Álvaro Uribe Vélez y Belisario Betancur Cuartas: entre la responsabilidad política y la culpabilidad penal

«Álvaro Uribe Vélez, no es un simple tejedor más en esa red social de criminalidad. Él es en la actualidad el más protagónico, representativo y pugnaz líder político de la nación.»

Tal es la encrucijada política y personal en que se encuentra el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Le ha llegado la hora de la verdad. Para su ventura y tormento, ello acontece bajo un gobierno presidido por su poderosa influencia, que lo expone al escrutinio de todos los reflectores de la opinión nacional e internacional. Pero él se siente seguro y triunfante. Porque de entrada asume el reto en el terreno más ventajoso para su figura, en el foro penal, que demanda la plena prueba para ser procesado y condenado por los delitos que se le imputan: soborno de testigos y fraude procesal. Pruebas que serán ferozmente controvertidas por su equipo de abogados, hasta diluirlas en un mar de dudas y en un limbo de suspicacias, al punto de poder configurar el famoso in dubio pro reo[1] y así los jueces no tendrán otra alternativa que dejarlo libre de cargos. Es probable que de ese limbo judicial no salga ninguna verdad. Es una estrategia penal ganadora, pero políticamente perdedora. Perdedora, porque el implicado no es una persona corriente, un sindicado más en ese tejido de complicidades y delitos que cada día nos revela, con mayor claridad y asombro, la profunda y vasta urdimbre de criminalidad que constituye la quintaesencia de nuestra sociedad. No, Álvaro Uribe Vélez, no es un simple tejedor más en esa red social de criminalidad. Él es en la actualidad el más protagónico, representativo y pugnaz líder político de la nación. A tal punto que la fragmenta y divide, generando pasiones inverosímiles a su favor y odios mortales en su contra. Y esto acontece en una coyuntura histórica trascendental, pues transitamos hacia verdades políticas que nos revelarán quiénes somos como ciudadanos y lo que podemos llegar a ser como nación.

Memoria de verdades negadas

Una coyuntura inédita, donde por primera vez los colombianos nos estamos jugando el reto de empezar a reconocernos como ciudadanos con igual derecho a vivir sin mentiras y odios o, por el contrario, a seguir viviendo en medio del odio y  las mentiras, con su estela interminable de muerte, negación y afectación de la memoria. Hoy, más que nunca, precisamos de una memoria que nos permita comprender y saber qué hemos sido, por qué somos así y qué  podemos llegar a ser. El tiempo de la paz y la reconciliación nos  demanda a todos la verdad y la asunción de nuestras responsabilidades, según nuestros roles vitales, si queremos que ella sea firme y duradera. De lo contrario, será una coartada más para perpetuar impunidades políticas y preparar mayores injusticias, como lo fue la llamada paz del Frente Nacional, durante la cual se incubó esta guerra que a todos nos degrada y aún no ha terminado.

Tiempo de verdades

Estamos entrando al tiempo de las verdades políticas y las responsabilidades públicas. Es un tiempo de incertidumbres y pleno de desafíos, pues, desde los albores de nuestra república, las verdades sobre las responsabilidades de los dirigentes públicos han sido desaparecidas y escamoteadas. Han sido diluidas, cuando no evadidas o tergiversadas, de tal suerte que nunca hemos sabido qué nos ha pasado y quiénes han sido más o menos responsables de lo sucedido. Y, lo que es todavía peor, tampoco hemos sido capaces de asumir nuestra propia responsabilidad, en tanto ciudadanos, sobre lo que nos ha acontecido y está pasando. Pero nos ha llegado a todos la hora de empezar a hacerlo. Nos ha llegado la hora de distinguir claramente entre la responsabilidad política y la culpabilidad penal.

Responsabilidad política Vs Culpabilidad penal

La primera es de carácter público y general, la segunda es estrictamente personal. La responsabilidad política se expresa en hechos públicos, es decir, objetivos e innegables, que a todos nos afectan. De ella son responsables, por acción u omisión, quienes toman decisiones desde cargos públicos, más allá de sus buenas o malas intenciones. Un ejemplo dramático lo vivió Belisario Betancur (q.e.p.d) durante la toma del Palacio de Justicia y su decisión fatal de no ordenar el alto al fuego, para tratar de salvar el mayor número de vidas posibles de los rehenes en manos del M-19. Belisario Betancur asumió, la misma tarde de la culminación del holocausto de la Justicia, toda su responsabilidad política como Presidente y Jefe constitucional de las Fuerzas Armadas. Argumentó que siempre estuvo asistido de la mejor intención en sus decisiones, en el marco del “cumplimiento de la Constitución y la ley”. Y, consecuente con esa responsabilidad política, se marginó posteriormente por completo de la vida política del país, en lugar de continuar defendiendo una decisión y una gestión deplorable. Luego, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conminado a esclarecer judicialmente lo sucedido y reparar a las víctimas, sin cumplir todavía plenamente lo ordenado. Belisario Betancur murió sin que la justicia se pronunciara sobre su culpabilidad personal, pero al menos tuvo la entereza de asumir toda la responsabilidad política y de pedir perdón a las incontables víctimas, en gran parte como consecuencia de su decisión y del acto terrorífico y alucinado del M-19, artífice principal del holocausto junto a la respuesta brutal y vengativa de la Fuerza Pública.

Belisario Betancur y Álvaro Uribe Vélez

Valdría la pena que Álvaro Uribe Vélez y sus millones de electores reflexionaran sobre la decisión y la conducta de Belisario Betancur. Sin duda, Uribe Vélez, al igual que Betancur Cuartas y todos sus sucesores, hasta Juan Manuel Santos, estuvieron obsesionados con la búsqueda de la paz política, pero sus resultados saltan a la vista y sólo este último la firmó. Nadie pone en duda el éxito en el desmantelamiento y la desmovilización de esa Federación del Crimen llamada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en virtud de la ley 975 de 2005, promovida por Uribe. Pero tampoco la continuidad de dicho fenómeno y su mutación bajo otras formas, aún más criminales, al igual que el escamoteo de las responsabilidades de políticos y empresarios en su configuración, mediante la extradición a Estados Unidos de sus máximos comandantes, justo cuando empezaron a develar la verdad de esa densa red de parapolíticos y empresarios que contribuyeron a la gobernabilidad de sus dos administraciones.  Como tampoco se puede desconocer que el antecedente legal de las AUC fueron las Convivir, autorizadas por el Decreto Ley 356 de 1994 de César Gaviria Trujillo, promovido en Antioquia en forma entusiasta por el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez. A tal punto que, durante su gobernación, el número de víctimas mortales en desarrollo de masacres aumentó casi exponencialmente, comenzando en 1995 con  143; 1996 con 357 y culminando en 1997 con 439, como puede consultarse en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, Colombia 2004[2]. Pero, más allá de estas escabrosas cifras, tampoco se puede desconocer que al frente de la Aerocivil, durante su gestión, se expidieron el mayor número de licencias para aeronaves de narcotraficantes y pistas de aterrizaje que, luego el sacrificado ministro Rodrigo Lara Bonilla, tuvo que anular en su lucha valerosa contra Pablo Escobar. También que, su segundo mandato como presidente de la República (2006-2010), tuvo un origen ilícito, pues el cambio del “articulito” constitucional, les costó a sus ministros de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, y de salud, Diego Palacio B, algunos años de cárcel por el delito de cohecho. Delito legitimado en las urnas por 7.397.835 votos, en reconocimiento de sus importantes logros en su lucha contra las Farc-Ep, pues redujo el número de secuestros de 2.986 a 806 en el 2003, entre otras acciones militares exitosas. Como tampoco se puede negar que su denominada política de “Seguridad democrática”, expresada en la circular 029 de 2005[3], dejó un número de ejecuciones extrajudiciales de civiles inermes o “falsos positivos” cuyo cifra todavía no se ha podido precisar, pero que sobrepasa las dos mil víctimas mortales. En fin, que más allá de la impronta política de Álvaro Uribe Vélez, está la responsabilidad política de los millones de ciudadanos que lo han llevado a la cumbre institucional y pública en que se encuentra, inaccesible hasta ahora a la justicia penal, pero no a la conciencia de cualquier ciudadano que no haya renunciado a pensar moralmente y sentir humanamente la estela de dolor que sus decisiones como gobernante ha causado en millares de compatriotas.

Uribe: Entre la Corte Suprema de Justicia, la JEP y el retiro de la vida pública

Por eso, más allá de la decisión que tome la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, está el juicio de cada ciudadano frente a la responsabilidad política e histórica de Álvaro Uribe Vélez y sus actuales sucesores en el poder estatal. Y la encrucijada personal en que se encuentra Uribe Vélez tiene varios caminos, uno de los cuales es seguir los pasos de Betancur Cuartas, marginándose por completo de la vida pública, y el otro es  comparecer ante la JEP y empezar a contar, con la misma sinceridad y entereza de su paisano, las verdades que nos debe a todos. Con ello, contribuiría a un cambio histórico en nuestra vida pública, el del fin de la impunidad política, mucho más grave que la penal, pues requiere de la complicidad de millones de electores y la negación del dolor y la dignidad de millares de víctimas. Dejaríamos, así, de vivir en medio de tanta mentira y odio, para empezar a mirarnos a los ojos sin miedo y vergüenza, reconociendo nuestra común humanidad y dignidad, presupuestos de la reconciliación y el perdón, rechazando el olvido y la impunidad política, que no nos han permitido hasta hoy conocer todas las verdades de nuestro atroz conflicto, tanto las de las víctimas como la de los victimarios. Quizá, entonces, podamos entre todos empezar a vivir en paz. Tal es el mayor desafío y la más valiosa contribución de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Por eso, debemos apoyarlas, en lugar de limitarlas -disminuyendo su presupuesto como hace el actual gobierno— o, desprestigiarlas a partir de calumnias y mentiras propaladas por las redes sociales y algunos medios de comunicación.

[1] En caso de duda, se favorece al acusado.

[2] https://www.nocheyniebla.org/

[3] https://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo87344-directiva-ministerial-029-de-2005

Imagen: https://bit.ly/2P0ucOr

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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