• Comparte

Después de la minga

La agitación social en el país está creciendo. Tantas cosas se ofrecieron en andas de la paz y tan poco se ha hecho por concretarlas, que la frustración y el resentimiento están en aumento.

Indígenas, víctimas, campesinos, empresarios en aprietos, ciudadanos en general, vuelven sus ojos hacia el Estado, pero este se quedó con pocos medios para ofrecer soluciones. Sus finanzas andan diezmadas por la corrupción y por una reforma tributaria improvidente, que golpeó el consumo y tiene en aprietos el aparato productivo.

En los períodos presidenciales recientes, a las comunidades indígenas se las ha tratado como si fueran pandillas de alborotadores que se pueden desarmar con cuentos. A cada reclamo una promesa, el ofrecimiento de beneficios que jamás podrán concretarse. Los funcionarios de turno no han pasado de firmar en el vacío y de gritos populacheros, como los del ministro Iragorri en el resguardo La María: ¡Chirrinche, chirrinche, chirrinche! ¡Santos, santos, santos! ¡Guardia, guardia, guardia!

Esa falta de diálogo responsable entre los gobiernos de turno y las etnias ha llevado a que se comprometan tierras y más tierras. Alguien dijo que para atender las obligaciones adquiridas en el Cauca habría que construirle al departamento varios pisos.

El asunto es perverso porque basados en lo que ahora llaman ‘acuerdos de carretera’ los indígenas estarían pensando equivocadamente, que sus derechos son superiores a los de otros colombianos como son los afrodescendientes, los campesinos tradicionales y los agricultores modernos. Todos estos ciudadanos, terceros inocentes, deberían ser convocados para recibir información de primera mano y participar en cualquier negociación que lleve a la afectación o menoscabo de sus derechos.

De otra parte, se necesita hacer conciencia de que la facultad de movilizarse y protestar no es superior a los derechos fundamentales al trabajo, la salud y la vida que tienen los demás habitantes. Por eso los movimientos indigenistas cometen un grave error al taponar vías, entrabar la circulación, actuar de manera violenta.

El anuncio del levantamiento de la minga es positivo. Según expresó el viceministro del Interior hubo consenso sobre una hoja de ruta para atender los reclamos y se tomarán medidas en materia de gratuidad educativa, reconocimiento de la Universidad Intercultural y apoyo financiero a la EPS indígena.

Pero el punto central del acuerdo parece ser la expedición de un decreto que adoptaría el concepto de “Área poseída de los pueblos indígenas para protección ambiental y territorial”. La propuesta es que en esos territorios las autoridades indígenas de manera autónoma y según su cosmovisión, tengan competencia para administrar, controlar, vigilar y sancionar las acciones que se adelanten sobre el medio ambiente y los recursos naturales.

Aquí vuelve y juega. Esta iniciativa tiene elementos positivos porque vincula a quienes aman el territorio a la protección de la naturaleza, pero el proyecto requiere ser estudiado con participación de todas las partes afectadas. Y es que el andar ligero en estas materias puede abrir un nuevo frente de conflictos. Las decisiones ambientales tienen poderosos componentes técnico-científicos, y la capacidad de impactar no solo las zonas donde habitan las comunidades ancestrales sino también, regiones enteras.

 

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la Corporación Consorcio Ciudadano.
** Publicado en El País Cali.

Deja un Comentario