Capitalismo y democracia: un matrimonio inseparable

 

El capitalismo es el propósito de construir capital privado como mecanismo para lograr propósitos vitales de largo plazo. La democracia es el gobierno de todos. Ninguno de los dos puede existir de manera absoluta, el primero porque cada persona tiene propósitos individuales y pondera de diferente manera el futuro, y el segundo porque, en la práctica, no hay dos personas iguales. La pregunta sobre compatibilidad entre uno y otra se ha formulado a lo largo de los años desde diversas perspectivas, y la discusión subsiste.

Muchas personas creen que el capitalismo es, por definición, inaceptable, y que los medios de producción deben ser, al menos en buena parte, propiedad del Estado. Otras sostienen que la democracia es una utopía, relevante como discurso pero no como práctica. Lo cierto es que las circunstancias del mundo de hoy obligan a explorar formas de organización social que permitan al tiempo relativa seguridad en lo material y ordenamiento de lo público de manera que los espacios y propósitos individuales se respeten.

El capitalismo moderno es fruto del proceso mediante el cual se estableció la hegemonía de Occidente en el ámbito mundial; se expresó en el mercantilismo entre el siglo dieciséis y el siglo dieciocho, en la materialización del aparato productivo de la revolución industrial desde el siglo diecinueve, y en décadas recientes en la financiación de los servicios propios de la sociedad posmoderna.

El ordenamiento institucional desarrollado para el gobierno corporativo de las sociedades por acciones permitió el surgimiento de empresas cuyas vidas trascienden generaciones, y obligó a estudiar las formas de administrar conflictos de interés. Además facilitó el aseguramiento de las fases improductivas de la vida humana y el diferimiento del consumo para permitir la inversión. Sin embargo, también abrió el espacio para el cultivo de la codicia mediante prácticas indebidas; por esta razón es preciso regular actividades para evitar abusos en estructuras asimétricas. Esa regulación, que nunca concluirá, es tarea de lo público.

La democracia es también el producto de procesos inconclusos. En la Atenas del siglo quinto antes de Cristo había prácticas políticas sobre la base de la igualdad entre los ciudadanos, pero la masa de participantes no incluía a las mujeres, a los extranjeros ni a los esclavos. Así las cosas, solo diez por ciento de la población era partícipe de la deliberación. Tampoco había criterios objetivos para la selección de los servidores públicos y las determinaciones sobre los asuntos centrales de la comunidad: los nombramientos podían obedecer a criterios inapropiados, impulsados con destreza oratoria en el seno de la asamblea del pueblo. La revolución gloriosa de 1689 en Gran Bretaña estableció derechos inalienables para los ciudadanos, pero solo la revolución americana de 1776 introdujo la elección popular del gobierno. La primera ola de reproducción de la democracia, a principios del siglo diecinueve, instauró el régimen presidencial. Con posterioridad se estableció la elección popular en los países desarrollados bajo el régimen parlamentario, en el cual los políticos profesionales asumen responsabilidades en la administración pública. Ambos sistemas, presidencial y parlamentario, tienen defectos: el uno es riesgoso, el otro inestable.

Las trasformaciones del mundo en los últimos cien años, impulsadas por cambios en productividad, abaratamiento del transporte y nuevas herramientas de comunicación, han facilitado el flujo del capital en todo el planeta. Los promotores de la supresión de barreras comerciales han ignorado diferencias culturales y, lo que es más grave, las implicaciones de la desigualdad en desarrollo económico y social.

El sistema económico mundial está hoy comprometido con el libre flujo de bienes y capital, pero tiene restricciones al flujo de la mano de obra. Además la calidad del gasto público es más mala entre más pobre sea un país en particular. De otra parte, la institucionalidad del mundo, inadecuada y burocratizada, ha facilitado la entronización de patrones de comportamiento insostenibles: si todo el mundo adoptara el esquema de la sociedad de consumo vigente en Estados Unidos, Canadá y Australia, el costo marginal de materias primas sería demasiado elevado. No se puede seguir acumulando de manera impune deuda pública a cargo de futuras generaciones. Tampoco tiene sentido castigar el ahorro en forma indefinida mediante la instauración de tasas de interés bajas para evitar el estancamiento de la economía.

Los retos que enfrenta la humanidad son serios. Es necesario racionalizar los consumos y mitigar el impacto ambiental de los procesos de producción y distribución de bienes y servicios. Es importante mejorar el desempeño institucional de todo el planeta, pero sobre todo el de los países pobres, para mejorar la calidad del gasto. Es conveniente buscar integración laboral, fiscal y monetaria de países demasiado pequeños para competir en la arena mundial.

Es preciso suprimir las prohibiciones, como la del consumo de estupefacientes, que robustecen en forma considerable las conductas delincuenciales. Hay que abordar los riesgos derivados de la existencia de armas con capacidad de destrucción total, y los relacionados con la interferencia indebida en la información cibernética, gran activo de esta época.

Urge aumentar la acumulación de capital y la productividad para hacer sostenible la vida de todos los humanos: la proporción de población improductiva sobre el total va a aumentar de manera inexorable, porque la fase preparatoria y la vida después de la fase productiva tienden a extenderse; la automatización es parte de la solución, pero la solución no será solo consecuencia de la tecnología. Debemos ordenarnos para evitar catástrofes, lograr objetivos esenciales y, al tiempo, promover la ética y preservar la posibilidad de libertad en las decisiones individuales y de comunidad.

La conciliación de capitalismo y democracia es, por consiguiente necesaria. El proceso exige madurez. Se debe reconocer la importancia de construir conocimiento, y ofrecer suficiente seguridad para desincentivar la acumulación individual en exceso y, sobre todo, a través de mecanismos destructivos. La desigualdad excesiva es fuente de graves problemas, entre ellos la limitación a la demanda agregada; sin embargo,  también hay que preservar el derecho a prosperar mediante el aprovechamiento de las ciencias, las artes y las letras, la gran arma de la humanidad, de manera que no se inhiba la creatividad y se consolide el burocratismo. Todo esto apunta a la importancia de revisar las instituciones públicas en todo el planeta; cabe incluso la posibilidad de tomar como punto de referencia la lógica de la institucionalidad del capital, pues los sistemas administrativos que asignan a una persona la responsabilidad sobre todo el andamiaje lucen inadecuados para las complejidades de hoy, más apropiadas para mecanismos colegiados de gobierno. Hoy todo este discurso parece utopía pero muy pronto será necesidad; la especie se debe preparar para los retos que no ha querido enfrentar.

 

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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