Confianza, seguridad y disciplina fiscal, los principales retos de la administración Duque en 2019

Corrido el mes de enero, cada año se realiza en la ciudad de Davos, Suiza, la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM). Las nevadas laderas de las montañas alpinas son testigo de los más intensos debates de la élite mundial para conducir a la economía global por las sendas de crecimiento sostenido y la estabilidad económica y social.

Aunque las delegaciones europea y estadounidense constituyen la inmensa mayoría de los participantes, la delegación colombiana suele estar presente y participar de las principales actividades del Foro. De hecho, en 2016 se celebró en Medellín, a escala regional, una reunión en el marco de esta institución.

Esta entidad, a su vez, publica cada año el Informe de competitividad global (Global Competitiveness Report), en el cual se sintetizan en doce pilares los aspectos más importantes que configuran la competitividad de una nación y que constituyen las bases del aumento sostenido de la productividad y por consiguiente del nivel de vida de sus ciudadanos. Si bien en la última década Colombia no mejora sustancialmente en este ranking, al menos no retrocede hacia la parte baja de la tabla como ha sucedido con otros países de la región como Brasil y Venezuela.

Aunque cada pilar es importante por sí mismo, y una competitividad desbalanceada no suele ser el mejor camino hacia el desarrollo, los tres principales retos del gobierno colombiano en 2019 para conducir la economía nacional por la senda del crecimiento y la estabilidad social son la lucha contra la corrupción, la mejora de la seguridad física de la ciudadanía y la estabilidad macroeconómica.

El primero y segundo reto se encuentran enmarcados dentro del pilar institucional. No es de extrañar que precisamente sea éste el eslabón más débil de la competitividad colombiana. Los escándalos de corrupción ligados al caso Odebrecht, las dudas sobre la legalidad en la financiación de ciertas campañas políticas, los fallos en la construcción de la represa de Hidroituango, entre otros, han dejado estupefacta a la opinión pública y han significado retrocesos en comparación con los años precedentes.

El atentado terrorista a la Escuela de Policía General Santander en Bogotá muestra que, a pesar de los avances con las FARC, todavía persisten debilidades en materia de seguridad. No debemos llamarnos a engaños, mientras el proceso de paz no se complete con todos los grupos armados, incluido el ELN, nuestro país seguirá siendo vulnerable a este tipo de ataques. De ahí, la imperiosa necesidad de reactivar los diálogos con miras al desarme de todos los grupos insurgentes.

Por debajo de la escala nacional, los retos en seguridad más grandes se encuentran a nivel urbano. Ciudades como Cali y Palmira aparecen en los rankings de las 50 ciudades con más homicidios en el mundo y los niveles de criminalidad son excesivamente altos en muchos otros aspectos. Los caleños debemos contribuir a buscar soluciones a estas problemáticas si queremos atraer la inversión nacional y extranjera y fomentar con ello el desarrollo económico.

Por último, a pesar de la aprobación de la ley de financiamiento y de la mejora en los precios internacionales del petróleo, la estabilidad macroeconómica de Colombia se encuentra muy comprometida. La inflación sigue siendo alta en términos relativos, ocupando el puesto 108 entre los 140 países que estudia el FEM. Por su parte el déficit fiscal sigue siendo alto, -2.4% del PIB en 2018 y la deuda pública continúa aumentando. Del cumplimento de la regla fiscal que obliga balancear las finanzas públicas depende el mantenimiento de la calificación de grado de inversión que nos otorgan las calificadoras de riesgo y que garantizan el acceso al financiamiento externo a tasas de interés, que, aunque altas, sigan siendo abordables.

Sin olvidar todas las necesidades de inversión que Colombia requiere en materia de infraestructura, salud, educación, ciencia y tecnología, la recomendación para la administración Duque en el comienzo del presente año es redoblar esfuerzos para combatir la corrupción, mejorar los niveles de seguridad y mantener controladas las finanzas públicas.

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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