Llamado a la mesura

El pasado 23 de enero de 2019 el Presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentó como Presidente Interino del país, haciendo una interpretación bastante polémica del articulado constitucional, declarando como ilegítimo el Gobierno de Maduro y ocasionando una serie de ofensivas diplomáticas que merecen ser estudiadas con detenimiento y cuidado, con el fin de evitar escenarios más críticos de los que se viven actualmente en este país.

Sería prudente iniciar explicando la actual estructura política de Venezuela y de dónde surge la famosa interpretación que le permite a Guaidó declararse Presidente Interino.

Después de años de predominancia del chavismo en todos los cuerpos de poder en Venezuela, la oposición alcanza una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (AN), instancia que funge como poder legislativo. Naturalmente, lo anterior lleva a que dicha Asamblea empiece un proceso de dura oposición al Gobierno de Maduro que termina siendo interpretada por el poder judicial, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como un “desacato”.

El TSJ, nombrado por la anterior Asamblea Nacional de corte chavista, decide entonces asumir los poderes legislativos de la nueva AN de manera transitoria e inicia un bloqueo institucional que culmina con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano encargado de redactar una nueva constitución en Venezuela y que tiene poderes legislativos que sustituyen a la AN por su presunto “desacato”.

En todo este proceso, la Asamblea Nacional declara ilegítimas las decisiones del TSJ y nombra un nuevo Tribunal en el Exilio conformado por magistrados de oposición que hacen contrapeso simbólico a las decisiones del TSJ chavista.

Lo que terminó sucediendo es que existen dos institucionalidades paralelas en Venezuela; que no reconocen la legitimidad de su contraparte y que tienen sumido al país en un escenario bastante crítico.

En la interpretación que realiza la oposición venezolana, las elecciones que permitieron la reelección de Maduro no fueron en derecho y, por tanto, el país tiene un vació de poder desde el 10 de enero de 2019 que justifica el nombramiento de Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional, como Presidente Interino del país.

El contexto presentado anteriormente no tiene por objetivo dilucidar cuál de las dos institucionalidades paralelas del país tiene razón en su accionar. Ambas tienen fuertes argumentos para sustentar su actuación y ambas son, ante todo, el reflejo de una crisis de legitimidad y de una crisis humanitaria que debe ser resuelta.

Lo cual me lleva a preguntarme sobre las ofensivas diplomáticas y la tensión armada que se ha desarrollado alrededor del tema de Venezuela, lo que nos sitúa en una posición de riesgo como vecinos fronterizos y como principales receptores de inmigrantes venezolanos.

Aquellos que hemos sido críticos del Gobierno de Maduro entendemos que las democracias requieren más que elecciones periódicas para poder brindar legitimidad al aparato estatal. Creemos, porque esto es una cuestión eminentemente de creencias, que sin una separación de poderes tangible y sólida no puede existir una predominancia de leyes justas y objetivas, pues todo termina siendo amoldado al gusto de quien ostenta el poder.

Pero también, como defensores de la democracia, entendemos el riesgo que supone involucrar a las potencias extranjeras en disputas nacionales, especialmente cuando dichas potencias emplean estrategias de disuasión armada que pueden terminar manifestándose en hechos concretos, tal como la historia nos ha demostrado en el pasado.

¿Cómo se puede luchar entonces contra un gobierno ilegítimo que ha provocado una crisis humanitaria colosal por medio de decisiones incompetentes y por sus ansias de aferrarse al poder?

No creo que existan soluciones simples a problemas complejos en materia de política, como mínimo tengo claro que necesitamos prudencia a la hora de asumir posturas frente a los acontecimientos que ocurren en Venezuela.

Considero que es plenamente legítimo que a través de una interpretación se haya convulsionado nuevamente un país en crisis y sostengo que ninguna solución es viable mientras que todo el aparato estatal siga en manos de una sola figura autoritaria. No obstante, discrepo mucho en los modos empleados hasta ahora, especialmente cuando se trata de sugerir que los golpes militares o las guerras civiles son alternativas válidas.

Me preocupa también que las sanciones económicas agraven aún más la crisis humanitaria que ya se vive en dicho país, cuando sabemos que las personas que más sufren son aquellas que ya tienen problemas para acceder a elementos básicos de subsistencia, como medicinas y alimentación.

Creo yo que tenemos que empezar por cortar el discurso bélico que se está gestando, bajo la presunta figura inocente de la disuasión. Olvidan muchos analistas que las declaraciones comprometen a los países y que las partes amenazadas reaccionan ante las declaraciones asumiéndolas como ciertas.

Eso sí, sostengo que las ofensivas diplomáticas son necesarias y que debemos ejercer presión internacional para hacer un llamamiento a elecciones libres y al desmonte de las estructuras cooptadas por el Gobierno de Maduro; con especial énfasis en que es el pueblo venezolano el que debe decidir la dirección que quiere darle a su país, incluso si ello implica una nueva victoria del chavismo bajo una estructura política de división de poderes y del restablecimiento de la democracia.

La impotencia y el desespero que nos genera observar lo que sucede en Venezuela no puede ser excusa para que obviemos todos los logros que hemos materializado como comunidad internacional y como defensores de la democracia; no puede ser la excusa para legitimar la barbarie, las intervenciones armadas, los golpes de estado ni las dictaduras de otras corrientes ideológicas.

Fuente imagen: www.rpp.pe/mundo/

 

 

 

 

 

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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