud, infraestructura, justicia y seguridad, habría mejoras perceptibles en la productividad de los años sucesivos, lo cual haría más competitivas las regiones en la economía globalizada, más atractivo el país para la inversión, más alto el nivel de vida de los habitantes y, por último pero no menos importante, mayor la capacidad de gasto del gobierno, como consecuencia de mayores impuestos a las ganancias de las empresas y personas, y mayor recaudo de impuesto al valor agregado. Ese círculo virtuoso no ocurre porque la ausencia de estrategias claras, procesos públicos efectivos y estructura administrativa apropiada resulta en desperdicio, desvío de recursos, inapropiada priorización de inversiones, sobrecostos y erosión de la confianza general en el Estado.

 

El gasto total del gobierno nacional sumará por el orden de $220 mil millones para 2017. El déficit entre ingresos y egresos será más de 3% del producto interno bruto, cifra elevada para un país subdesarrollado, debido a que los ingresos corrientes de la Nación aumentaron en forma dramática, del orden de 50%, entre 2010 y 2014, como consecuencia de aumento de los precios del petróleo; el precio se redujo de más de 100 dólares por barril a más o menos la mitad en Noviembre de 2014. En consecuencia, las regalías por petróleo y carbón, producto cuyo precio está vinculado al precio del primero, se redujeron en forma notoria, pero el gobierno no actuó con la celeridad debida para acomodar la gestión pública al nuevo escenario, sino que tomó deuda adicional para mantener el nivel de gasto que se había establecido con base en precios altos de combustible. Cabe anotar que el petróleo y el carbón sumaron aproximadamente 70% de las exportaciones totales de Colombia en 2013.

 

La proporción de gasto discrecional es muy baja, porque el grueso está comprometido con usos irrevocables, como el pago de pensiones, el servicio de la deuda, la atención a la salud y a la educación, y el gasto en defensa y justicia. Por supuesto, si el dinero se usara con mayor eficacia el beneficio que el mismo gasto produciría sería mucho mayor. Así, la mejora en calidad de la educación, con más foco en el apoyo a docentes de comprobada idoneidad en un marco institucional adecuado, que comprometa a los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos, con efecto positivo en el hábitat doméstico, puede ser punto de partida de profundas transformaciones en la sociedad, con impacto en la productividad.

 

Colombia tiene la tercera productividad más baja de América; solo supera a Haití y a Honduras, que tienen ingresos per cápita ajustados por poder adquisitivo inferiores a mil y dos mil dólares respectivamente. De igual manera, la gestión apropiada de la salud, con énfasis en promoción y prevención según establece el marco normativo que no se cumple, puede tener impacto enorme en la economía por el mayor tiempo disponible para trabajar, la mayor productividad y la mejor gestión de las instituciones prestadoras de servicios de alta complejidad, liberadas de cargas que afloran como consecuencia de la insuficiente actividad preventiva.

 

La inversión eficiente desde la perspectiva de costo y beneficio en la infraestructura portuaria y vial puede hacer más competitivas las ciudades en la economía globalizada. La operación eficiente y de buena calidad de la justicia puede tener consecuencias en verdad revolucionarias, porque construiría confianza en la sociedad para beneficio de todos. Si se lograra todo lo anterior, probablemente habría menos desigualdad; cabe recordar que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, y que el coeficiente de Gini, con el que se mide la desigualdad en la distribución del ingreso no varía en forma significativa entre la medición antes de impuestos y la medición después de impuestos.

 

El gobierno impulsó la modificación de las normas fiscales para recuperar su capacidad de endeudamiento, y así mantener el nivel actual de gastos. Sin embargo, como la principal fuente de ingresos nuevos es el mayor impuesto al valor agregado, el nuevo marco tributario significa que el monto disponible para el consumo de los habitantes del país se reducirá, de manera que el único aumento real en el ingreso será el que resulte de deuda adicional, si ella logra exceder la reducción del consumo de particulares.

 

El asunto no es fácil, porque los usos del gasto público que no contribuyan a la sostenibilidad económica, social y ambiental de la población colombiana en el largo plazo no generarán tampoco capacidad de mayor pago de deuda en el largo plazo. Esta realidad la pueden percibir con facilidad los mercados de capitales, donde el gobierno toma en forma habitual deuda nueva para pagar la anterior y para aumentar el nivel.

 

No hay compromiso alguno del gobierno nacional para mejorar la calidad del gasto. Por el contrario, el sistema político está diseñado de manera perversa: los políticos profesionales no asumen responsabilidad alguna desde sus cómodos puestos como congresistas, diputados o concejales; los gobernantes asumen compromisos de gasto público inadecuado para atender las solicitudes de los miembros de los cuerpos colegiados, en contraprestación por el voto favorable de las iniciativas; no hay partidos políticos de verdad, con programas serios y capacidad para movilizar recursos para la financiación de campañas políticas; la justicia no opera con uso de herramientas tecnológicas para lograr eficacia; la educación está sometida a la tiranía de la relación entre el Ministerio de Educación Nacional y las directivas de la Federación Colombiana de Educadores, ninguno de los cuales tiene como prioridad la relación entre docente y estudiantes. Incluso no parece clara la competencia de la Policía Nacional para combatir la flagrante conducta delictual en minería ilegal.

 

El Estado colombiano no es demasiado grande, si se compara con otros países de nivel de desarrollo similar. El problema es su deficiente calidad, que además se refleja en elevada evasión de los impuestos sobre la renta, que se compensa con tarifas muy altas para las empresas e IVA alto para un país tan desigual. El gobierno actual no tiene suficiente tiempo ni la confianza de la comunidad nacional para impulsar los cambios institucionales que requiere Colombia. Sin embargo, podría dejar un camino trazado para que el país reflexione y se ordene con más efectividad para encarar los problemas que enfrenta, que son colosales, pues el abandono estatal a las barriadas de las grandes ciudades y a la periferia rural se debe corregir para construir una sociedad más próspera y sostenible.

El punto de partida es la revisión de la realidad mundial: solo hay un país desarrollado con régimen presidencial, y ese es precisamente Estados Unidos, la primera democracia liberal del mundo, que inicia un nuevo gobierno con Presidente elegido por una minoría. El proceso que llevó a ese país al liderazgo del mundo no es repetible. Hoy se necesita mejor diseño institucional para lograr los resultados necesarios en todos los frentes.

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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