EL SAHARA OCCIDENTAL Y EL ROL DEL DERECHO INTERNACIONAL

El pasado 5 y 6 de diciembre, por solicitud de la ONU, tuvo lugar la primera ronda de reuniones entre las partes de un conflicto antiguo que ha puesto en duda la efectividad de nuestro sistema internacional y la aplicabilidad del derecho. Como se pronosticaba, dichas conversaciones resultaron improductivas en cuanto a su contenido, pero sirvió de plataforma para diseñar una segunda ronda de reuniones que tendrá lugar en el primer trimestre de 2019.

El territorio en disputa se llama el Sahara Occidental y esta es su historia:

El conflicto tiene su origen en 1963, cuando el Sahara Occidental (en ese momento Sahara Español) ingresa a la lista de territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización de la ONU. Esto se da como respuesta a la falta de resultados que estaba mostrando España respecto al proceso de dejación de sus colonias en el Magreb Islámico. En este punto de la historia, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU reconocía el derecho que tenían los saharauis a determinar libremente su forma de organización política, social y económica (derecho de la libre determinación o autodeterminación).

No obstante, mientras España finalmente accedía adelantar los procesos de descolonización y establecía las fechas de un referendo de autodeterminación, el Reino de Marruecos presentó una consulta en la Corte Internacional de Justicia reclamando su soberanía sobre la colonia española.

En 1975, la Corte responde la solicitud de Marruecos negando sus pretensiones de anexión territorial y reafirmando el derecho que tienen los saharauis al proceso de descolonización.

No contentos con la respuesta de la Corte, Marruecos pacta con España la transferencia de soberanía del Sahara Español (ahora Sahara Occidental) a cambio de unos acuerdos de explotación minera y pesquera a favor de la antigua potencia colonizadora y procede a invadir el territorio a finales de 1975.

Desde el momento de la ocupación marroquí, los saharauis proclamaron el nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) e iniciaron una guerra independentista que sigue sin resolverse.

En un principio, las Resoluciones de la ONU condenaban la ocupación de Marruecos y declaraban que España seguía siendo la responsable de adelantar el proceso de descolonización en el Sahara Occidental. Pero cualquier medida que significara imponer sanciones o intervenir directamente en el territorio era bloqueada por las potencias aliadas de Marruecos: Estados Unidos y Francia.

La guerra entre saharauis y marroquíes siguió extendiéndose hasta que, en 1991, logran firmar un cese al fuego por intermediación de la ONU y bajo la promesa de que Marruecos realizara un referendo para que los saharauis pudieran elegir su destino como nación.

El referendo nunca tuvo lugar y hasta el día de hoy Marruecos sigue ocupando ilegalmente el territorio. ¿Qué pasó?

Primero, cambió la voluntad de la comunidad internacional y primaron los intereses de las grandes potencias aliadas de Marruecos. Tanto Estados Unidos como Francia lograron frenar resoluciones desfavorables que, dentro de la ONU, pudieran invocar acciones más contundentes. Igualmente, introdujeron la idea de que la creación de un nuevo Estado era inviable. Hoy en día, la Misión de Naciones Unidas para el Referendo en el Sahara Occidental (MINURSO) aboga por la creación de una región autónoma en lugar del proceso de descolonización de 1975.

Segundo, el poder comercial y militar de Marruecos aumentó de manera considerable después de la anexión territorial del Sahara Occidental. Este crecimiento le permitió construir una política exterior que impuso que los países que negociaran con el Reino de Marruecos debían abstenerse de reconocer a la RASD como Estado.

El poder de negociación de Marruecos en política exterior es tan fuerte, que incluso hay países que han “retirado” el reconocimiento que en años anteriores habían hecho de la RASD como representante legítimo del pueblo saharaui y como Estado. Entre esos países, se encuentra Colombia.

En derecho internacional público no existe una figura que permita a un país “retirar” el reconocimiento que ha hecho de la existencia de otro Estado. Como Colombia, otros 20 países han intentado usar la figura del “retiro” o “suspensión” del reconocimiento de la RASD.

Tercero, el proceso de anexión ha sido tan intenso y prolongado, que la composición territorial del Sahara Occidental ha cambiado considerablemente en los últimos 40 años. Por un lado, se estima que la población de origen marroquí ahora supera en una proporción de 3 a 1 a la población saharaui en los territorios ocupados y, por otro, la infraestructura invertida por Marruecos en el desarrollo del territorio ocupado ha permitido su posicionamiento comercial en la región y a nivel internacional.

Cuarto, los intereses comerciales que existen alrededor del territorio ocupado, específicamente en relación a la pesca, la explotación de fosfato y la exploración de petróleo, dificultan aún más que los países inviertan su capital político en defender la causa saharaui.

Finalmente, el cubrimiento mediático del conflicto es tan escaso en los últimos años, que son pocos los grupos sociales que puedan hacer lobby para que sus países modifiquen su política exterior en referencia al accionar de Marruecos.

Curiosamente, una de las razones que explica el bajo cubrimiento mediático de la ocupación es precisamente el alto al fuego que tuvo el conflicto en 1991. A partir de ese momento, los muertos y las acciones armadas se redujeron de manera considerable y la atracción que sentía la comunidad internacional se desplazó hacia conflictos más sensacionalistas.

La nueva iniciativa de negociación, que reabrió la discusión sobre el estatus jurídico del territorio, puede ser la plataforma para que la opinión pública retome interés por un conflicto se encuentra congelado en el tiempo y que incluye dos actores con una disparidad de poder bastante considerable. De lo contrario, dejar que el Sahara Occidental pase al olvido puede volverse un referente del fracaso del derecho internacional y de la deslegitimación de un sistema que se ha construido para salvaguardar la paz y la estabilidad.

Fuente imagen: www.derechoenaccion.cide.ed

* Las opiniones expresadas en este espacio de deliberación, pertenecen a los columnistas y no reflejan la opinión ni el pensamiento de la organización Consorcio Ciudadano.

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