Alcalde, no se equivoque

La revocatoria de los gobernantes locales es una alternativa contemplada en la Constitución. Sin embargo, en las circunstancias de Cali la idea se debe sopesar detenidamente. La primera razón para la cautela es que en un plazo tan perentorio resulta difícil cumplir los requisitos engorrosos de aquel procedimiento.

En segundo lugar, aquella actuación llevará como es natural, a que el alcalde se defienda empleando las armas que mejor maneja. Con la palabra enardecida y el gesto adolorido querrá retomar el papel de víctima ya desempeñado durante la huelga de hambre anterior a su elección. En el proceso hasta es posible que denuncie un complot fraguado entre la oligarquía y la extrema derecha, incluso puede que acuda a instancias jurídicas internacionales y termine invocando la ayuda de su amigo Gustavo Petro.

Así tendríamos aposentado en esta ciudad al jefe de la ‘Colombia Humana’, empeñado en vender esas historias delirantes con las cuales intenta persuadir a los ingenuos. Revolcar, envalentonar, polarizar, sería el plan. Esto mientras la suerte de nuestra querida Cali queda en manos del azar.

En verdad preferiría que al actual gobierno caleño le fuera bien y nos sorprendiera con una gestión transparente y eficaz. Pero esa perspectiva luce distante. La administración ha ido perdiendo la confianza de los habitantes y la confianza rota no se restituye tan solo con declaraciones de intención. Hacen falta señales concretas, determinaciones, hechos.

¿Cómo recuperar la credibilidad cuando sigue la proliferación de convenios interadministrativos, una modalidad que dificulta identificar al beneficiario final de los pagos y facilita el direccionamiento de recursos públicos hacia personas o formaciones políticas predeterminadas?

¿Cómo mantener la confianza si el alcalde no asume responsabilidad alguna sobre la contratación y la traslada a sus secretarios, quienes se convierten así en simples firmones, carne de cañón que expone el pellejo y padece las consecuencias de lo decidido por el gobernante y sus asesores íntimos?

¿Cómo convencer a la opinión pública de que la lentitud de la Fiscalía General de la Nación en los casos contra Ospina no está vinculada al reconocido parentesco entre colaboradores suyos y algún alto cargo del ente investigador?

¿Cómo justificar frente a la gente los amacices y las prácticas de cierta politiquería tradicional en un gobierno que llegó al poder ofreciendo valores éticos y renovación?

El descenso en la aprobación del alcalde no es cuestión fortuita. En el alma de quienes habitan esta ciudad está escrita la vocación cívica. Esa vocación cívica nos ha dictado desde siempre un principio que hoy se repite en las redes sociales: lo público es demasiado importante para abandonarlo en manos de los oportunistas y los politiqueros.

Quienes están en el gobierno distrital no pueden equivocarse. Deberían entender que los ciudadanos tenemos el legítimo derecho a vigilar el manejo de los recursos públicos, y el deber de visibilizar las situaciones anómalas, incluso las relacionadas con el desempeño inapropiado de los entes de control. Este no es asunto exclusivo de quijotes como Diana Rojas y Elmer Montaña, se trata de un cometido que compromete a todos los caleños.

 

Columna recuperada del Diario El País 
Foto: Jorge Orozco / El País

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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