Democracia radical

Contrario a lo ocurrido hace dos meses en Cartagena, la firma del acuerdo en el Teatro Colón fue significativamente austera y alejada del ambiente festivo de aquel 26 de septiembre. La razón de la sobriedad, tanto escénica como retórica, no fue porque el acontecimiento fuera menos importante, (de hecho es más importante que el de Cartagena porque sí entrega un Acuerdo definitivo), sino porque que el ambiente político del país, quizás más polarizado que antes del plebiscito del 2 de octubre, esté agotado en torno a la política más importante de este gobierno: el proceso de paz.

Es evidente que existe dentro de la opinión pública un hastío con el tema del acuerdo que termina por ser percibido con desgano y desencanto. Tras haber recurrido tantas veces al calificativo histórico, el hito más importante para el desarme efectivo de la guerrilla terminó minimizado. A parte de una ausencia de emoción colectiva frente a la firma del Nuevo Acuerdo, cabe añadirle el sentimiento de decepción y desacuerdo de una parte importante de los colombianos.

El Acuerdo de Cartagena estuvo durante más de un mes, luego de su rechazo en las urnas, en el limbo, preso de la rivalidad política. Y con el Acuerdo del Teatro Colón ya se advierte que será el epicentro de la contienda electoral del 2018. Pese a todo ello, su firma era imprescindible llevarla a cabo cuanto antes, incluso si esto dejaba a algunos sectores insatisfechos. En democracia nunca hay acuerdos absolutos, siempre habrá opiniones discrepantes y con el derecho legítimo a estarlo.

El cese al fuego bilateral tenía garantías siempre que el Acuerdo entrara en vigencia y existiese la certeza de que se activarían todos los protocolos de seguridad para el desarme de las FARC. El cese al fuego no se podía sostener más con la buena fe de las partes sin que mediara lo convenido para garantizar la desmovilización de las unidades de las FARC. Esta situación era altamente riesgosa, pues sometía a las partes a la incertidumbre de evitar cometer el más mínimo error que pudiera romper el cese. De hecho, sin el Acuerdo definitivo, el cese bilateral no sería más que una tregua. Con la firma del Acuerdo Final se acaba la incertidumbre para el país y para las partes del proceso. Los asesinatos de los últimos días de líderes sociales ligados a Marcha Patriótica y la neutralización del Ejército contra unos integrantes de las FARC, habían tensado la cuerda.

En el terreno político, el asunto es más complejo. El Gobierno Nacional hizo un intento genuino por lograr vincular a sectores de la oposición a fin de mejorar el acuerdo y así satisfacer la voluntad popular emanada del voto del 2 de octubre. Sin embargo, en la mesa de conversaciones era claro que el margen de renegociación era amplio, pero no tanto como exigen los líderes del NO. En el plebiscito los colombianos se manifestaron en torno a la aceptación o el rechazo del Acuerdo Final. No fue una votación entre dos propuestas de acuerdo. De hecho, del voto popular no puede obtenerse información que permita entender exactamente qué rechazaron los ciudadanos, máxime con una campaña marcada por la propaganda negra y métodos cuestionables de mercadeo político . Así las cosas, el mandato de los electores fue presentar un acuerdo con cambios, los cuales fueron introducidos en el nuevo Acuerdo como demuestra la matriz publicada por la Oficina del Alto Comisionado de Paz . No es posible interpretar el tipo de acuerdo que quisieron los 6.438.968 ciudadanos que marcaron el No en el tarjetón. No existía un mandato de incorporar indefectiblemente las propuestas de los sectores que interpretaron el voto por el NO.

En complemento a lo anterior, también es claro que el presidente de la República conserva sus facultades constitucionales y legales para negociar, firmar y presentar al Congreso acuerdos o tratados de paz como lo expresa el artículo 189 de la carta magna. No está obligado a consultar al constituyente primario hasta que apruebe definitivamente el contenido de un acuerdo de paz. Eso sería un exabrupto que conllevaría a una democracia plebiscitaria en el que la gobernabilidad se basaría en la consulta popular de todo acto de gobierno. Un paroxismo democrático peligroso. No es prudente ni sensato caer en ese juego populista que llevaría a la inestabilidad y degradación de la condición de ciudadano.

La participación democrática no se reduce a la aclamación o reprobación de una política pública. Involucra un compromiso extra electoral por el control del poder, la formación de criterio y la autonomía frente a caudillos y líderes que se autoproclaman como intérpretes de la masa, y no de un cuerpo de ciudadanos libres e independientes. Primó el pragmatismo y el realismo político sobre los deseos de un consenso nacional que partiera de un consenso de las élites políticas. Pero ese pragmatismo salvará vidas y por ello mismo debería ganar mayor respaldo entre la opinión pública, siempre y cuando la implementación del Acuerdo sea responsable y con garantías, especialmente para la ciudadanía escéptica del proceso.

La polarización y el malestar de la mitad del país nos indican claramente que el sistema político colombiano requiere ajustes. Que la democracia representativa no tiene suficiente legitimidad. Que en el Congreso no están todos los representantes del pueblo, lo que no quiere decir que no haya ninguno.  Más que optar por alternativas populistas, simplistas y sectarias, la transición política abre puertas para promover las reformas encaminadas a optimizar la incidencia del ciudadano corriente en la toma de decisiones públicas. Esa oportunidad se debe aprovechar con mesura. Irnos a los extremos podría ahondar la crisis política y hacer tambalear las instituciones. Lo que más nos conviene es mantenernos lejos de la democracia radical.

 

 

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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