AGUJEROS NEGROS EN LA POLÍTICA NACIONAL

Nuestra realidad política nacional es tan inverosímil que ella contiene no sólo un agujero negro, sino varios. Dichos agujeros son obra de sus más connotados protagonistas, cuya capacidad para inventarlos, eludirlos o negarlos está en relación directa con sus ejecutorias en el pasado. Entre esos agujeros negros, sobresalen el narcotráfico, la extradición, la violencia política y la corrupción. Según los astrofísicos, la principal característica de los agujeros negros es que poseen tal fuerza gravitacional, que ni siquiera la luz puede salir de ellos. Y esa parece ser también la principal característica de nuestra realidad política nacional. Cada día ella es más oscura e impenetrable, como lo está demostrando por estos días el debate en el Senado sobre las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP.  El vórtice de tal oscuridad es la relación entre el narcotráfico y la política, cuyo origen no se encuentra propiamente en nuestra constelación del sur, sino en la del norte que, bajo la presidencia de un oscuro y tenebroso personaje, Richard Nixon, le declaró la “guerra al narcotráfico”, como una cortina de humo para ocultar su fracasada y mentirosa guerra de Vietnam. Así lo reveló uno de sus principales asesores, John Ehrlichman, al salir de la cárcel por su implicación en Watergate, al periodista Dan Baum de Harper´s Magazine:

«¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?», me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. «La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches en las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que sí».

Y desde entonces ese agujero negro no ha parado de atraer y devorar en su interior todo lo que encuentra y necesita para aumentar su tamaño, succionando violentamente lo que se oponga a su crecimiento insaciable. En nuestro caso, desde sus más aguerridos y honestos contradictores, tanto en la política, la justicia, la Fuerza Pública, el periodismo, la academia y los luchadores sociales, hasta la misma naturaleza, sometida a su deforestación y posterior fumigación con glifosato. Un agujero negro que contiene en su interior magnicidios, genocidios y ecocidios, sin que se detenga en su expansión, estimulado precisamente por el prohibicionismo, que cada día aumenta sideralmente las ganancias de los narcotraficantes.

Así las cosas, resulta que el agujero negro del narcotráfico es consubstancial a la misma existencia de la política, en cuyos límites se diluye y fusiona, como quedó plasmado en la ley 975 de 2005, promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Dicha ley, oficialmente denominada de “Justicia y Paz”, concertada con los grupos paramilitares en Santafé de Ralito, previa visita al Congreso de la República y promoción de la misma por su máximo comandante, Salvatore Mancuso, acompañado de Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez) y Ramón Isaza, en el artículo 10.5  estableció que se podían acoger a ella todos los miembros de organizaciones armadas ilegales: “que no se hayan organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”.

Lo anterior consagró legalmente la mayor monstruosidad ética y política concebible, pues de todos era sabido que los grupos paramilitares desde sus orígenes, con los hermanos Castaño y posteriormente con don Berna, Macaco, Jorge 40, y demás pléyade de comandantes, estuvieron dedicados al narcotráfico, denominado por Mancuso “la chequera de la guerra”. Monstruosidad, puesto que la ley 975 lo que estableció es que, si dichos grupos masacraron, descuartizaron y desaparecieron miles de víctimas, podían beneficiarse de la ley 975, puesto que no se habían “organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”. Y entonces cuando sus comandantes en las versiones libres, para acogerse a la alternatividad penal favorable, empezaron a revelar sus alianzas criminales con un número apreciable de congresistas de la coalición gubernamental uribista, inmediatamente fueron extraditados por “narcotraficantes”. Y con ellos la verdad también fue extraditada. Sobre todo, aquella que todavía deben al país y a los cientos de miles de víctimas que causaron. Quizá por ello, ahora de nuevo el senador Uribe y su bancada están tan interesados en que se continúe extraditando, pues temen que empiece a salir algo más de luz de semejante agujero negro, y se conozca la responsabilidad de las “otras personas” en el conflicto armado, como los miembros de la Fuerza Pública y los particulares afines a las Convivir y su posterior mutación criminal en grupos paramilitares. Sin duda, la extradición no es sólo sustracción de soberanía judicial, sino sobre todo miedo a la verdad e impunidad genuina para las incontables víctimas del conflicto armado, como ha sucedido hasta ahora con los paramilitares extraditados. Por eso las objeciones presidenciales son objeciones para la conveniencia del Centro Democrático y su “presidente eterno”, hábilmente disfrazadas de inconveniencia nacional y deben ser negadas en su totalidad por el Senado.

Imagen: https://bit.ly/2Le9DMz

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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